El requisito “extra” que es obligatorio en Florida para trabajar: la contratación es irregular si no se cumple

En comparación al resto de Estados Unidos, Florida exige un requisito adicional para que los migrantes puedan conseguir trabajo. Se trata del sistema E-Verify, con el que las empresas con más de 25 empleados están obligadas a verificar la elegibilidad laboral de sus trabajadores desde 2023. Este método tiene como objetivo combatir la contratación de personas sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

E-Verify, establecido por la ley SB 1718 y gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional, cruza datos de nuevos empleados con los registros oficiales para determinar si están legalmente habilitados para trabajar. De acuerdo con Tampa Bay Times, los empleadores deben completar esta verificación en un plazo máximo de tres días desde la contratación.

El sistema E-Verify se basa en la información proporcionada en el Formulario I-9 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Incluye documentos de identificación como número de Seguro Social, licencia de conducir o pasaporte. Según la ley, los empleadores deben inscribir a todos los nuevos trabajadores sin excepciones.

El sistema genera resultados casi inmediatos. Los casos con “empleo autorizado” confirman que la información coincide con los registros del gobierno. En contraste, una “no confirmación provisional” indica discrepancias que el trabajador tiene diez días para resolver. Si no se corrigen, la contratación queda invalidada.

Los empleadores que no cumplan con esta normativa enfrentan multas significativas. Aquellos que no usen E-Verify en tres ocasiones dentro de dos años pueden ser sancionados con hasta 1000 dólares diarios hasta corregir las infracciones.

La implementación de E-Verify busca restringir el empleo de personas sin autorización legal en Florida y, de esta manera, eliminar incentivos para la inmigración irregular. Sin embargo, grupos defensores de los derechos de los migrantes han advertido sobre posibles discriminaciones y errores administrativos que podrían afectar incluso a personas con estatus legal.

En 2023, cuando fue implementada esta ley, cifras del Migration Policy Institute, un centro de estudios con sede en Washington DC, estimó que había alrededor de 772 mil migrantes indocumentados que residían en Florida. Dos meses más tarde de la promulgación del sistema de detección de trabajadores irregulares, empezó a faltar mano de obra en actividades como la agricultura y la construcción.

Con la próxima investidura de Donald Trump a la Casa Blanca, Florida se alista para endurecer aún más sus políticas migratorias. El lunes pasado, el gobernador Ron DeSantis convocó a una sesión legislativa especial el 27 de enero, la semana después de que el presidente electo preste juramento. Su objetivo para avanzar en la implementación de las promesas de Trump en materia de inmigración.

“El presidente electo Trump fue elegido con el mandato de detener la inmigración ilegal y deportar a los extranjeros ilegales que ya se encuentran en nuestro país. Los funcionarios estatales y locales de Florida facilitarán activamente las políticas de la administración entrante, y para ello necesitamos reservar y aprobar de inmediato los fondos y recursos necesarios ahora”, comentó DeSantis en su cuenta de X.

Según publicó Associated Press, el mandatario planea destinar millones de dólares para fortalecer la vigilancia estatal, con el despliegue de la Guardia Nacional incluido. Además, se anticipa que estas medidas contarán con reformas legales para sancionar a funcionarios que no cumplan con las nuevas disposiciones.

Por su parte, Nikki Fried, líder del Partido Demócrata en Florida, considera que estas decisiones ignoran cuestiones como el aumento del costo de vida y las dificultades en el mercado de seguros del estado. Y criticó a DeSantis y a todo el Partido Republicano por preferir “jugar a la política en lugar de resolver problemas”.