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Tres claves para entender las protestas contra el gobierno de Daniel Noboa que han paralizado Ecuador
La eliminación de los subsidios al diésel, el estado de excepción y las denuncias de violaciones a los derechos humanos
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Las protestas en Ecuador no parecen menguar pese al estado de excepción declarado por el Ejecutivo.
Este martes, cinco personas fueron detenidas tras una emboscada que el gobierno ecuatoriano calificó como un intento de asesinato del presidente Daniel Noboa, quien salió ileso.
Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, afirmó que unas 500 personas “estuvieron lanzando piedras” al automóvil del presidente y agregó que también hubo “signos de bala”, mientras el mandatario llegaba a un evento en el municipio de El Tambo, de la provincia de Cañar, en el sur del país.
Un video que la oficina del presidente compartió con la BBC muestra a manifestantes lanzando piedras a un auto y tres pequeños agujeros en una de sus ventanas.
Expertos consultados por BBC Verify determinaron que no hay evidencia suficiente para concluir que los manifestantes dispararon balas contra el convoy presidencial.
Según Amael Kotlarski, un experto en armas de la empresa de inteligencia de defensa Janes, las marcas que se pueden ver en el auto donde se cree que viajaba Noboa son “más consistentes con piedras o proyectiles lanzados a mano” que con balas.
Por su parte, Lewis Galvin, analista de la consultora de riesgo estratégico Sibylline, le dijo a la BBC que la mayor parte de los daños observados en los vehículos del convoy parecen haber sido causados por piedras.
Mientras el gobierno acusa a varios de los manifestantes de terroristas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena del país, aseguró en X que cinco de sus miembros fueron “detenidos arbitrariamente”.
La organización denunció además una “brutal acción policial y militar” y una “violencia orquestada contra el pueblo movilizado”.
“Entre los agredidos hay mujeres de la tercera edad”, agregó en la publicación, que incluye un video en el que se ve a cuatro policías con chalecos antibalas y el rostro cubierto arrestando a una mujer vestida con atuendos tradicionales indígenas.
El gobierno ecuatoriano adelantó que las cinco personas detenidas serían procesadas por terrorismo e intento de asesinato.
Desde hace dos semanas, Ecuador vive una serie de protestas que se han intensificado con el paso de los días.
Los enfrentamientos han dejado un muerto, más de 80 heridos y cerca de un centenar de personas detenidas.
En esta nota explicamos 3 factores que explican la evolución de estas protestas.
1. Eliminación de los subsidios al diésel
El gobierno de Daniel Noboa anunció el 12 de septiembre el fin del subsidio al diésel debido al alto costo que suponía para el Estado y aseguró que los recursos que se destinaban para mantenerlo serían redireccionados hacia programas de protección social y subvenciones para incentivar la producción nacional.
Según el gobierno, la medida permitiría un ahorro de US$1.100 millones al año, pero críticos aseguran que generará un aumento considerable al costo de vida de los ecuatorianos y tendrá un impacto aun mayor en los pequeños agricultores, los pescadores y las comunidades indígenas del país.
La eliminación del subsidio hará que los precios del diésel pasen de US$1,80 a US$2,80 por galón, un aumento del 56%.
En protesta a la controvertida decisión, la organización indígena Conaie convocó el 18 de septiembre a un paro nacional “inmediato e indefinido”.
La huelga ha provocado cierres de carreteras y daños a la infraestructura en varias partes del país.
Los dos últimos presidentes de Ecuador también intentaron acabar con los subsidios al diésel, pero las medidas generaron protestas masivas que los obligaron a dar marcha atrás.
Noboa parece decidido a mantener brazo firme.
“Quienes opten por la violencia enfrentarán la ley. Quienes actúen como criminales serán tratados como criminales”, aseguró Noboa en X el domingo.
2. Estado de excepción
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró rápidamente, después de la convocatoria a paro nacional, el estado de excepción en un total de siete provincias del país en un intento de frenar las protestas, que inicialmente tuvieron un alcance limitado.
Pero poco a poco fueron extendiéndose y el 28 de septiembre una persona perdió la vida en una de las manifestaciones en la ciudad andina de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, al norte de Quito.
La víctima fue identificada como Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha.
Según la Conaie, fue asesinado por un impacto de bala de las Fuerzas Armadas, algo que las autoridades no han confirmado.
Tras el crecimiento de las protestas, que el gobierno ha calificado como violentas, Noboa extendió el sábado el estado de emergencia a 10 de las 24 provincias del país y suspendió durante sesenta días el derecho a la libertad de reunión.
3. Denuncias de violaciones a los derechos humanos
A los manifestantes, que son en su mayoría miembros de comunidades indígenas, se les han sumado centenares de estudiantes en Quito, la capital.
Ahora, además de protestar contra la eliminación del subsidio al diésel, los manifestantes piden la liberación de centenares de detenidos en las protestas.
Al menos 13 de ellos enfrentan cargos de terrorismo.
A finales de septiembre, las Fuerzas Armadas ecuatorianas aseguraron en X que las manifestaciones estaban “infiltradas” por “grupos terroristas”.
“Doce militares heridos mientras custodiaban un convoy de alimentos fueron emboscados (...) La muestra más palpable de que la protesta no es pacífica”.
La Conaie, la mayor organización social del país, ha rechazado por su parte “el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas contra comuneros indígenas”.
Mientras tanto, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por lo que ven como un “deterioro en la protección de los derechos humanos en Ecuador”.
La organización cita múltiples denuncias de un uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, posibles detenciones arbitrarias, la apertura de procesos penales que considera como abusivos y el congelamiento de cuentas bancarias de líderes sociales y manifestantes.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó a principios de este mes que la organización había recibido información “preocupante” sobre “acciones impulsadas por el Ejecutivo que buscan silenciar la disidencia y favorecer la impunidad”.
“La represión a las protestas, los ataques a la Corte Constitucional y la insistencia en una estrategia de seguridad militarizada, pese a su demostrada ineficiencia para frenar el delito y las graves violaciones de derechos humanos que ha traído, sitúan a Ecuador en la lista de países de la región que experimentan un preocupante auge de prácticas autoritarias”, añadió.
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