Meloni limita a los alumnos que no hablan italiano y prohíbe el burka y el niqab en las aulas

ROMA.– Tal como había anunciado Giorgia Meloni el domingo pasado con bombos y platillos, su gobierno aprobó este jueves en un consejo de ministros un polémico decreto sobre la escuela de tinte soberanista.

Para evitar que los niños italianos se sientan “arrinconados y en minoría”, como explicó el domingo en un encuentro con jóvenes de su partido, de ahora en más en las aulas habrá un techo del 30% para los alumnos extranjeros que no sepan italiano y se prohibirá el uso del burka y el niqab, el velo islámico que cubre parcial o totalmente la cara de muchas mujeres musulmanas.

Los padres de quienes violen esa prohibición deberán pagar una multa de hasta 1000 euros. La misma sanción se contempla para los padres de niños extranjeros que se nieguen a tomar cursos gratuitos de italiano.

“Son instrumentos de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar en serio, evitando aulas-gueto y dando a los estudiantes las mismas oportunidades”, celebró en sus redes sociales Meloni.

“Es esta la dirección que queremos seguir: una escuela que integra sin renunciar a las reglas, que sostiene a quien tiene más dificultades y que pone a todos en condiciones de partir desde el mismo punto”, sumó la premier, que en los últimos días fue duramente atacada por la oposición, que la acusó de estar haciendo propaganda electoral en vista de las elecciones del año que viene.

En este marco, la primera ministra intenta seducir a esos electores desencantados con ella que, según sondeos, la están traicionando con Futuro Nacional, el partido de ultraderecha del exgeneral, Roberto Vannacci, estrella en ascenso.

En este marco y determinada a darle luz verde a esta nueva mini-reforma escolar “soberanista”, Meloni en los últimos días hasta se cruzó con el presidente del país, Sergio Mattarella. Algo inusual en un régimen parlamentario como el italiano, donde la máxima institución suele ser intocable.

Al inaugurar el lunes pasado una escuela, Mattarella había hecho un llamado a “una escuela abierta a todos” y a evitar las “aulas gueto”. Dos días más tarde, en un popular programa de televisión, Meloni sacó a relucir que cuando Mattarella fue ministro de Educación, allá lejos, en 1990, había aprobado una circular sobre el número de extranjeros en las aulas.

Pero en ese momento en las aulas italianas había unos 15.000 estudiantes extranjeros, mientras que ahora son unos 900.000, el 12% del total, destacaron todos los analistas.

En medio de la tensión con Mattarella y tras negociaciones con técnicos de la presidencia, preocupados por que se resguardara el derecho al estudio garantizado por el artículo 34 de la Constitución, el gobierno de Meloni debió retocar su decreto sobre la escuela. Si el domingo pasado se hablaba de un techo del 30% a los alumnos extranjeros en cada aula, esto fue modificado: ahora el techo del 30% es a los alumnos que no hablan bien italiano, que es algo distinto ya que hay muchos niños nacidos en Italia, pero extranjeros porque no rige el ius solis.

El decreto tampoco incluye en el techo del 30% a los niños no nacidos en Italia que asistieron a dos años de jardín escolar italiano. Es decir, tal como explicó el ministro de Instrucción, Giuseppe Valditara, la selección del 30% se hará no en base a la nacionalidad o ciudadanía del alumno, sino en base a su nivel de italiano. Y sólo en los primeros grados de primaria y secundaria. Son 34.000 las aulas con al menos un 30% de alumnos extranjeros, graficó el ministro. La mayoría se encuentran en regiones del norte, como Lombardía, Emilia Romagna y Véneto y en grandes ciudades.

“Nuestro objetivo es poner la lengua italiana en el centro, como una herramienta clave para la integración; conocer el italiano significa tener la oportunidad de triunfar en la escuela y, en consecuencia, integrarse verdaderamente”, dijo Valditara en una conferencia de prensa.

Al explicar la novedad de los cursos de italiano obligatorios para los padres de chicos extranjeros, el ministro, que es miembro de la Liga, destacó que “todos los estudios internacionales indican que la implicación de los padres en la trayectoria educativa de sus hijos es crucial para el éxito académico”.

“Hemos decidido que, en casos de dificultades graves de integración escolar, debemos incentivar a los padres a aprender el idioma. Los centros educativos tienen la obligación de notificarlo a los servicios sociales, que organizarán un curso gratuito de italiano para los padres”, detalló. “El incumplimiento de la realización del curso conllevará sanciones de entre 200 y 1000 euros”, añadió.

Esa misma multa deberán pagar los padres de quienes violen otro punto del decreto que introduce la prohibición de cubrirse el rostro. “No se permitirá entrar al aula llevando niqab o burka y ni siquiera casco o barbijo, salvo que sea por motivos de salud”, indicó Valditara.

El gobierno, que hubiera querido que se aplicara el decreto en forma inmediata, bajo presión de la presidencia, también debió poner un freno en este sentido. Las novedades comenzarán a aplicarse a partir del próximo año escolar.

Como ya había ocurrido el domingo pasado, la oposición de centroizquierda reaccionó al decreto-escuela indignada. Elly Schlein, líder del Partido Democrático, lo definió “vergonzoso” y hasta habló de una “caza de brujas”.

“El gobierno de Meloni vive en otro planeta en comparación con la realidad del país. En este momento, las familias italianas están preocupadas por el estado de los edificios escolares –con 68 derrumbes y 80.000 accidentes tan solo en el último año– y por los más de 500 euros que deben gastar en libros de texto, todo ello mientras los salarios de los docentes italianos siguen siendo de los más bajos de Europa”, dijo.

“Pero la respuesta del gobierno es expulsar a los niños extranjeros de las aulas. ¿A quién pretenden engañar? Tras cuatro años de recortes y sin inversiones serias en infraestructura escolar, están inventando una nueva caza de brujas a costa de los más pequeños, señalándolos como blanco de ataques. Es un decreto vergonzoso que intenta ocultar, tras una nueva bandera ideológica, la incapacidad del gobierno para abordar los problemas concretos que enfrentan las escuelas públicas”, denunció, al recordar que “la escuela está abierta a todos, tal como establece nuestra Constitución”.

Por Elisabetta Piqué

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• Crisis de inmigrantes
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