Rajoy, debilitado pero lejos de tener que dar un paso al costado

MADRID.- El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se enfrenta a las horas más duras de su mandato: su popularidad continúa en caída libre por la crisis, la credibilidad y la moral de su gobierno están en duda a causa de los escándalos de corrupción del gobernante Partido Popular (PP) y la fuerza más importante de la oposición le reclama formalmente su dimisión. Y todo sólo 13 meses después de haber asumido.

Sin embargo, las posibilidades de que el mandatario se vea forzado a dar un paso al costado por la investigación judicial del escándalo de sobresueldos o por la embestida del socialismo son prácticamente nulas.

La mayoría absoluta que hoy tiene el PP en la Cámara de Diputados, donde cuenta con 186 legisladores, le basta y sobra al gobierno actual para contener cualquier intento político o judicial destinado a conseguir la remoción del presidente.

A pesar de que Rajoy es señalado con nombre y apellido en los documentos que probarían su condición de beneficiario de pagos ilegales durante 11 años, el mandatario se encuentra en condiciones de eludir tanto su destitución como su imputación.

Según la legislación vigente, basada en la Constitución de 1978, el mecanismo formal para solicitar la renuncia de un mandatario nacional es la "moción de censura".

Este procedimiento consiste en presentar el pedido de dimisión presidencial a través de la firma de un petitorio que debe contar con el apoyo de por lo menos el 10% de los representantes de la Cámara baja.

Pero los solicitantes, que deben además elegir un candidato para reemplazar al presidente, tienen que contar con la mayoría absoluta de los votos de los diputados, hoy en poder del oficialismo.

Al no existir fracturas ni bloques disidentes en el PP, esta opción estaría destinada automáticamente al fracaso. Por esta razón, la moción de censura fue descartada de lleno, el fin de semana pasado, por el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, que, de todas formas, exigió a Rajoy que renuncie.

Desde el punto de vista jurídico, un eventual enjuiciamiento del presidente a partir del escándalo por el cobro de sobresueldos o por presunta ineptitud para ejercer su función tampoco parece viable.

De acuerdo con el especialista en derecho civil y penal español José Manuel Rodríguez, los fueros constitucionales que protegen al presidente impiden su imputación, al menos mientras se mantenga en la jefatura del Palacio de la Moncloa.

"El artículo 102 de nuestra Carta Magna es muy claro al respecto, ya que el presidente, que también es diputado, goza de la inmunidad que le conceden los fueros parlamentarios", dijo a LA NACION.

Según Rodríguez, la Constitución establece que ese aforamiento puede ser levantado, pero para que este nada habitual procedimiento se lleve a cabo es necesario que la causa pase a la Sala Penal del Tribunal Supremo.

"Y ese trámite es el más difícil de conseguir, ya que, de un modo comparable a lo que sucede con la moción de censura, se hace necesario que la mayoría absoluta del Congreso respalde la supresión de los fueros", dice. Además, aun si el PP no contara con la mayoría absoluta en el hemiciclo, ni la resistida política económica de ajuste ni el escándalo de los sobresueldos en negro servirían como motivos suficientes para promover el desafuero parlamentario. "Los delitos que deben invocar los denunciantes, de acuerdo con la Ley Suprema, son por traición a la patria o por poner en peligro la seguridad del Estado. Y no es tan fácil encuadrar esta polémica por corrupción dentro de estas figuras", dice.

Sin embargo, y a pesar de que en el actual escenario no sería formalmente imputado, Rajoy sí podría ser citado por el juez para aportar su visión sobre la causa. "Todos estamos obligados a declarar como testigos, incluido el presidente del gobierno, y esto está establecido en la ley de enjuiciamiento criminal. Y también se puede presentar voluntariamente a hacerlo, lo que podría darse si la causa, que por ahora tiene mayor viabilidad periodística que procesal, prosperara en su desarrollo", apunta Rodríguez.