Las víctimas de abusos reclaman al Papa información sobre casos argentinos

ROMA.- Al día siguiente de la histórica cumbre convocada en el Vaticano para enfrentar el escándalo de abusos, dos importantes grupos de víctimas -End Clergy Abuse y Bishop Accountability- reclamaron al Papa que "sea transparente acerca de su propia complicidad" y le entregue a las autoridades civiles de la Argentina todos los documentos públicos relativos a los casos de Julio Grassi -condenado por abusar a niños-, el padre Nicola Corradi, abusador de niños sordos en Italia y la Argentina; el obispo Gustavo Zanchetta, "acusado de abusar seminaristas y de poseer imágenes pornográficas de niños".

El reclamo fue parte de una lista de "21 puntos de Acción para el papa Francisco" que presentaron hoy las víctimas a la prensa, jugando con los "21 puntos de reflexión" que el Papa le había entregado el jueves pasado, al comienzo de una histórica cumbre para tratar la protección de menores, a los 190 altos prelados de todo el mundo que asistieron.

"En la última rueda de prensa presentamos un plan global de acción, con medidas concretas y específicas que promueven transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad. Este plan de acción es el que debería haber presentado el papa Francisco ayer, durante su discurso, en vez de hablar de generalidades e incluye medidas de sentido común", dijo el sobreviviente español Miguel Hurtado, vocero de ECA.

Los "21 puntos de acción para el papa Francisco" fueron divididos en tres rubros -rendición de cuentas, responsabilidad, transparencia-, los temas que fueron tratados durante el encuentro en el Vaticano. Fue en el punto 20, dentro de la transparencia, que se reclamó al Papa información sobre tres casos argentinos.

Mencionaron el de Zanchetta, que se encuentra bajo investigación preliminar, como admitió el Vaticano a principios de enero, prelado que fue obispo de Orán de 2013 a mediados de 2017, cuando renunció por supuestos motivos de salud y fue nombrado por Francisco en diciembre del mismo año consultor del Apsa, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Zanchetta, que fue suspendido de ese cargo, enfrenta una causa penal por abuso sexual a raíz de una denuncia judicial que se radicó hace unas semanas en Salta, después de que el caso se hiciera público. Representa un dolor de cabeza para el Papa porque hay quienes lo acusan que trajo a Roma a este sacerdote -de quien fue director espiritual- para protegerlo, algo que el Vaticano desmintió dos veces, alegando que las denuncias de abusos contra Zanchetta salieron a la luz después del nombramiento pontificio.

Al margen de reclamarle al Papa transparencia por este caso, las víctimas también pidieron "transparencia" en el marco del famoso caso del padre Julio Grassi, fundador de la Fundación Felices los Niños, condenado por la justicia argentina a 15 años de cárcel por abuso infantil y corrupción; y por el caso de Nicola Corradi, sacerdote italiano de 82 años, acusado de abusos primero en el Instituto Provolo para sordomudos de Verona, Italia y luego de Luján de Cuyo, Argentina, donde fue trasladado. Corradi se encuentra hoy con prisión domiciliaria por problemas de salud.

Más allá de estos casos que se relacionan con la madre patria del Papa, en los demás 20 puntos volvieron a insistir en que el Vaticano haga "inmediatamente" leyes universales canónicas que impliquen "tolerancia cero" para sacerdotes u obispos abusadores y encubridores.

"Tolerancia cero significa que un sacerdote que abusa de un niño una vez, es expulsado inmediatamente del sacerdocio, no como dijo el papa Francisco, que se decidirá caso por caso", aseguró Hurtado.

También reclamaron al Papa que "prohíba la destrucción de documentos relacionados con abusos y que inmediatamente entregue estos documentos a la justicia civil". El sábado pasado el cardenal alemán, Reinhard Marx, admitió que un estudio realizado en diócesis de Alemania sobre el escándalo de abusos sexuales de menores en el clero concluyó que en muchos casos se había "manipulado y destruido documentación". "No excluyo que esto haya pasado en otras partes", admitió a la prensa Marx, que consideró crucial que el currículum de un sacerdote que es trasladado de una diócesis a otra, no se encuentre alterado.

Los sobrevivientes pidieron, además, la creación de una ley canónica que castigue los abusos a "adultos vulnerables", seminaristas y monjas "sexualmente abusadas por el clero"; y que el Papa retire el Motu Propio "Como una madre amorosa" de 2016, que implicó la posibilidad de que obispos sean castigados por malos manejos de abusos y encubrimiento, por considerarlo demasiado suave.

Entre los varios puntos, reclamaron, además, que se levante la inmunidad con la que cuentan funcionarios de la Santa Sede que trabajan en el exterior, como los nuncios y su personal diplomático. Exigieron que los sacerdotes y el personal eclesiástico notifique a las autoridades civiles todo lo que sabe sobre acusaciones, aunque no probadas, de abusos sexuales a menores; la publicación de un registro global, acompañado de archivos, de todos los sacerdotes y religiosos que abusaron de niños y encubrieron; y el levantamiento del secreto pontificio en lo que concierne a abusos. "Como dijo el arzobispo Charles Scicluna ayer, el secreto es contraproducente", destacaron.

Mientras tanto, tal como se había adelantado, el vocero interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, confirmó que esta mañana "como un primer efecto concreto" de la cumbre, hubo una primera reunión de seguimiento de la misma. Participaron algunos superiores de la Secretaría de Estado y jefes de dicasterios involucrados en el tema de la protección de menores, el comité organizador y el moderador del encuentro, el padre Federico Lombardi, ex vocero pontificio.

"Ante todo en forma unánime se destacó lo necesario que fue el encuentro, fuertemente querido por el papa Francisco y que este evento ahora debe continuar con medidas concretas como pide con fuerza el pueblo de Dios", dijo Gisotti.

Más allá de la decepción de los sobrevivientes, en la primera reunión de "follow up" volvió a ponerse el acento "en la necesidad de escuchar a las víctimas como punto de partida" en la lucha contra los abusos.

Por Elisabetta Piqué

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