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El sur de Florida se desentiende del gobernador DeSantis y rechaza alianzas con el ICE para proteger migrantes
Un análisis identificó más de 30 municipios que no firmaron acuerdos 287(g), mientras otras ciudades se sumaron al programa federal
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LA NACION
La presión del gobierno de Florida para involucrar a las fuerzas policiales locales en la política migratoria federal no consiguió el respaldo generalizado que buscaba. Aunque el gobernador Ron DeSantis y otros funcionarios estatales impulsaron acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la mayoría de las ciudades del sur todavía se oponen.
Más de 30 ciudades del sur de Florida no firmaron acuerdos con el ICE
Pese a las presiones políticas y a los incentivos económicos ofrecidos por las autoridades federales, la mayoría de las ciudades del sur de Florida con departamentos de policía independientes no se incorporó al programa 287(g), una iniciativa que permite capacitar a agentes locales para ejercer determinadas funciones vinculadas con la aplicación de las leyes migratorias federales.
Un análisis del Miami Herald identificó más de 30 municipios que no suscribieron estos convenios. Entre ellos se encuentran Fort Lauderdale, Miramar, Homestead y Miami Beach, que permanecen fuera de la colaboración con el ICE.
En contraste, el relevamiento de contratos públicos permitió establecer que alrededor de un tercio de los municipios de los condados de Miami-Dade y Broward que tienen fuerzas policiales propias sí se sumaron al programa. Entre las localidades que firmaron acuerdos figuran Coral Gables, Hialeah, Davie, Hollywood y Sweetwater.
Qué establece el programa 287(g) y por qué genera controversia en Florida
El programa 287(g) habilita la colaboración entre las autoridades migratorias federales y determinadas fuerzas policiales locales mediante acuerdos de capacitación y delegación de funciones.
Según los datos federales citados por el Miami Herald, Florida tiene la segunda mayor cantidad de acuerdos 287(g) de Estados Unidos, solo por detrás de Texas, un estado considerablemente más grande.
Una ley estatal firmada por DeSantis en 2022 establece expresamente la obligación de incorporarse al programa para las oficinas de los alguaciles y los centros de detención de los condados. En cambio, el texto no dispone de manera explícita que todos los municipios deban suscribir acuerdos con el ICE.
De acuerdo con el medio, 11 municipios sin acuerdos que no recibieron presiones ni amenazas de los dirigentes estatales para incorporarse.
ICE en Doral y Miami: las alianzas generan resistencia entre los residentes
Las ciudades que sí firmaron acuerdos con el ICE también enfrentan cuestionamientos de residentes, activistas y dirigentes comunitarios que reclaman el fin de la colaboración.
En Miami y Doral, las críticas se concentran en las consecuencias que estos convenios podrían tener sobre la confianza de los habitantes en las fuerzas policiales. Los opositores sostienen que la participación de agentes locales en tareas migratorias puede generar temor entre las comunidades inmigrantes y desalentar la denuncia de delitos.
Según los críticos del programa, algunas víctimas podrían evitar acudir a la policía por miedo a que sus datos o su situación migratoria terminen vinculados con las autoridades federales.
En Doral, residentes, representantes de organizaciones sociales y líderes comunitarios acudieron al ayuntamiento para exigir que la alcaldesa Christi Fraga y el concejo municipal abandonen el acuerdo 287(g).
Florida: los incentivos económicos del ICE no garantizan nuevas adhesiones
Según la información publicada por el Miami Herald, el ICE ofreció a los departamentos policiales un pago inicial de 100.000 dólares, además del reembolso de los salarios de los agentes participantes.
Sin embargo, no estaba claro si esos fondos fueron solicitados o distribuidos hasta la fecha del relevamiento. Tanto Doral como Indian Creek informaron que no recibieron dinero de las autoridades federales por su participación en el programa.
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