Nerviosismo: la escalada de Podemos enciende las alarmas en Europa

MADRID.- Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, navega plácidamente en la ambigüedad. "En este momento se puede ser comunista para debatir, pero no para gobernar un Estado europeo", concedió ayer.

Sumergido en otra campaña electoral, es capaz de alternar incluso en la misma frase mensajes radicales con señales de moderación. Dice que no quiere romper con la Unión Europea (UE), pero cuestiona la pérdida de soberanía de los países miembros. Niega que pretenda salir del euro, pero advierte que se deben revisar las pautas de austeridad que impone el bloque. Ya no habla del impago de la deuda, sí de "renegociarla" con sus acreedores.

Más que nunca sus palabras repercuten en todo el continente. A diferencia de lo que pasó hace seis meses, Podemos llega a las elecciones del próximo 26 en pleno ascenso y con opciones de intentar la formación del próximo gobierno de España.

La inquietud por el alza de la izquierda radical en la cuarta economía de la eurozona llevó al Banco Central Europeo (BCE) a alertar en su último informe de estabilidad financiera sobre el peligro de otra sacudida en la crisis de deuda. "Los populismos interfieren en las necesarias reformas y pueden someter a nuevas presiones a los países más vulnerables", sostiene el texto. España y Francia -donde sigue en auge el derechista Frente Nacional- figuran a la cabeza del índice de riesgo político.

En Bruselas no pierden de vista el desenlace electoral español, aunque ocurrirá tres días después del crucial referéndum en que Gran Bretaña decidirá si se va de la UE.

Podemos entró fortalecido a la campaña al sellar una alianza con Izquierda Unida (IU), la federación que incluye al Partido Comunista Español. La última encuesta del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) le otorga el segundo lugar en votos (25,6%) y en bancas (88-92).

Si se cumpliera ese pronóstico, superaría por primera vez al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y quedaría a menos de cuatro puntos del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy. Un hipotético gobierno de izquierda sería posible, según esos números, si los socialistas aceptaran convalidar a Iglesias como presidente.

"Hoy parece muy improbable que el PSOE vaya a legitimar un partido a su izquierda, sobre todo a partir de la hostilidad manifiesta entre su líder, Pedro Sánchez, e Iglesias -dice José Fernández-Albertos, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Harvard-. Pero también es cierto que si se produjera el sorpasso de Podemos, la opción que le quedaría a los socialistas sería dejar gobernar a Rajoy. Es un dilema demasiado antipático."

Iglesias encara la campaña como si ya hubiera engullido al PSOE. Declara que Podemos es "la verdadera socialdemocracia". Dice que la batalla electoral es sólo entre él y Rajoy. "Te equivocas de adversario, Pedro", le dijo a Sánchez durante el debate del lunes pasado cada vez que el candidato socialista le dirigía un dardo.

La disputa por la primacía de la izquierda es la clave de las elecciones con las que España busca romper seis meses de parálisis política.

En marzo, Iglesias bloqueó el intento de Sánchez de convertirse en presidente con un programa moderado que había pactado con los liberales de Ciudadanos. Esa jugada precipitó el fracaso del Congreso elegido en diciembre y obligó a la repetición electoral. Ahora las cartas pueden darse vuelta. Rajoy se presenta como "un escudo ante los radicales", en referencia a Podemos.

"En Europa hay un temor creciente al avance de políticas rupturistas que pondrían en peligro el euro y el crecimiento del bloque", advirtió el ministro de Economía, Luis de Guindos. Su colega de Defensa, Pedro Morenés, añadió que la OTAN mira con inquietud "el avance de un populismo que ponga en duda los compromisos internacionales de España".

El responsable de los planes económicos de Ciudadanos, Luis Garicano, también agitó el fantasma de la inestabilidad europea: "Si gobierna Podemos con el programa que anunció, la opción es salir del euro".

El plan de gobierno de Podemos -presentado con el formato de un catálogo de muebles de IKEA- contempla aumentar el gasto público en 60.000 millones de euros en cuatro años, cuando la UE exige a España recortar 8000 millones al año. "La austeridad es un gran error y se debe revisar. Iremos a Bruselas a plantear una nueva pauta de déficit", sostiene Nacho Álvarez, el economista de confianza de Iglesias.

¿Y si le dicen no, como a la izquierda radical de Grecia?: "A España no lo pueden dejar caer; su peso en el bloque es otro". Prometen aumentar el salario mínimo de 650 a 900 euros, subir los impuestos a las fortunas y las operaciones financieras, garantizar una renta básica a todas las familias y revertir los recortes que dispuso Rajoy en el Estado de Bienestar.

"Es economía ficción. Ese plan sólo podría aplicarse en una economía autárquica", lo descalifica Jordi Sevilla, economista de cabecera de Sánchez. Iglesias elude la pelea. El eslogan de su campaña es "¡Sonríe!". Cuando se cuenten los votos llegará el momento de fruncir el ceño.

Investigarán los lazos con el chavismo

• Una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, investigará si el partido español Podemos, algunos de cuyos fundadores fueron asesores del fallecido presidente Hugo Chávez, fue financiado por el gobierno chavista.
• "La Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano investigará un presunto financiamiento a Podemos por más de siete millones de euros", anunció el presidente de la comisión, Freddy Guevara Cortez, en su cuenta en Facebook.
• Según los diarios españoles El País y El Mundo, los pagos se habrían realizado entre 2003 y 2011 a la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), formada por varios politólogos españoles que posteriormente participaron en la creación de Podemos.
• El anuncio de Guevara estuvo acompañado por un documento según el cual el gobierno venezolano habría pagado 7,1 millones de euros a personas vinculadas a esa formación de izquierda radical.

El costo de la falta de acuerdo en España

Aún en crisis, el país deberá afrontar un nuevo gasto político