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Nicaragua comienza la aprobación de una Constitución centralizada a la medida de Ortega y Murillo
La Asamblea Nacional puso en marcha la validación de un texto que consagrará la concentración del poder en Ortega y su mujer, la “copresidenta” Rosario Murillo
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LA NACION
MANAGUA.- La Asamblea Nacional de Nicaragua comenzó este martes el proceso de aprobación de la nueva Constitución, cuyo texto validará los ya centralizados poderes del presidente Daniel Ortega, quien ha desmantelado a la oposición y gobierna el país con puño de hierro.
El titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció el inicio del “proceso de discusión y aprobación en segunda legislatura de la reforma a la Constitución política”, que sentará por escrito la deriva autoritaria del régimen de Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El proceso de aprobación de las enmiendas previstas se irá “haciendo en forma paulatina” con el objetivo de “tener aprobada la reforma en segunda legislatura antes que finalice el mes de enero”, añadió.
Este martes se aprobará “el artículo primero y el artículo segundo de la ley de reforma, que corresponde al preámbulo y a los principios fundamentales, y así sucesivamente cada uno de los días, hasta finalizar antes del último día de enero”, precisó el legislador.
El 20 de noviembre pasado el régimen de Ortega presentó una propuesta de “reforma parcial” a la Constitución. El cambio amplía de 5 a 6 años el período presidencial, establece a Rosario Murillo como “copresidenta”, y elimina en la práctica la separación de poderes.
Todo el poder
El texto concede un poder total al Ejecutivo, ya que establece que los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que antes la Constitución reconocía como independientes.
Ortega, un exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007. Desde entonces instauró progresivamente una dictadura, cuyo pico de violencia fue la represión de las protestas de 2018 que dejó 320 muertos y cientos de detenidos.
El anuncio de la reforma constitucional desató una ola de rechazos de los nicaragüenses en el exilio y organismos internacionales, a la que se sumó Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En la reforma, Nicaragua es definida como un Estado “revolucionario y socialista”, e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, para instalar otra dictadura en nombre del proletariado.
Con respecto a la sociedad civil, la reforma establece que el Estado “vigilará” a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”.
También oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los considerados “traidores a la patria”, como hizo el gobierno con unos 450 críticos y opositores en los últimos años, quienes están exiliados en Costa Rica, Estados Unidos y España, entre otros destinos.
La Constitución reformada también crea una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, como “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad, consagrando la validez de fuerzas paramilitares en defensa del régimen. Este tipo de tropas tuvieron un papel protagónico en la brutal represión de las manifestaciones de 2018.
Durante esas protestas, hombres encapuchados y fuertemente armados, que el gobierno llamó el “pueblo”, intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes.
La iniciativa cambia la Constitución de 1987, reformada en una docena de ocasiones por los diputados afines a Ortega, incluida la que estableció la reelección presidencial indefinida.
La reforma constitucional “representa un nuevo hito en la consolidación de un modelo totalitario que atenta despiadadamente contra la democracia y los derechos fundamentales”, aseguró el excandidato presidencial Félix Maradiaga no bien se conoció el texto en noviembre.
A fines de diciembre pasado, la Justicia argentina emitió una orden de arresto internacional contra Ortega, Murillo y otros altos funcionarios nicaragüenses, acusados de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
La medida del juez Airel Lijo se justificó sobre la base del principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales argentinos juzgar hechos graves independientemente de dónde se cometieron. Fue propuesta por el abogado Darío Richarte y un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires.
Agencias ANSA y AFP
