EE.UU. impone restricciones de visado a representantes de un país americano

El Departamento de Estado de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer el martes que impondrá sanciones adicionales de restricción de visa a más de doce personas en respuesta a lo que calificó como “acciones antidemocráticas de Guatemala”. En un comunicado difundido el 31 de octubre, Matthew Miller, portavoz de esa unidad del gobierno estadounidense, enfatizó que rechazaban los esfuerzos continuos por entrometerse en la transición pacífica del poder de Bernardo Arévalo, el presidente electo.

“El Ministerio Público de Guatemala se apoderó de los materiales electorales bajo la custodia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y pidió la expulsión forzada de los manifestantes pacíficos. También, presionó para la destitución del ministro de Gobierno, que protegía el derecho a la protesta pacífica y trató de levantar la inmunidad de un miembro del Congreso, que expresó públicamente su preocupación por estas medidas”, indicó el comunicado.

El portavoz del DHS informó que, como respuesta a todos esos hechos, impondrán restricciones de visado a más de una docena de personas y sus familiares inmediatos, “por socavar la democracia y el Estado de derecho”. Entre estos se encuentran funcionarios del Ministerio Público y otros sectores tanto públicos como privados.

Asimismo, se especifica que EE.UU. se une a otras instituciones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el pedido para que se respete el Estado de derecho de Guatemala. Si bien no se precisó la cantidad exacta en el comunicado, un funcionario del DHS compartió con la Agencia EFE que la medida afecta a 14 individuos, entre los que se encuentran los funcionarios del Ministerio Público (Fiscalía) guatemalteco.

Sobre los resultados de los comicios celebrados el pasado 25 de junio y 20 de agosto, en los que resultó ganador en segunda vuelta Arévalo de León, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala declaró como “inalterables” los resultados el martes.

Esta no es la primera vez que EE.UU. se pronuncia ante los conflictos en América Latina. El pasado 29 de septiembre impuso restricciones de visado a 100 funcionarios municipales de Nicaragua, acusándolos de apoyar las violaciones a los derechos humanos del gobierno del presidente Daniel Ortega.

“Aquellos que participan en la represión y negación de los derechos humanos de sus conciudadanos no deben tener permitido viajar libremente a EE.UU., que continúa trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de los individuos que socavan la democracia en Nicaragua”, dice el comunicado del DHS.

Hasta ese momento, sumaban más de 1000 funcionarios que recibían medidas de este tipo por parte del gobierno estadounidense, acusados de respaldar los abusos, “limitar las libertades civiles y actuar contra las organizaciones independientes”.

En junio, el DHS también anunció la imposición de restricciones de visa para los ugandeses acusados de “socavar el proceso democrático”, luego de que entró en vigor una ley en ese país que castiga la homosexualidad hasta con la pena de muerte.

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