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Un boom inmobiliario rompe el idilio con la realeza en Mónaco
Un millonario auge de la construcción, alentado por la familia Grimaldi, generó algunas protestas de la población
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MÓNACO.- La protesta era mínima: unas pocas personas reunidas tranquilamente frente a un edificio por demoler que, según ellas, no debía ser derribado. Pero en un lugar donde las disidencias son raras, la marcha era una osadía casi extremista. Y también inútil, dado que la protesta era contra una empresa controlada por una entidad a cargo de casi todo en Mónaco: la familia real.
"Lo cierto es que nadie puede hacer nada por este tema", dijo Elizabeth Wessel, una diseñadora de moda que se oponía a la demolición del Sporting d'Hiver, un edificio de 81 años que supo albergar un club de juego, y uno de los últimos exponentes del art dé co de la región, para hacer espacio a un nuevo y vasto desarrollo inmobiliario, que cuenta con el apoyo de los intereses empresarios de la familia real.
Para Claude Rosticher, un pintor de 77 años que organizó la protesta frente al edificio, en septiembre pasado, "el principado siempre tiene la última palabra en todo".
Mónaco parece el lugar más apacible del mundo: una franja de irrealidad en la Riviera francesa que tiene menos de dos kilómetros cuadrados y una población de unos 36.000 habitantes, con un ingreso per cápita de más de 150.000 dólares al año y un índice de desempleo nulo.
Hogar de una colección de extranjeros megamillonarios en busca de privacidad y seducidos por su clima y su más benigna aún política de no cobrar impuestos a las ganancias, el principado es gobernado como una especie de dictadura consensuada por el príncipe Alberto, un ex playboy de 55 años que se hizo cargo de la tarea luego de la muerte de su padre, el príncipe Rainiero, en 2005.
Alberto es extremadamente rico -Forbes estimó su fortuna en 1000 millones de dólares-, y las revistas de celebridades los presentan a él y a su familia rodeados de un glamour infinito y un halo de misterio. Los habitantes describen al príncipe, que de tanto en tanto se mezcla con ellos, como una persona amable. Pero también parecen reticentes, casi al borde de la paranoia, a cuestionar en público sus políticas.
Por cierto que es poco inteligente criticarlo en persona: el mes pasado, un joven de 23 años fue condenado por la justicia por insultar a la familia real en Facebook; le dieron una condena a prisión de 80 días en suspenso. En 2011, un residente de 50 años fue sentenciado a seis días de prisión por "deshonrar a la monarquía", luego de haber hecho comentarios poco halagadores sobre el príncipe en estado de ebriedad.
En pocos temas la autoridad del Estado se siente con más fuerza que en cuestiones de desarrollo inmobiliario, un tema crucial en un lugar superpoblado donde la única manera de expandirse es hacia arriba, y el único modo de construir es reemplazando algo viejo.
El boom de la construcción en Mónaco empezó hace 20 años, con el desmantelamiento de estructuras tradicionales -como el Sporting d'Hiver o mansiones familiares- que son reemplazadas por los opulentos rascacielos que tanto les gustan a los oligarcas rusos.
Muchos de esos proyectos están vinculados con la Société des Bains de Mer de Mónaco, la fuerza dominante del principado en términos de entretenimiento, turismo y recreación. SBM, como se la llama, es dueña de las propiedades más caras de Mónaco: 33 restaurantes, cinco casinos y cuatro hoteles, para empezar a hablar.
También es propietaria del Sporting d'Hiver, cuya demolición ya comenzó. Sólo tres legisladores del Consejo Nacional (Parlamento) se opusieron al proyecto. Pero aunque todos sus colegas legisladores se hubiesen opuesto, es muy poco lo que habrían podido hacer en este lugar. La Legislatura no ostenta un poder en sí mismo, sino que meramente ofrece un consejo que el príncipe y el gobierno -también designado por el príncipe- puede aceptar o no.
Pero aunque los residentes se quejen de esa falta de delicadezas democráticas, ensalzan las muchas virtudes de Mónaco: sus calles impecables, sus elevados salarios, su generoso sistema de salud, la inexistencia del delito y una estricta política de impedir que se establezcan personas cuya cuenta bancaria, por ejemplo, no obtenga la aprobación de las autoridades.
Roger-Louis Bianchini, un periodista retirado que trabajó en el diario Nice Matin, describe la situación con estas palabras: "No es una dictadura, pero, al mismo tiempo, la gente tiene miedo de tomar el control. No toman el poder porque temen perder sus beneficios".
Traducción de Jaime Arrambide
Maïa de la Baume y Sarah Lyall
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