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Presionado, el PP rectificó y aceptó discutir una iniciativa para detener los desalojos
El partido de Rajoy analizará el plan sobre ejecuciones hipotecarias en el Congreso
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PARA LA NACIONAdrián Sack
MADRID.– El drama de los desalojos en España, que ayer se cobró dos nuevas vidas, forzó al gobernante Partido Popular (PP) a admitir a trámite un proyecto de ley para paralizar las ejecuciones hipotecarias, que la bancada oficialista se había negado a tratar en el Congreso hasta último momento.
La noticia del suicidio de un matrimonio de jubilados que iban a ser expulsados de su vivienda en Cas Català, en Mallorca, al no poder afrontar su hipoteca, sumado a la presión de manifestantes que recibieron a los legisladores al grito de "asesinos" en la sede parlamentaria, llevaron a los diputados del PP a aceptar discutir modificaciones de la normativa vigente.
La reforma, que propone flexibilizar la ley sobre ejecuciones hipotecarias, llegó al Congreso a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILV), como se conoce a los proyectos respaldados por una gran cantidad de firmas.
En este caso, la propuesta alternativa fue apoyada por casi 1,5 millones de personas, conseguido gracias a una intensa campaña liderada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Esta ONG trabaja en defensa de los cerca de 300.000 casos de ejecuciones de viviendas que tuvieron lugar en España desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2007, y lucha por evitar que en los próximos tres años se lleven a cabo otros 200.000 desalojos.
Sin embargo, la tarea del PAH y de la oposición a Rajoy parecía destinada a chocar contra el PP en la Cámara baja española, donde cuenta con la mayoría absoluta de los diputados.
El punto más resistido es el de la llamada "dación en pago", un mecanismo legal por el que los deudores hipotecarios más afectados por la crisis podrían poner como garantía de última instancia a la vivienda hipotecada, y contar así con una herramienta más para negociar sus obligaciones con el prestamista.
Aunque también reclaman la ampliación del escaso número de viviendas sociales destinadas a alquileres de bajo costo –el gobierno de Rajoy prometió facilitar solo 6000– y otras medidas para suavizar la carga de los deudores hipotecarios, que en muchos casos no han podido saldar sus deudas ni siquiera a través de la devolución de su casas y el embargo de por vida de sus sueldos.
El súbito vuelco del PP en su resistencia a admitir el ingreso de la ILV al Congreso coincidió con el estupor producido por la noticia de la muerte de la pareja de jubilados en Mallorca. El matrimonio resolvió quitarse la vida con una sobredosis de barbitúricos porque, según explicó en una carta que dejó en la casa, no podía afrontar los compromisos económicos y estaba por recibir la orden formal de desalojo.
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