Estados Unidos sigue cancelando visas y algunos estudiantes extranjeros ya temen abrir la boca
Los estudiantes extranjeros dicen que están borrando contenidos de sus redes sociales y que tratan de no salir del campus por temor a ser deportados
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WASHINGTON.- Algunos purgaron o directamente desactivaron el feed de sus redes sociales. Otros ya no salen del campus ni asisten a manifestaciones. Y muchos temen opinar en clase, por temor a decir algo incorrecto y perder de un plumazo su oportunidad de estudiar en Estados Unidos.
Desde mediados de marzo, el número de visas o residencias estudiantiles o académicas que fueron revocadas trepó a casi 1000, según datos de la Asociación Internacional de Educadores. Y la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos estima que la cantidad de extranjeros que perdieron su estatus de estudiantes internacionales podría ser de al menos 4700 desde la asunción de Trump. Ante el ascenso de esas cifras, los estudiantes extranjeros de todos los estados y de las universidades públicas y privadas por igual han cambiado su rutina y su estilo de vida, por temor a ser el próximo.
Bernardo De Oliveira Geissmann, estudiante extranjero de ingeniería mecánica en la Universidad Estatal de Arizona, dice que él y otros miembros de la Asociación de Estudiantes Brasileños se han enterado de varios estudiantes cuyas visas fueron revocadas. “La verdad que tengo miedo”, dice De Oliveira Geissmann, y agrega que ahora duda en compartir sus opiniones políticas.
“No soy extremista en ningún sentido, pero hoy por hoy desconozco qué es considerado como libertad de expresión y qué es considerado como una amenaza para el gobierno. Y creo que toda la comunidad lo siente lo mismo.”
El gobierno de Trump ha declarado que está deteniendo y deportando a estudiantes y académicos extranjeros como parte de su lucha contra el antisemitismo, tras las protestas que sacudieron los campus universitarios hace un año. En enero, Trump firmó decreto para “combatir el antisemitismo en los campus”, y amenazó con cancelar visas y deportar “a simpatizantes de Hamas”. El primer caso de alto perfil de esta ofensiva se conoció el viernes, cuando un juez de inmigración de Luisiana dictaminó que Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia, puede ser deportado, después de que el gobierno de Trump lo acusara de ser una amenaza para la política exterior norteamericana.
Ya hace unos años que los defensores de la libertad de expresión y algunos conservadores advierten que muchos estudiantes y académicos temen compartir sus opiniones para no ser cancelados. Ahora, lo que dicen algunos estudiantes es que se autocensuran por temor a ser deportados.
“La sensación es que cualquiera puede ser objeto de persecución, lo que tendría un impacto verdaderamente estremecedor en todo Estados Unidos”, dice Veena Dubal, consejera general de la Asociación de Profesores Universitarios de Estados Unidos y profesora de derecho en la Universidad de California en Irvine.
Dubal señala que la revocación masiva de visas y los arrestos por sorpresa han intimidado tanto a algunas personas que prefirieron “autodeportarse”.
Las autoridades de las universidades ahora intentan averiguar desesperadamente cuántos de sus alumnos se ven afectados y las razones específicas de cada decisión. En muchos casos, los estudiantes no están al tanto de que cambió de su estatus migratorio, y el gobierno no les notificó a las universidades de todas las revocaciones de visas.
De hecho, algunas universidades dicen que se enteraron porque consultaron por iniciativa propia la base de datos del gobierno federal.
Y el número de estudiantes afectados viene aumentando rápidamente en muchas universidades. Esta semana, la Universidad de Michigan le informó a su comunidad universitaria que en cuestión de días el número de revocaciones de visas había aumentado de 11 a por lo menos 22. En la Universidad de California en Berkeley, esa cifra trepó rápidamente a por lo menos 23.
No está claro si el aumento se debe en parte a una nueva táctica del Departamento de Seguridad Nacional, que esta semana anunció que sus funcionarios están peinando las redes sociales para identificar a extremistas extranjeros y publicó en la red social X: “En Estados Unidos no hay lugar para los simpatizantes del terrorismo y no tenemos la obligación de admitirlos ni de permitir que se queden. Cualquiera que piense que puede venir a Estados Unidos y escudarse en la Primera Enmienda para promover la violencia antisemita y el terrorismo, que lo piense de nuevo. Aquí no es bienvenido”.
Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, remitió las preguntas sobre el número exacto de revocaciones al Departamento de Estado, cuyo vocero a su vez dijo que no suelen compartir esas estadísticas, ya que la cifra es “dinámica”, y agregó que al decidir sobre una revocación, el Departamento de Estado revisa el historial de arrestos, las condenas penales y la “incursión en conductas incompatibles con la clasificación de la visa”, entre otros factores.
La poca claridad no hace más que alimentar los temores. “El gobierno salió a pescar con una red extremadamente amplia”, dice Jeff Joseph, presidente de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos.
Algunos estudiantes fueron arrestados y amenazados con la deportación por participar en protestas pro-palestinas. Otros fueron detenidos por algún mínimo incidente previo, como una infracción de tránsito menor, o hasta por haber sido víctimas de un delito. En algunos casos, la revocación de la visa llega sin ningún tipo de explicaciones.
“Después de la emisión de su visa, se tuvo conocimiento de información adicional”, dice la notificación que el Departamento de Estado le envió a un estudiante y que fue verificada por The Washington Post. El mensaje no agrega nada más.
Algunos estudiantes dicen que se niegan a ser silenciados.
María Alejandra Romero Cuesta, estudiante colombiana de tercer año de la Universidad George Mason en Virginia, dice tener miedo de caminar por la calle o mostrarse mucho en público, a menos que sea en una manifestación: como presidenta del cuerpo estudiantil, Romero Cuesta siente la responsabilidad de usar su cargo para defender a otros estudiantes extranjeros y oponerse a las políticas de Trump.
De todos modos, ya elaboró un plan que pondrán en marcha sus amigos en caso de que ella sea detenida. Si está sola, llamará al número que se sabe de memoria de la oficina de estudiantes internacionales de su universidad. Si ocurre durante una protesta, un amigo grabará la interacción con la policía, otro les preguntará adónde la llevan y un tercero buscará de inmediato asistencia legal.
En una reciente manifestación organizada por líderes estudiantiles de Washington D.C. frente al Departamento de Educación, Romero Cuesta instó al gobierno de Trump “a no meterse” con su universidad ni con sus amigos.
Dijo que fue a Estados Unidos por sus universidades de primer nivel y la diversidad de opiniones que hay en ellas. “Tengo que alzar la voz en nombre de mi comunidad, porque esto también compromete mi propia seguridad”.
En la Universidad George Mason, donde asiste Romero Cuesta, ya le revocaron la visa a más de 15 estudiantes.
Para Bernardo De Oliveira Geissmann, el estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, la noticia más impactante durante la represión gubernamental fue el arresto de la estudiante de posgrado de la Universidad de Tufts: se asustó al ver el video de los agentes de inmigración enmascarados que la arrestaban al salir de su casa.
“Tengo un amigo que empieza su doctorado en Tufts el próximo semestre y temo por él”, dice Oliveira Geissmann. “No quiero que le pase nada”.
Por Dan Rosenzweig-Ziff y Susan Svrluga
Traducción de Jaime Arrambide
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