Otro capítulo de un conflicto social y político de raíces profundas
Duramente golpeada por la crisis económica, la población indígena se enfrenta al gobierno de Guillermo Lasso
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LA NACION
Mientras los ojos estaban en Colombia, donde se definía la elección presidencial que le dio el triunfo a Gustavo Petro, solo unos kilómetros al sur, en Ecuador, crecía en silencio un conflicto que estalló abiertamente esta semana, entre manifestantes indígenas y el gobierno, dos fuerzas que ya vivieron durísimas batallas y que se enfrentan en lo que se ve como otro épico combate.
Las imágenes de las protestas indígenas y sus choques con las fuerzas de seguridad, entre fogatas, palos voladores y gases lacrimógenos, revelan una crisis que recuerda el estallido de 2019, cuando el entonces presidente, Lenín Moreno, abandonó la sede de gobierno en Quito y se refugió en Guayaquil, presintiendo un peligro en medio del caos ardiente de la capital.
Las nuevas protestas vuelven a tener como protagonista a la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), cuyo líder actual, Leónidas Iza, presentó una lista de diez exigencias que incluyen la baja del precio del combustible, controles de precios a los productos agrícolas básicos y una moratoria de créditos bancarios. Del otro lado está el presidente Guillermo Lasso, sucesor de Moreno, con los problemas de base irresueltos.
“La verdad es que la población indígena es la que en peores condiciones socioeconómicas se encuentra. Es una población pobre, marginada, prácticamente condenada a vivir en esas circunstancias”, dijo a LA NACION José Hidalgo Pallares, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes). “Y la inflación, especialmente en alimentos y fertilizantes, golpea de manera fuerte a estos sectores que dependen del campo y que tienen un presupuesto justo para cumplir sus requerimientos básicos”.
La Conaie convocó a un paro nacional que con el correr de los días incorporó sectores aliados, como transportistas, y consiguió paralizar la actividad en buena parte del país. Incluso la caudalosa industria petrolera, pieza clave de las exportaciones ecuatorianas, debió cerrar plantas y ductos.
El gobierno respondió decretando el estado de excepción, y lo renovó esta semana, cuando una caravana de manifestantes hizo su entrada a Quito. Lo que se dio desde entonces fue una mezcla de manifestaciones, represión y vandalismo, que en parte recuerda y reedita los incendiarios sucesos de 2019.
Distintas agendas
Planteada la penosa situación aborigen, Hidalgo Pallares sostiene sin embargo que no todos los manifestantes tienen la misma agenda. “Están quienes sienten el deterioro de su situación económica y no alcanzan a cubrir la canasta básica, por lo cual reclaman ayuda a un gobierno que sienten que no les prestó atención, y están los más radicalizados, claramente golpistas”.
La alusión es importante en un país donde organizaciones indígenas participaron en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005. Por otro lado, muchos dan vuelta el argumento y destacan que el presidente está criminalizando la protesta. Sostienen que las acciones más violentas –y, como sucedió con la muerte y desaparición de policías en el Amazonas, en verdad criminales– no representan al grueso de los manifestantes y de ninguna manera invalidan la realidad de sus carencias.
“Vemos un gobierno que en estos meses que lleva en el poder no ha estado conectado con la gente, está muy encerrado en sí mismo. En esta situación es como si estuviera apostando al desgaste de la protesta social”, dijo a LA NACION la analista política Claudia Navas, que hace el seguimiento de Ecuador para la consultora Control Risks.
“Por su parte, Leónidas Iza también ha elevado demandas que son irreales, completamente desproporcionadas, es un líder intransigente que incluso dentro del movimiento indígena tiene críticas a su liderazgo”, añadió.
Cerca de 300 instituciones hicieron pública una invitación al gobierno y a los indígenas para “llegar a acuerdos que permitan enfrentar la grave crisis económica, social y política que atraviesa Ecuador”, mientras, en la Asamblea Nacional, que debería intervenir con altura, grupos opositores intentan medrar con la situación.
En una columna del diario El Comercio, el doctor Juan Pablo Aguilar Andrade dijo que los dos actores centrales del drama en curso revelan corrientes subterráneas de la vida social y política del país.
“Cuando Iza habla mal de Lasso, cuando Lasso habla mal de Iza, ambos tienen razón. Estos días de protesta reflejan lo que somos, muestran el país que tenemos”, dijo este columnista. Y añadió: “Y lo que se ve no es nada agradable.
Ramiro Pellet Lastra
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