Qué pasa con las redadas del ICE en las escuelas de California: el mensaje del fiscal general

El fiscal general de California, Rob Bonta, rechazó la reciente directiva del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) que amplía la aplicación de las leyes de inmigración en las escuelas. En respuesta, aseguró que tomará medidas para proteger los derechos de los estudiantes del Estado del Sol y de sus familias ante posibles intervenciones de las autoridades migratorias.

Según consignó KPBS, Bonta advirtió que esta medida provocó preocupación entre las familias del estado de la costa oeste de EE.UU., al punto de que algunos padres dejaron de ir a trabajar y ciertos estudiantes faltaron a clases por temor a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés).

Aunque no detalló datos precisos sobre la magnitud del fenómeno, el titular de la Oficina del Procurador General de California (OAG, por sus siglas en inglés) sostuvo que se trata de una situación extendida y preocupante.

En un evento público, Bonta se presentó junto a un cartel que destacaba el compromiso del estado: “Las escuelas de California continúan siendo un lugar acogedor, inclusivo y seguro para todos”. En su discurso, enfatizó que el derecho a la educación está garantizado para todos los alumnos, sin importar su estatus migratorio ni el de sus familiares.

El fiscal general recordó que las escuelas no pueden exigir documentos como pasaportes, visas o números de Seguro Social para la inscripción de un estudiante. Además, subrayó que los registros educativos y personales de los alumnos son confidenciales.

Bonta también especificó que, aunque los agentes del ICE pueden actuar en espacios públicos como estacionamientos o vestíbulos escolares, el personal educativo debe seguir un protocolo. Ante la presencia de la policía migratoria, las escuelas deben notificar de inmediato al administrador local y al asesor legal, verificar la documentación de los agentes y registrar todo lo ocurrido.

El Distrito Escolar Unificado de San Diego también manifestó su postura. A través de un comunicado firmado por la superintendenta interina Fabiola Bagula, confirmó que el personal escolar no debe permitir el acceso de agentes migratorios sin una orden judicial. La funcionaria remarcó el compromiso de la institución de proteger a los estudiantes y garantizar un entorno seguro, informó KPBS.

El Departamento de Justicia de California recordó en un documento dirigido a los inmigrantes que las personas tienen derechos fundamentales independientemente de su estatus migratorio. Entre ellos:

• Derecho a obtener vivienda sin revelar el estatus migratorio, salvo en casos de vivienda subsidiada por el gobierno federal.
• Acceso a atención médica de emergencia garantizado por la ley federal.
• Protección contra acoso y discriminación en el lugar de trabajo, inclusive con la prohibición de que empleadores amenacen con contactar a inmigración como represalia.
• Derecho a solicitar que empresas eliminen o dejen de vender sus datos personales.

• Derecho a un abogado si en caso de ser arrestado por la policía; en caso de detención por ICE, se puede consultar con un abogado, aunque el gobierno no está obligado a proporcionarlo.
• Acceso a informes policiales, sin importar el estatus migratorio de la persona afectada.
• Derecho de los niños a educación pública gratuita sin importar su situación migratoria. Las escuelas no pueden exigir información sobre ciudadanía o visados.
• Prohibición a la policía estatal y local de preguntar sobre el estatus migratorio con fines de deportación, así como de compartir información personal con ICE, salvo excepciones legales.