En California: empleadores enfrentan multas de hasta US$10.000 por estas prácticas vinculadas al estatus migratorio

Los empleadores de California deberán afrontar nuevas consecuencias si utilizan cuestiones relacionadas con el estatus migratorio percibido de una persona para amenazarla, tomar represalias o impedirle ejercer derechos laborales. La medida quedó establecida con la firma de la AB 2495 por parte del gobernador Gavin Newsom el 29 de septiembre.

La legislación modifica la Sección 1019 del Código Laboral de California y establece una serie de conductas que pueden constituir prácticas laborales ilícitas.

Entre ellas, la AB 2495 prohíbe amenazar con contactar a las autoridades migratorias o hacerlo con el propósito de tomar represalias contra una persona o desalentarla de ejercer sus derechos.

También quedan contempladas las amenazas de presentar denuncias falsas ante organismos estatales o federales, así como la presentación efectiva de reportes policiales falsos cuando se utilizan como mecanismo de represalia o intimidación relacionado con el estatus migratorio percibido.

Otro aspecto está relacionado con la documentación laboral. Los empleadores no pueden exigir permisos adicionales o diferentes de los establecidos por la normativa federal para el formulario I-9 ni rechazar aquellos que aparenten ser legítimos.

La legislación establece límites al uso del sistema federal E-Verify. Según las disposiciones de la ley, un empleador puede ser sancionado cuando utiliza esta herramienta para comprobar la autorización laboral en circunstancias o de una manera que no esté exigida o permitida por la legislación federal o por los acuerdos correspondientes.

La norma incorpora además una categoría más amplia de conductas: se consideran prohibidas aquellas acciones relacionadas con el estatus migratorio percibido que razonablemente puedan desalentar a una persona de ejercer un derecho laboral o presionarla para hacer algo contra su voluntad.

La norma contempla sanciones económicas y medidas contra los establecimientos donde se produzcan las infracciones. Una de las principales consecuencias es una multa civil de hasta US$10.000 por cada infracción y por cada trabajador afectado. El dinero correspondiente a esta penalización se entrega directamente a la persona afectada.

Las consecuencias también pueden alcanzar las licencias comerciales del establecimiento. Un tribunal puede ordenar su suspensión durante un máximo de 14 días cuando se trata de una primera infracción, 30 días ante una segunda y hasta 90 en una tercera falta o posteriores.

La ley incorpora además una presunción de represalia. Si una de las conductas prohibidas ocurre dentro de los 90 días posteriores a que una persona haya ejercido sus derechos laborales, se presume legalmente que existió una acción de represalia.

La protección no se limita a quienes tienen actualmente un puesto de trabajo. La definición contemplada por la norma incluye a empleados en actividad, personas que buscan empleo y exempleados.

Esto significa que las disposiciones pueden alcanzar situaciones ocurridas durante un proceso de contratación, mientras existe una relación laboral o después de que esta haya terminado. La protección opera cuando la conducta del empleador está vinculada con el propósito de impedir o desalentar el ejercicio de derechos laborales.

La legislación también establece que la situación migratoria real de la persona resulta irrelevante para determinar la responsabilidad civil o la existencia de una infracción. El foco está puesto en las conductas basadas en el estatus percibido.

“California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en materia de control migratorio en nuestro estado”, dijo el gobernador Gavin Newsom en un comunicado. “Se trata de asumir la responsabilidad donde el gobierno federal ha fallado a nuestras comunidades”, agregó.