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La dictadura Daniel Ortega clausuró la principal cámara empresarial de Nicaragua
La medida priva de personería prácticamente a todas las asociaciones empresariales del país, entre ellas exportadores de café, productores agropecuarios, la industria textil y confección
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LA NACION
MANAGUA.- El gobierno de Nicaragua declaró el lunes ilegal al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y a las 19 cámaras que lo integran alegando incumplimiento en la actualización de sus permisos para trabajar.
Aduciendo incumplimientos de la ley y falta de transparencia, la decisión del Ministerio de Gobernación (Interior) priva de personería prácticamente a todas las asociaciones empresariales del país y se suma a otras medidas del gobierno del socialista Daniel Ortega que le han valido aislamiento internacional.
La clausura de la principal patronal del país, cuyos máximos directivos fueron encarcelados en 2021 y deportados este febrero, se oficializó mediante una publicación en el diario La Gaceta en la que se indicó que el Consejo no presentó la “convalidación de sus registros”.
Según la resolución, el COSEP y las restantes asociaciones “no completaron el proceso de convalidación de registro, presentando inconsistencias en la información” de estados financieros, sin detalle de ingresos y gastos o sin soporte para los mismos.
”Con estas acciones estos organismos no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos; así mismo no han reportado estados financieros en el periodo fiscal 2022″, sostiene la resolución dictada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, el 3 de marzo.
El argumento es el mismo utilizado por el Ministerio de Gobernación para proceder al cierre de unas 3300 organizaciones no gubernamentales desde la rebelión social de 2018 y que en su mayoría fueron clausuradas el año pasado.
Entre los gremios cancelados se encuentran las asociaciones de exportadores de café, de productores agropecuarios, de la industria textil y confección, así como las cámaras de urbanizadores, de la construcción, de pesca, de microfinanzas, de comercio y servicios, de industrias y de turismo.
La medida fue interpretada por algunos empresarios como “un nuevo golpe” al sector privado. Lucy Valenti, expresidenta de la otrora pujante Cámara Nacional de Turismo (Canatur), adscrita al Consejo, dijo que es “parte del proceso de talibanización de la dictadura”.
“Se sienten acorralados y su respuesta es arrasar. Canatur ha hecho historia en el turismo del país y no podrá borrar eso. Seguiremos!”, publicó en su cuenta de Twitter Valenti, exiliada de Nicaragua desde hace unos dos años.
Valenti agregó que “estas son medidas de venganza” del gobierno contra el Consejo, que ya había sido cerrado durante la primera administración de Ortega en la década de 1980. Opinó que a raíz de esto la actividad económica “se verá obstaculizada” porque “el sector privado no tendrá más interlocución” con el gobierno.
Se trata de un “pésimo mensaje” para la inversión extranjera y “perjudica enormemente la imagen del país”, consideró Valenti, por lo que pidió a las organizaciones empresariales de América Latina que “no reconozcan” a otra patronal que busque erigirse como representante del sector privado nicaragüense.
En 2021, Ortega envió a la cárcel a siete directivos del Consejo, entre ellos el expresidente José Adán Aguerri, el entonces presidente de la patronal Michael Helay y el vicepresidente Álvaro Vargas. Los siete fueron excarcelados y deportados a Estados Unidos junto a otros 215 opositores el pasado 9 de febrero.
El Consejo, actualmente bajo la dirección del empresario César Zamora, a quien se identifica como cercano a Ortega, publicó un mensaje de agradecimiento al gobierno tras la liberación y deportación de los prisioneros, a quienes además se los despojó de su nacionalidad nicaragüense.
La actual directiva del Consejo no se ha pronunciado la anulación de su personalidad jurídica.
Nicaragua vive una gran crisis desde 2018 cuando la represión gubernamental de una revuelta social dejó al menos 355 muertos, más de 2000 heridos y unos 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos. Fue entonces cuando el COSEP, que acompañó la gestión de Ortega desde que volvió al poder en 2007, se distanció del mandatario.
Agencias AP y AFP
