Venezuela: La Haya dice que hay fundamentos para juzgar a Maduro por crímenes de lesa humanidad

CARACAS.- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha determinado que existen "fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte". Así se lo ha hecho saber hoy la fiscal Fatou Bensouda a la delegación chavista llegada hasta La Haya, encabezada por el fiscal revolucionario Tarek William Saab y por Alfredo Ruiz, defensor del pueblo.

Bensouda abrió investigaciones preliminares en 2018 (caso Venezuela I). En esos expedientes figuran los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por la revolución bolivariana. En su histórico informe de este año, la Misión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas certificó la responsabilidad de Nicolás Maduro y sus dos generales más cercanos en estos crímenes de lesa humanidad, que incluyen ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias.

"Es un paso clave para que se inicie una investigación formal contra el régimen de Maduro", precisó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. La polémica fiscal seguirá el procedimiento que marca el Estatuto de Roma, iniciando la fase tres del examen preliminar, que se "centrará en la admisibilidad de posibles casos en términos de complementariedad y gravedad", explica la ONG de derechos humanos Provea.

"El avance a la fase 3 es una buena noticia para las víctimas y se avanza para que los responsables de crímenes rindan cuentas ante la Justicia. Queda camino por recorrer, obstáculos a vencer, pero se va por buen camino en la lucha contra la impunidad", culminó Provea.

El chavismo mantiene una oficina en Holanda que actúa como lobby ante la CPI, en un intento de frenar las distintas investigaciones. "El objetivo principal de Saab con su visita es retrasar esa decisión, ya que le prometió a la Fiscalía de la CPI su disposición a cooperar. Para ello, invitó a la fiscal que visite Venezuela", explica el internacionalista Mariano de Alba.

Entre las pruebas que maneja la CPI están las aportadas por la fiscal rebelde, Luisa Ortega, funcionaria de confianza de Hugo Chávez pero apartada ilegalmente de su puesto por la revolución. Desde su exilio en Bogotá, Ortega ha desvelado que "Maduro tiene semanas dedicando sus esfuerzos a frenar la inminente decisión de la CPI respecto al caso Venezuela. Por eso el criminal Saab está en La Haya. Sin embargo, no hay forma que logren desvirtuar todas las pruebas que hemos consignado en los últimos tres años. ¡Eso va!".

Los organismos de derechos humanos de Venezuela han reclamado en diversas ocasiones ante la lentitud de la CPI. Ahora encaran con optimismo la última parte del examen preliminar con todo a su favor, según las palabras de Bensouda y ante las múltiples evidencias de que el chavismo no ha investigado ni mucho menos sancionado a los responsables de estos crímenes.

"Apoyamos que la fiscal de la CPI reitere que el órgano tiene competencia sobre los crímenes cometidos en Venezuela, pero demandamos mayor celeridad y esperamos que la visita de estos personeros (funcionarios) de la dictadura no retrase el proceso ni obstaculice la justicia que esperan los venezolanos", advirtió Julio Borges, canciller de la presidencia encargada de Venezuela.

"El fiscal de la dictadura salió con las tablas en la cabeza", añadió la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento democrático. El viaje a Europa del enviado de Maduro se convirtió en un verdadero calvario, al impedírsele subir a un avión en México por las sanciones europeas que pesan sobre él desde 2018.

Al igual que ocurre con Estados Unidos y la sede neoyorquina de la ONU, los Países Bajos permiten el desplazamiento de funcionarios sancionados si estos acuden a encuentros oficiales en la CPI.