Exhumarán cadáveres por los crímenes en Uruguay

MONTEVIDEO.– "Sí… Me creí Dios." Uno de los dos enfermeros que asesinaban a pacientes en un hospital público y en un sanatorio privado de Uruguay le respondió así a su abogada defensora y amiga cuando ésta le preguntó por qué lo había hecho y si acaso se creía Dios para disponer de la vida de los demás .

Uruguay sigue conmovido por el inédito caso de los dos profesionales de la salud que inyectaban morfina o aire en la sangre para dar muerte a pacientes que estaban internados con diversos niveles de gravedad. Algunos eran enfermos terminales, pero otros ya tenían el alta y estaban listos para irse a sus casas.

Sobre la base de fotos de pacientes muertos en esos centros, los dos enfermeros admitieron durante el fin de semana que algunos de ellos habían sido sus presas. Llegaron a la cuenta de 16 casos, aunque ellos mismos dijeron que era un práctica desarrollada hace muchos años y con cierta regularidad.

Pero su declaración fue cambiando de los interrogatorios policiales a la sede judicial y hay mucha confusión sobre el alcance de los crímenes. Los investigadores están convencidos de que están frente a una cadena de asesinatos extensa, pero reconocen que no será sencilla la revisión de expedientes de difuntos y que posiblemente no se llegue a determinar el total de muertes por decisiones de estos enfermeros. Para acelerar la investigación, la justicia uruguaya ordenó la exhumación de cerca de 20 cadáveres de pacientes del Hospital Maciel (estatal) y de la Asociación Española de Socorros Mutuos (privada), a la espera de que las autopsias arrojen más pistas sobre los crímenes cometidos por los dos enfermeros. Y en los archivos de los dos centros comienzan a abrirse fichas de pacientes fallecidos de un listado que abarca unos 250 casos en total.

La explicación de los crímenes fue cambiando y se focalizó en respuestas vinculadas con "piedad" y con evitar el sufrimiento de los pacientes. Pero originalmente cada enfermero por separado hizo mención a la exigencia del tratamiento que demandaba cada paciente asesinado.

Marcelo Pereira, de 40 años, trabajaba en los dos centros y fue el autor del último crimen, el que permitió a la policía detener a los dos enfermeros (ver aparte). Su colega Ariel Acevedo, de 46 años, se desempeñaba en la Asociación Española, una de las más grandes del sistema de salud uruguayo, ubicada cerca del central Parque Batlle, en Montevideo.

Los dos se conocían por compartir guardias en la Española y hay elementos que los vinculan en los asesinatos, aunque el propio juez de la causa, Rolando Vomero, dijo que no se encontraron lazos en los crímenes de los dos enfermeros.

Andrea Acosta es la enfermera procesada con prisión por encubrir los crímenes de sus amigos y colegas.

Mientras tanto, las autoridades comenzaron a recibir denuncias de familiares de otras presuntas víctimas que murieron en esos centros de salud y que se les había diagnosticado muerte natural.

"Ya están llegando más denuncias, se irán trabajando concretamente de a una", dijo el comisario Angel Rosas, a cargo de la investigación.

"Esto genera mucha conmoción pública y personas que tuvieron dudas sobre la muerte de alguno de sus familiares en estos centros de salud se inquietan y se acercan a la policía", añadió Rosas.

El gobierno dispuso una amplia investigación en los dos centros de salud, así como un operativo de información a familiares de víctimas y un equipo de asistencia psicológica. La policía se encargará de visitar a las familias en sus domicilios para contarles y explicarles que su pariente fue asesinado y que no murió por causas naturales como les habían informado en su momento.

El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, informó ayer a representantes de gremios de funcionarios de la salud y a organizaciones de defensa de los derechos de usuarios del sistema.

Bimba Barreda, directiva de la Asociación de Usuarios de Salud, dijo a LA NACION que pidió al ministro que la investigación sea amplia y que abarque el mayor período posible, porque ellos habían denunciado hace tiempo casos de familiares sorprendidos por la muerte de un paciente y que no tenía respuesta ni información clara.

"Se enojaron porque pido responsabilidad de los médicos que firmaron los certificados de defunción. Dicen que con eso yo incendio la pradera, pero le dije al ministro que la pradera está incendiada hace tiempo", dijo la dirigente de esa organización.

Por su parte, el presidente del movimiento de usuarios Salud Para Todos, Rubén Bouvier, dijo al canal 10 de la televisión local que la responsabilidad debe llegar a las máximas autoridades.

"Se tuvo que llegar a esta situación, que desde nuestro punto de vista era evitable, porque acá hubo desidia, falta de control, y eso trae como consecuencia impunidad", dijo Bouvier. Luego de conversar con el juez de la causa, dijo que es posible que el número de pacientes asesinados sea "muy superior al que reconocieron los enfermeros".

El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Martín Rebella, dijo que los profesionales firman el certificado de defunción cuando no hay elementos extraños o alguna denuncia y deslindó responsabilidad de los médicos en esta espeluznante historia. Además, salió al cruce de comentarios en medios sobre prácticas que pueden ser considerados eutanasia o algo similares. "El objetivo del tratamiento en los pacientes terminales, que está protocolizado, es el de aliviar el sufrimiento, pero de ninguna manera acelerar el proceso natural que va a llevar a la muerte del enfermo", afirmó Rebella.

Pero los pacientes asesinados no eran terminales en general, según la investigación policial.

Por otra parte, los responsables del hospital de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Uruguay pidieron ayer a la justicia que llegue "a sus últimas consecuencias" en la investigación de los crímenes cometidos por uno de sus enfermeros y rechazaron que se produjeran errores en los mecanismos de control.

En un comunicado, la Asociación Española, una de las más prestigiosas mutualistas médicas uruguayas, fundada en 1853 por emigrantes españoles, manifestó su repudio por los asesinatos y expresó su "dolor y solidaridad" con los familiares de las víctimas.

Dos establecimientos en la mira

ASOCIACION ESPAÑOLA: es una de las dos instituciones prestadoras de servicios de salud privadas más antiguas y con mayor número de clientes de Uruguay.

RECLAMO: un grupo de usuarios del servicio solicitó ayer una reunión "grave y urgente" con los directivos por las "falencias inadmisibles en la gestión".

SILENCIO: según medios uruguayos, a los empleados se les recomendó no hablar del caso; el hermetismo es ley.

HOSPITAL MACIEL: forma parte de la red asistencial pública ASSE, que administra los hospitales estatales de Montevideo y del interior.

ALCANCE Y LIMITES: además de brindar asistencia a los usuarios, allí se dictan cursos y se forma residentes, pero tiene importantes deficiencias de infraestructura básica.

DESAMPARO: ha sufrido importantes fallas en seguridad, como la repetida fuga de presos en tratamiento.