
Mahmood Amiry-Moghaddam, cofundador y director de la ONG Iran Human Rights, abordó en diálogo con LA NACION el aumento exponencial de la violencia aplicada por el gobierno de Irán desde que desataron las protestas por la muerte de Mahsa Amini, incluido el uso de las ejecuciones masivas como herramienta del terror
El 16 de septiembre de 2022 marcó un punto de inflexión para la sociedad iraní. Desde la muerte en detención de Mahsa Amini, la joven de 22 años que fue apresada por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico o hijab, las incesantes manifestaciones exigen la caída del régimen del ayatolá Alí Khamenei y su brutal sistema de represión, que ya se ha cobrado la vida de 522 personas en cuatro meses y acumula miles de detenidos, según los conteos de los organismos internacionales.
