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La crisis “sin precedentes” del pueblo chileno que tiene más migrantes que habitantes
El detonante de la crisis que afecta a la localidad de Colchane fue la llegada repentina de cientos de migrantes
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En pleno altiplano chileno, a escasos kilómetros de la frontera con Bolivia, se encuentra una pequeña comuna de unas 1700 personas, cuya población se ha duplicado en los últimos años.
Pero el súbito crecimiento poblacional no se debe a una explosión de natalidad, sino a una crisis migratoria sin precedentes en una zona conocida como “la gran tierra de los Aymaras”.
El detonante de la crisis que afecta a la localidad de Colchane fue la llegada repentina de cientos de migrantes el 1 de febrero, y la misma fue agudizada por la muerte de dos migrantes -un venezolano y una colombiana- en la madrugada del miércoles.
Se baraja que ambos murieron como consecuencia de las bajas temperaturas de la zona.
La frontera que divide a Colchane de Pisiga, en Bolivia, es una zona que se encuentra a más de 3600 de altitud y donde no es raro que los termómetros caigan a cero en esta época del año.
Pero ni las temperaturas extremas ni mucho menos la pandemia de Covid-19 han detenido el flujo de migrantes, que en su mayoría proviene de Venezuela.
“Estamos viviendo una de las peores crisis humanitarias. Nos encontramos hoy día con 1.800 inmigrantes. La mayor concentración se encuentra en la localidad capital de Conchane, donde habitan 300 personas”, dice a BBC Mundo el alcalde de la comuna, Javier García.
“Por tanto, se ha producido un colapso sin precedentes en el poblado. Esta ola incluye 235 niños, que están ocupando todos los espacios públicos”, prosigue. El censo de 2017 arrojó que 1¿728 personas vivían en la comuna ese año.
El alcalde señala que su municipalidad no cuenta con la infraestructura para acoger a tal cantidad de personas.
“La comuna no tiene electrificación las 24 horas del día. No contamos con supermercados ni con red de alcantarillado. Contamos con un consultorio que diariamente atiende a 30 personas y solamente ayer atendió a 260 pacientes, lo cual pone en evidencia la sobrepoblación y la sobrecarga laboral de los funcionarios aquí”.
Para David Vargas, un sacerdote familiarizado con el tema migratorio en el norte de Chile, la situación ha cambiado “muchísimo” y en los últimos días “ha dejado de ser normal”.
“Estamos ante una alerta humanitaria. Esto ya sobrepasó cualquier límite. La cantidad de venezolanos, bolivianos y hasta peruanos que ingresan por pasos no habilitados es enorme”, le dice a BBC Mundo desde Calama, en la región vecina de Antofagasta.
“La situación en sus países es tan compleja que prefieren pasar por más situaciones inhumanas para llegar a Chile y así tratar de mejorar su calidad de vida”, prosigue.
A mediados de enero, el presidente chileno, Sebastián Piñera, firmó un decreto que autoriza al ejército a intervenir en el control migratorio en la frontera norte de Chile, y el mismo fue publicado en el Diario Oficial a finales de esta semana.
Y el jueves, además de anunciar la elaboración de un plan para mitigar la situación en Colchane y la inmediata duplicación del personal de Carabineros y del ejército en la zona, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, recordó que el decreto también les da a las autoridades “herramientas en materia de expulsión inmediata”.
“Hoy cruzar la frontera no está tipificado como delito, pero con la nueva ley sí está tipificado como delito”, explicó.
Delgado viajará a Colchane la próxima semana con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, para estudiar la situación y anunciar nuevas medidas.
Vargas, sin embargo, critica las decisiones anunciadas y asegura que es injusto que en “una crisis humanitaria de tal magnitud” las autoridades quieran condenar y perseguir a personas que vienen huyendo de la miseria en lugar de “verlo por el lado humanitario”.
El sacerdote también denuncia que la decisión ha contribuido a que se generen maltratos y actos de xenofobia.
“Ahorita estoy viendo mucha xenofobia en contra de los migrantes que están llegando. El ataque hacia los migrantes es alarmante. Yo mismo he tratado de ayudar a los venezolanos y me han agredido, pero al final ya estoy acostumbrado a esto”, dice.
“Esta gente ahora necesita la solidaridad de todos nosotros”.
Según Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, lo vivido las últimas semanas en Colchane y otros puntos del norte de Chile no es nuevo.
“Ahora se ha agravado el fenómeno del ingreso por paso no habilitado, pero esto viene dándose desde 2018. Coincide con la agudización de problemas sociopolíticos en los países vecinos y hoy con la crisis sanitaria producto del covid-19”, explica en entrevista con BBC Mundo.
Ureta destaca que los migrantes que han llegado en los últimos años poseen perfiles bastante diversos en cuanto a formación y origen socioeconómico.
“Lo que los unifica es la urgencia de encontrar un mejor nivel de vida y seguridad”, añade.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en el 2019 los principales colectivos de extranjeros residentes en Chile provenían de Venezuela (30,5%), Perú (15,8%), Haití (12,5%), Colombia (10,8%) y Bolivia (8,0%).
Por otra parte, registros del Servicio Jesuita a Migrantes apuntan que la mayoría de los ingresados por pasos no habilitados tras el cierre de la frontera entre Bolivia y Chile debido a la pandemia son venezolanos (72%).
La mayoría de los recién llegados acampa en plazas o vive a la intemperie y el alcalde Javier García indica que una de sus grandes preocupaciones es precisamente el avance del coronavirus.
“Estamos frente a un posible y eventual foco de infecciones, ya que los inmigrantes están aglomerados en masa, sin las condiciones mínimas. También con las bajas temperaturas es más posible que se propaguen enfermedades respiratorias, lo cual pone en peligro la salud de los pobladores”, precisa.
El secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, asegura que el coronavirus es precisamente “la excusa que utiliza el gobierno” para no dejar pasar a los migrantes.
“Ellos quisieran avanzar hacia el centro o hacia el sur de Chile pero están contenidos ahí por las autoridades chilenas con el pretexto del covid y luego con la excusa de que no los pueden llevar a otros lugares. Eso por supuesto ha generado conflictos en la zona con los locales”, dice en conversación telefónica con BBC Mundo.
Noriega alega que si bien todos los Estados son soberanos y están en su derecho de establecer restricciones este tema debería ser manejado de manera diferente.
“Estamos hablando de niños que quieren reunirse con sus familias, de mujeres desamparadas. El Estado tiene que desmilitarizar la frontera. Ellos mismos se dan cuenta de que han retenido probablemente con medios bélicos a grupos de migrantes y que la situación no es acorde con el derecho interno chileno”.
El alcalde de Colchane le pide a las autoridades centrales que trasladen de manera urgente a los 1.800 migrantes que se encuentran varados a ciudades con mejores condiciones y que inicien “de inmediato” un diálogo a través de las cancillerías con países vecinos como Bolivia, Perú y Ecuador para controlar el fenómeno migratorio.
Por su parte, Waleska Ureta, del Servicio Jesuita a Migrantes, explica que el tráfico de personas migrantes debe enfrentarse no solo a través de medidas migratorias, sino que la respuesta, ante todo, debe ser humanitaria.
“Chile y América Latina hoy enfrentan una verdadera crisis humanitaria derivada de la migración forzada de miles de personas, sobre todo venezolanos, que son las víctimas de verdaderas bandas dedicadas al tráfico, en un drama que debe enfrentarse a nivel continental”, afirma.
“Igualmente es fundamental privilegiar la reunificación familiar de las personas migrantes; aumentar multas y castigos a las bandas de ‘coyotes’ que coordinan redes de tráfico y sensibilizar e informar a la ciudadanía respecto a la situación que las personas migrantes están viviendo”, concluye.
BBC MUNDO
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