Falta que Newsom la firme: la ley con multas de US$10.000 para quienes amenacen a trabajadores migrantes en California

El proyecto AB 2495 fue aprobado por la Asamblea y el Senado de California y llegó al despacho del gobernador Gavin Newsom el 3 de septiembre. La iniciativa busca impedir que los empleadores utilicen el estatus migratorio percibido de un trabajador para tomar represalias o limitar el ejercicio de sus derechos laborales.

La iniciativa, impulsada por el asambleísta Ash Kalra, establece nuevas herramientas para proteger a trabajadores, postulantes y exempleados frente a determinadas acciones relacionadas con su situación migratoria. El proyecto considera que una persona no debe ser disuadida de reclamar sus derechos laborales por una amenaza vinculada con inmigración.

El texto legislativo identifica distintas acciones que podrían ser consideradas prácticas migratorias desleales cuando tengan como finalidad tomar represalias contra una persona que ejerce o intenta ejercer un derecho laboral. Entre ellas figura:

• Amenazar con comunicarse con las autoridades migratorias o hacerlo directamente.
• Las amenazas o presentaciones de denuncias policiales falsas y de reportes falsos ante organismos estatales o federales.
• La propuesta contempla además situaciones en las que se soliciten más documentos o documentos diferentes de los exigidos por la legislación federal o se rechacen documentos que aparenten ser legítimos.
• Usar E-Verify fuera de los supuestos permitidos por la normativa federal o por el acuerdo que regula su utilización
• La propuesta también contempla otras conductas relacionadas con el estatus migratorio percibido que razonablemente puedan disuadir a una persona de ejercer un derecho laboral.

La definición de prácticas migratorias desleales excluye las conductas realizadas por instrucción o solicitud expresa y específica del gobierno federal. Fuera de esa circunstancia, las disposiciones buscan limitar el uso de cuestiones migratorias como mecanismo de presión en conflictos laborales.

Si la medida entra en vigor, un empleador podría afrontar una sanción civil de hasta US$10.000 por cada trabajador afectado y por cada infracción. El dinero correspondiente a esta penalización sería destinado al empleado que sufrió la conducta prohibida.

Además de la sanción económica, la AB 2495 contempla la posibilidad de que un tribunal ordene la suspensión de las licencias comerciales de un negocio que incurra reiteradamente en estas prácticas. Esta interrupción podría alcanzar 14 días después de una primera infracción, 30 días ante una segunda y hasta 90 días desde una tercera o posteriores violaciones.

La propuesta también permitiría que el trabajador reclame los daños ocasionados por la conducta ilegal y solicite medidas correctivas ante un tribunal. Entre los recursos disponibles podría encontrarse la restitución de condiciones laborales o la reincorporación al puesto, según las circunstancias del caso.

En caso de que el empleado gane la acción civil, el texto contempla además el reembolso de honorarios razonables de abogados y de los costos del proceso, incluidos aquellos relacionados con testigos. Estos mecanismos se sumarían a otros recursos previstos por leyes locales, estatales o federales.

La definición de empleado incluida en la propuesta no se limita a quienes mantienen actualmente una relación laboral. También incorpora a las personas que buscan un puesto y a quienes ya finalizaron su vínculo con la empresa.

De esta manera, una persona que se postula a un empleo podría quedar protegida frente a determinadas prácticas vinculadas con su estatus migratorio, al igual que un trabajador activo o un exempleado. La situación migratoria real tampoco determinaría por sí sola la responsabilidad del empleador bajo estas disposiciones.

El objetivo planteado por la iniciativa es evitar que el temor a una denuncia migratoria, a un reporte falso, a exigencias documentales indebidas o a otras acciones relacionadas con inmigración impida a una persona ejercer derechos reconocidos por la legislación laboral.

La AB 2495 ya fue aprobada por la Asamblea y el Senado de California. El siguiente paso corresponde al gobernador Newsom, quien tiene el proyecto en su despacho desde el 3 de septiembre.