Karen Bass no para: quiere detener al ICE y hace pública su demanda contra las redadas en Los Ángeles

La administración de Los Ángeles, encabezada por la alcaldesa Karen Bass, formalizó una demanda contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad. Las redadas, realizadas desde principios de junio, han sido objeto de múltiples denuncias por violaciones a los derechos constitucionales, incluida la detención de personas sin órdenes judiciales y sin identificación oficial de los agentes.

Bass declaró que las acciones emprendidas por ICE provocan miedo en barrios predominantemente latinos y afectan no solo a personas sin documentación migratoria, sino también a ciudadanos y residentes legales. La funcionaria ha reiterado públicamente que estas operaciones no solo resultan en deportaciones, sino que también generan un entorno de intimidación y desconfianza generalizada.

“Las redadas de ICE en Los Ángeles muestran señales claras de perfies raciales: se dirigen a los angelinos en paradas de autobús, lugares de trabajo e incluso detienen a ciudadanos estadounidenses”, publicó en su cuenta de X.

La alcaldesa aseguró que se han emitido demandas y una orden judicial para detener estas acciones impulsadas por la administración federal. “Retrocedan Detengan las incursiones”, manifestó.

La moción, presentada ante una corte federal y respaldada por la fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto, así como por otras jurisdicciones del condado de Los Ángeles, busca detener redadas ejecutadas sin causa probable y en función de supuestos rasgos étnicos. Según los demandantes, estas acciones violan la Constitución de Estados Unidos.

Entre las ciudades que se sumaron se encuentran Pasadena, Santa Mónica, Pico Rivera, Monterey Park y Culver City. Todas manifestaron preocupación por la presencia de personal armado y sin uniforme que realiza detenciones sin identificarse. La demanda apunta a que estas operaciones no tienen precedentes en las últimas décadas en la región.

De acuerdo con el documento presentado, los procedimientos del ICE han generado efectos adversos en la vida diaria de los residentes. Las ausencias laborales por temor a ser detenidos, el cierre temporal de negocios y el descenso en la actividad económica son algunos de los impactos mencionados por los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias.

“El gobierno está utilizando a Los Ángeles como un caso de prueba para ver hasta dónde puede llegar en su agenda política mientras ignora la Constitución”, aseguró Bass. “No seremos intimidados. Estamos haciendo de esta ciudad el ejemplo de cómo las personas que creen en los valores estadounidenses deben permanecer juntas y unidas”, agregó.

Organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés) han monitoreado la situación mediante su Red de Respuesta Rápida. Según sus registros, entre el 6 de junio y el 20 de julio se verificaron 471 acciones del ICE en el condado de Los Ángeles, principalmente dirigidas a zonas de mayoría latina. A esto se suman más de 1600 reportes ciudadanos adicionales que no pudieron confirmarse formalmente.

Los registros indican que se ha documentado la detención de individuos que acudieron voluntariamente a citas migratorias programadas. También se reportaron incidentes con personas que contaban con residencia legal o ciudadanía estadounidense.

“Los Ángeles es una ciudad de inmigrantes: 3,8 millones de personas y, aproximadamente, el 50% de nuestra población es latina”, expresó en diálogo con ABC News. “Por eso, cuando comenzaron las redadas, cundió el miedo”, puntualizó.

Según la alcaldesa, este tipo de detenciones contradicen lo afirmado por las autoridades federales respecto al enfoque exclusivo en personas con antecedentes penales o situación migratoria irregular.

En diversas apariciones públicas, Bass ha subrayado que los operativos del ICE han sido ejecutados sin respetar principios legales básicos. Mencionó que algunas acciones se llevaron a cabo con el uso de máscaras por parte de los agentes, lo que ha generado sospechas de que se trata de intervenciones irregulares o incluso ilegales.

“Sin matrícula ni uniformes, saltan de los vehículos con rifles y secuestran a la gente en la calle”, describió. “¿Cómo es posible que haya hombres enmascarados que luego digan: ‘Bueno, somos funcionarios federales’, sin identificación?”, cuestionó.

La alcaldía de Los Ángeles emitió una directiva ejecutiva para fortalecer los protocolos internos ante operativos migratorios no anunciados en espacios públicos y edificios municipales. Esto incluye capacitación para los empleados de la ciudad y creación de una unidad de respuesta dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

Asimismo, la administración local impulsó la formación de un grupo de trabajo enfocado en brindar asistencia directa a comunidades afectadas. En colaboración con concejales y otras entidades locales, se organizaron seminarios virtuales y se facilitaron recursos a familias y negocios que enfrentaron consecuencias por las detenciones.

Por medio de una orden ejecutiva, firmada por la alcaldesa el 11 de julio, también se contempla una solicitud formal al gobierno federal para acceder a la documentación completa sobre las redadas realizadas desde junio, con el fin de investigar posibles irregularidades y reforzar las acciones legales en curso.

“Solo espero que termine este régimen del terror”, apuntó. “Espero que los militares se vayan, porque para empezar nunca fueron necesarios aquí. Espero que podamos volver a la normalidad”, manifestó.