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Pedro Castillo acumula más escándalos y denuncias que complican su gobernabilidad en Perú
El presidente, que hace poco eludió un juicio político, mantiene un tenso enfrentamiento con los fiscales que investigan el presunto tráfico de influencias; el Congreso vetó al ministro de Educación
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PARA LA NACIONDaniel Lozano
LIMA.– La crisis política peruana no se ha resuelto con el fracasado proceso de impeachment contra Pedro Castillo. El presidente acumula denuncias y escándalos cuando ni siquiera ha cumplido cinco meses sentado sobre el sillón de Pizarro.
El penúltimo entredicho lo enfrenta ahora con el poderoso Ministerio Público, que todavía estudia si acabará emprendiendo una investigación directa contra el maestro sindicalista de Cajamarca. De momento, tomará declaración al presidente en la sede de gobierno el 28 de este mes, una diligencia que forma parte de la investigación que se sigue contra el exministro de Defensa Walter Ayala, y contra Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal en el escándalo de los ascensos militares.
El calvario político de Castillo se prolongó en las últimas horas con la censura en el Congreso de su ministro de Educación, Carlos Gallardo, enfrascado en luchas sindicales al margen de la necesaria reforma universitaria. El presidente ya busca su relevo.
Cinco meses que parecen cinco años y que comenzaron con los primeros nombramientos radicales, incluidos el de Guido Bellido (señalado por su apología de Sendero Luminoso y sus declaraciones homofóbicas y misóginas) como primer ministro, y el de Héctor Béjar, un canciller octogenario y exguerrillero que parecía vivir todavía en los tiempos del Muro de Berlín. El ministro de Interior, Luis Barranzuela, también fue cesado por saltarse con una fiesta casera las mismas restricciones que su departamento impuso por la pandemia.
Después llegó el escándalo vinculado con la sede semiclandestina de La Breña, en la que Castillo recibió a empresarios e intermediarios pese a que la legislación ordena que la actividad oficial sea registrada en el palacio presidencial. Es aquí donde emerge la figura de Pacheco, una especie de Rasputín limeño. La última investigación llega hasta los contratos millonarios de PetroPerú.
“Es difícil imaginar un peor comienzo para una administración”, dijo a LA NACION el politólogo John Polga-Hacimovich, que está convencido de que la futura destitución de Castillo es sólo cuestión de tiempo. Sólo seis votos separaron a las bancadas derechistas de forzar la vacancia presidencial.
La tensión entre la presidencia y Ministerio Público se disparó el lunes, cuando los fiscales irrumpieron en las dependencias presidenciales en el curso de otra investigación que también apunta contra Pacheco. Según las informaciones recabadas por la prensa local y el acta de la Fiscalía, el propio presidente impidió el allanamiento durante una hora. Los impedimentos se repitieron este miércoles en un nuevo intento fracasado de los fiscales de realizar diligencias en Palacio por el caso PetroPerú.
“Rechazo de manera enfática haber participado en actos irregulares. Las puertas de Palacio están abiertas para apoyar toda medida que busque aclarar dudas”, se defendió Castillo.
Críticas a un fiscal
Pese a ello, la denuncia profundizó la sensación de que Castillo obstaculiza las investigaciones de los fiscales, acompañada además por la solicitud del abogado defensor del jefe del Estado para que el fiscal adjunto, Luis Alberto Medina, sea apartado del caso. Medina se habría comportado de forma “abusiva y avasalladora” durante el allanamiento del lunes para investigar el Caso PetroPerú, proceso que se sigue contra el Hugo Chávez peruano (gerente general de PetroPerú). Castillo se reunió con Chávez y con el gerente general de Heaven Petroleum Operators pocos días antes de que esta empresa obtuviera una licitación millonaria con PetroPerú.
El abogado de Castillo se dirigió a la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios Públicos para asegurar que el fiscal Medina intentó requisar teléfonos celulares, máquinas, computadoras y archivos además de tomar declaración a secretarias, asistentes y policías a quienes “amenazaba con denunciar por delito de obstrucción a la justicia”.
Los fiscales buscaban pruebas en la Secretaría del Despacho Presidencial, en cuyo baño ya se encontraron 20.000 dólares. Pacheco aduce ahora que se trataba del dinero de una herencia y no de sus sueldos ahorrados, como dijo entonces.
Tal cúmulo de sucesos, unidos al escándalo previo de las reuniones en La Breña, destapadas por la investigación del programa televisivo Cuarto Poder, provocó la puesta en marcha de una operación para mejorar su imagen ante el país, a la vez que se hacía público el distanciamiento definitivo con los radicales de Vladimir Cerrón. La gran pregunta es si esta reacción llegará a tiempo de salvar la presidencia.
“Ningún proveedor del Estado y ningún contratista pisaron mi despacho presidencial. Hay otros espacios donde eso se maneja”, criticó el antecesor presidencial, Francisco Sagasti.
El primer movimiento defensivo de Castillo fue reunirse con la fiscal general, Zoraida Ávalos, en un intento por aplacar la tensión vivida esta semana. Será precisamente Ávalos quien decida si prosiguen las pesquisas fiscales contra el presidente, tal y como solicitó Daniel Soria, el procurador general del Estado, que lo denunció por tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
En otro intento de fomentar la transparencia, Castillo solicitó de manera voluntaria el levantamiento de su secreto bancario, tributario y de comunicaciones, “como muestra de mi total disposición para colaborar con la justicia, una medida que no tiene precedentes”, destacó el propio presidente.
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