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Mientras Elon Musk reforma el Estado norteamericano, algunos se preguntan dónde quedaron las salvaguardas institucionales
La Casa Blanca aprovecha las normativas que son difíciles de aplicar y los agujeros legales que dejan, o simplemente dice que puede invalidarlas con nuevas regulaciones
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WASHINGTON.– En menos de un mes, el flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE, por su siglas en inglés), a cargo del multimillonario Elon Musk, despidió a miles de empleados del Estado, congeló miles de millones de dólares en financiamiento, hurgó en el mundo de los datos privados y dejó a muchos norteamericanos con una sencilla pregunta en la boca: ¿cómo llegamos a esto?
La vertiginosa campaña para descuartizar la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), atarle las manos a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor y darle acceso a jóvenes ingenieros tecnológicos a sistemas informáticos muy sensibles –entre ellos, el de pagos de todo el gobierno, que maneja billones de dólares–, tiene pasmados a muchos, sean o no empleados públicos.
Los organismos del gobierno federal siempre fueron burocráticos y apegados a las normas, y responden a una estricta cadena de mando, protocolos y salvaguardas, pero eso también sirve para proteger las vitales redes de contención social y la seguridad nacional, y para impedir cambios bruscos o apresuramientos. Hasta ahora.
Tanto el presidente Donald Trump como la “comisión motosierra” dirigida por Musk buscan desafiar o esquivar algunos de los miles de estatutos que regulan el funcionamiento del Estado y que están contenidos en el Código de Regulaciones del Gobierno Federal. Los expertos en función pública dicen que la velocidad y el alcance de los cambios son un desafío sin precedentes para esas salvaguardas, muchas de las cuales no fueron pensadas para un escenario como el actual. Y aunque ya se han presentado miles de causas judiciales contra las medidas del gobierno para desmantelar grandes áreas del Estado, la respuesta de los jueces no ha sido unánime y los empleados despedidos podrían tener pocas vías legales para cuestionar la decisión de dejarlos sin trabajo.
“Es todo tan inédito que en ninguno de los estatutos hay nada previsto para una situación como esta”, dice Nick Bednar, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota y especialista en función pública. “Las barreras de protección que tenemos fueron pensadas para comportamientos moderadamente malos, pero no prevén un ataque total y sistemático contra las instituciones tradicionales del Estado”.
Son varias las razones que hicieron posible que los funcionarios de Musk y Trump hayan podido atravesar las tradicionales salvaguardas legales. Algunas, por ejemplo, tienen mecanismos de aplicación débiles o que nunca fueron puestos a prueba. Otras normas, regulaciones y estatutos son más fuertes y ya fueron muy utilizados, pero el gobierno simplemente los ignoró o declaró que la autoridad constitucional del presidente está por encima, con la esperanza de que los tribunales finalmente se pongan del lado de la Casa Blanca.
Implosión
En otros casos, las salvaguardas para frenar el acceso a datos sensibles o evitar que un nuevo gobierno elimine de un plumazo los organismos públicos eran escasas o nulas, porque los legisladores y los reguladores nunca imaginaron que el hombre más rico del mundo buscaría reformar drásticamente el gobierno federal desde adentro.
Además, dos de los principales controles y contrapesos del Poder Ejecutivo hoy también están mayormente desactivados.
El Congreso y los inspectores generales de cada agencia son los que tradicionalmente monitorean los excesos y desmanejos del gobierno.
Pero cuatro días después de asumir el cargo, Trump hizo una purga en la que despidió a 17 de los más destacados inspectores generales de control, dejando la supervisión en manos de subalternos. En cuanto al Congreso, el Partido Republicano tiene mayoría en ambas Cámaras y hasta el momento no le puso freno ni a Musk ni a Trump.
Un alto funcionario del gobierno que habló en nombre de Musk y de la Casa Blanca dijo en una entrevista: “Creemos que todo lo que estamos haciendo es legal por las facultades que confiere del artículo 2° de la Constitución”.
“Sabemos que habrá demandas, pero cada uno de nuestros actos de gobierno será refrendado por la Corte Suprema”, agregó el funcionario, y señaló que todo el trabajo del DOGE cuenta con la aprobación de los jefes de cada organismo, designados por Trump.
El gobierno argumenta que sus medidas son necesarias para erradicar el fraude y el despilfarro de una burocracia elefantiásica e inflada. La Casa Blanca afirmó por decreto que Trump tiene autoridad para despedir a funcionarios de carrera –a pesar de una ley de 1978 que le prohíbe hacerlo sin una razón legítima– y citó su “facultad para remover subordinados”, contenido en el artículo 2° de la Constitución.
Es posible que a largo plazo muchas de las barreras existentes puedan detener o ralentizar los esfuerzos de Musk por recopilar montañas de datos privados y eliminar miles de empleos estatales. Los sindicatos y los grupos alineados con los demócratas presentaron demandas judiciales para bloquear gran parte de la agenda de reformas de Trump, y los jueces federales frenaron algunas órdenes de congelamiento del gasto y limitaron el acceso del DOGE a algunos datos confidenciales del Tesoro. Hasta ahora, los fallos judiciales permitieron que el gobierno siga adelante con su masivo ofrecimiento de retiros voluntarios de la administración pública, con goce de sueldo hasta septiembre.
Batallas legales
Pero son muchas batallas legales y podrían tardar años en resolverse. Mientras tanto, la reforma total de tamaño y el alcance del Estado ya empezó, y podría ser difícil de revertir. “Se trata de un asalto masivo contra las potestades legislativas del Congreso”, dice el legislador Jamie Raskin, líder de los demócratas en el Comité Judicial de la Cámara baja, y agregó que espera que la Justicia “utilice las herramientas que están en vigor para frenar el daño antes de que sea irreparable”.
Hace un mes, cuando echó a los 17 inspectores generales, la oficina de personal de la Casa Blanca no le dio al Congreso los 30 días de preaviso que exige la ley que rige a los organismos de control federal, ni dio razones para la ola de despidos. La semana pasada, un grupo de inspectores generales presentó una demanda contra el gobierno ante la Justicia.
La Casa Blanca no argumentó que tiene autoridad para llevar a cabo los despidos, pero los expertos dicen que el gobierno seguramente confía en el precedente que marca un dictamen de la Corte de 2020, donde sugiere que el presidente puede destituir de manera sumaria a funcionarios designados por él o mandatarios anteriores, a menos que formen parte de una comisión integrada por varios miembros.
En otro caso, el gobierno aseguró que la autoridad de Trump está por encima de la ley de empleo público de 1978, que rige el funcionamiento de la actual planta laboral del Estado norteamericano. La ley brinda protección laboral a los directores de alto rango, fiscales y otros funcionarios de carrera. Pero en su abarcadora reivindicación de las facultades del Poder Ejecutivo, Trump igual despidió a muchos de ellos.
Algunos funcionarios públicos despedidos se preparan para demandar al Estado, citando las barreras que estableció el Congreso para proteger sus puestos. Los expertos, mientras tanto, siguen de cerca la situación y se preguntan si alguna de esas demandas prosperará.
Lisa Rein
Traducción de Jaime Arrambide
