Maduro cruzó una línea roja que EE.UU. le había puesto hace apenas dos semanas

BOGOTÁ.- La revolución bolivariana intenta aplacar con sus herramientas judiciales el fenómeno político que ya representa María Corina Machado. Su principal martillo contra la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), saltó de nuevo hoy a la palestra para dictaminar la suspensión formal de “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias (CNP)”.

La decisión judicial se tomó a instancias del recurso de amparo interpuesto por el diputado José Brito, uno de los colaboracionistas favoritos del régimen. Brito forma parte del grupo de parlamentarios financiados por el magnate colombiano Alex Saab, principal operador financiero internacional del chavismo y presunto testaferro de Nicolás Maduro, encarcelado hoy en Miami a la espera de juicio.

Uno de los principales efectos de esta embestida oficialista es que resquebraja los Acuerdos de Barbados, firmados hace dos semanas por gobierno y oposición bajo auspicio de Estados Unidos. Un vocero del Departamento de Estado anunció hoy que tomarán medidas si Maduro vuelve a incumplir los acuerdos, ya que el pacto incluye un punto que especifica que las partes deben respetar el derecho de cada actor político a seleccionar su candidato de manera libre y conforme a sus mecanismos internos.

La realización de las primarias fue una de las imposiciones de Washington para seguir adelante con la firma, lo que impidió que la revolución actuara de forma definitiva contra ellas, aunque si se repitieron durante meses capítulos de violencia contra Machado y otros candidatos, así como el hostigamiento a quienes conformaban sus equipos de campaña.

La administración de Joe Biden ha impuesto un ultimátum para finales de noviembre, cuando determinará si Maduro cumple con lo acordado. De momento, el chavismo sólo ha liberado a 6 de 273 presos políticos, además de anular las primarias y negarse a habilitar a Machado. En cambio, la flexibilización de las sanciones energéticas contra Caracas ya ha provocado los primeros efectos, como la revalorización de los bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El Supremo también ha ordenado a la CNP remitir todo el material administrativo de las 25 fases del proceso electoral, tras insistir en que Machado está inhabilitada y por lo tanto no puede participar en las elecciones presidenciales del año que viene.

La sentencia se hizo pública en el mismo momento que los principales responsables de la CNP acudían a la Fiscalía General de la República para enfrentar las acusaciones de usurpación de funciones, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Tanto su presidente, Jesús María Casal, que funge como decano de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), como el resto de organizadores abandonaron horas más tarde las instalaciones del Ministerio Público sin realizar declaraciones, al decretarse como reservado el proceso.

“Se trató de un interrogatorio bastante preciso de la forma en cómo operaba la CNP, el financiamiento, cómo estaba integrada, cómo fue la operatividad del día de las elecciones. Todo será remitido a Caracas, que es donde se lleva a cabo la investigación”, desveló el abogado defensor Alonso Medina Roa, quien asistió a uno de los miembros de la CNP en el estado de Miranda.

En la oposición se teme que el régimen bolivariano intente acceder a los cuadernos de votación y, por tanto, a la identidad de los votantes para intimidarles con una reedición de la famosa Lista Tascón, que ocupa un lugar nefasto en la Historia del país petrolero. El chavismo se hizo en 2002 con el listado de firmantes que pedían la destitución de Hugo Chávez y lo convirtió en una biblia del apartheid social y político, que se podía incluso comprar en puestos callejeros. Despidos de empresas estatales, supresión de becas y ayudas y vetos para acceder a la administración pública o conseguir créditos martirizaron durante años a los firmantes.

“Acompañamos esta decisión porque es nuestra visión, todo está en la Constitución, lo demás son inventos y propaganda”, ratificó Diosdado Cabello, número dos de la revolución, quien volvió a acusar a Machado de reclamar “sanciones” e “la invasión” del país. “Llámese como se llame, que diga que llamó a (Joe) Biden, a (George W.) Bush, a quien quiera, no va (a elecciones presidenciales)”, disparó el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La Contraloría revolucionaria inhabilitó a Machado a finales de junio, de forma ilegal e inconstitucional, al comprobar los jerarcas chavistas el apoyo que sumaba en sus recorridos por el país y su tirón en los barrios más populares.

Las declaraciones de Cabello no se alejaron en demasía de las realizadas por Brito, uno de los “triunfadores” del día: “El sector plutocrático jamás será gobierno, porque a ustedes no les importa el pueblo, ustedes (la oposición) quieren llevarnos a una confrontación y no se lo vamos a permitir”.

De esta forma, el chavismo ha puesto en marcha una estrategia tardía que ya no puede limitar la primera consecuencia de la gesta histórica del pasado 22 de octubre, cuando 2,4 millones de venezolanos acudieron a las urnas, contra viento y marea, no sólo para elegir a la dirigente conservadora como su candidata unitaria de cara a las presidenciales del año que viene con el 92,6% de los apoyos. También para legitimar su liderazgo al frente de una oposición resucitada tras un proceso autogestionado, que marca una nueva fase de resistencia contra la dictadura.

En las encuestas previas a las primarias, Machado ya aventajaba a Maduro en un 43% de los apoyos.

“Le pedimos a los demócratas del mundo poner atención a esto, ayudemos a que Maduro no se siga robando la libertad de los venezolanos. La enorme movilización social del 22-O dejó a la dictadura contras las cuerdas y por eso reacciona violentamente, desconociendo los acuerdos de Barbados”, protestó Julio Borges, líder del centrista Primero Justicia (PJ).

“Es una decisión políticamente errada para el propio gobierno. Esto no tiene ningún impacto negativo sobre el liderazgo de Machado y más bien amplifica su potencia nacional y refuerza el rechazo internacional. Adicionalmente, pone gasolina a la presión para retroceder, en parte, los acuerdos políticos alcanzados con EEUU”, resumió Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.

Además de la embestida contra las primarias, la revolución ha puesto en marcha un referéndum acerca de sus pretensiones sobre el Esequibo con el que pretende aprovecharse del sentimiento nacionalista y poner en un brete a la oposición. Se trata de un territorio en disputa histórica, rico en petróleo, administrado por la vecina Guyana. El ejército revolucionario ha movido sus tropas en dirección a la frontera, incluso ha construido una pista de aterrizaje en esa zona selvática.

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