Fuertes reproches de todo el arco político chileno a Alberto Fernández por sus críticas a la justicia

SANTIAGO, Chile.– El gobierno chileno reaccionó con dureza tras la divulgación de una carta del Grupo Puebla y que fue suscrita por el presidente argentino, Alberto Fernández. En la declaración del grupo de políticos de la izquierda latinoamericana y que también fue firmada el ministro de Defensa, Jorge Taiana, se criticó la actuación del Poder Judicial chileno y se planteó un decidido apoyo a Marco Enríquez-Ominami —íntimo amigo de Fernández y fundador del foro progresista—, en el proceso judicial del caso SQM que se lleva en su contra y que investiga el financiamiento ilegal de la política desde 2015.

La respuesta chilena vino de la mano del ministro de Justicia, Luis Cordero, y de la canciller Antonia Urrejola, que a primera hora expresaron su rechazo por el tenor de la misiva en la que se culpa directamente a fiscales de la dilatación del juicio y por la injerencia en los asuntos internos que implicaría los cuestionamientos hacia los tribunales chilenos, que a principios de mes aplazaron el juicio oral en el que Enríquez-Ominami está imputado por delitos tributarios y podría recibir una condena de hasta cuatro años de cárcel.

“Una justicia dilatada es una justicia denegada”, dice la carta que además de Alberto Fernández, llevó la firma de nombres de los exjefes de Estado de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Ecuador, Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales; de Colombia, Ernesto Samper y de Panamá, Martín Torrijos.

“Lo primero que hice fue conversar con el embajador [Rafae]) Bielsa sobre este tema y también hablar con el ministro de Justicia [Luis Cordero], nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes”, sostuvo Urrejola, mientras Cordero aseguró que el texto firmado por Alberto Fernández desconocía “cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno”.

“Es relevante destacar que el gobierno no solo es respetuoso de la independencia judicial sino que la promueve, y además protege la autonomía del Ministerio Público”, enfatizó Cordero, que también fue consultado específicamente por la firma de Alberto Fernández

“[Quienes] han investido autoridad pública tienen perfectamente claro la importancia de la independencia del poder judicial y la autonomía de los poderes públicos”, añadió Luis Cordero en entrevista con Tele 13 Radio. “La leería como apoyo político a ME-O, pero desde lo institucional su contenido es improcedente”, añadió el funcionario de gobierno.

La ministra de Relaciones Exteriores, en tanto, intentó aislar el episodio de las relaciones entre Chile y Argentina, pese que en las últimas semanas también protagonizó una comentada polémica después de la filtración de un audio de la cancillería chilena en el que se criticaba duramente a Rafael Bielsa por los dichos sobre un proyecto minero el gobierno de Gabriel Boric rechazó.

“Me parece que estas son situaciones que son puntuales, sin desconocer que nos parece que son absolutamente improcedente las declaraciones que están en esa carta, pero eso no afecta a la relación bilateral con Argentina que es una relación que está muy robusta y tenemos un conjunto de distintos temas que vamos a seguir trabajando”, expresó Urrejola.

Cuestionamientos

En la carta en cuestión, presentada con el título “30 líderes iberoamericanos de 14 países, y 15 destacados juristas y abogados de 6 países, solidarizan con Marco Enríquez-Ominami”, el Grupo de Puebla afirmó que desde 2015 el político de izquierda chileno viene siendo acusado “por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera” y que “con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio”.

“La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”, apuntó la declaración en relación al denominado caso SQM, que investiga los pagos irregulares a políticos de diversos sectores por parte de la minera controlada por el exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

“Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”, señaló la misiva, en medio de la reapertura del proceso judicial.

Respuestas

Las reacciones en Chile ante el nuevo gesto de Alberto Fernández surgieron rápidamente y fue el senador Iván Moreira, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, quien apuntó directamente al presidente argentino. “Lo más grave aquí no es la declaración del Grupo de Puebla, aquí lo más grave es la intervención política que hace el Presidente Fernández de Argentina”, señaló a LA NACIÓN el representante del conglomerado derechista Unión Demócrata Independiente (UDI).

“No podemos aceptar es que un presidente se involucre con asuntos internos del país, sobre todo de la autonomía del Ministerio Público y de los tribunales de Justicia”, afirmó el parlamentario.

El diputado socialista y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tomás de Rementería, también fue crítico con el mandatario argentino. “Me parece que es poco prudente de que un presidente de cualquier país opine sobre la justicia chilena”, señaló. “No es primera vez que el presidente de Argentina opina o cuestiona procesos judiciales, sobre todo cuando no son afines con sus intereses”, expresó Sofía Cid, subjefa de bancada de diputados del conservador Renovación Nacional (RN). “No se puede esperar otra cosa de un presidente que ha avalado la corrupción en su país”, fustigó el diputado UDI, Juan Fuenzalida.

El propio Ministerio Público chileno también rechazó las críticas . “Consideramos improcedentes las expresiones vertidas en la declaración citada y queremos reafirmar el carácter profesional y objetivo con el cual actúan los y las fiscales que ejercen la persecución penal en nuestro país”.