La ley de Florida es clara: qué pasa si tu vecino vuela un dron encima de tu patio y la pena por vigilancia ilegal

La ley de Florida, conocida como Freedom from Unwarranted Surveillance Act, castiga con cárcel a quien use un dron con cámara para vigilar a las personas que están en una propiedad privada sin su consentimiento escrito, mientras que el simple sobrevuelo sin ese propósito queda fuera de la prohibición.

Las penas rigen desde el 1° de octubre de 2025, cuando entró en vigor la ley HB 1121 firmada por Ron DeSantis que modificó la sección 934.50 de los Estatutos de Florida. Hasta entonces, esa norma solo permitía reclamos civiles. La protección alcanza por igual a propietarios, inquilinos, ocupantes e invitados.

El texto vigente de la sección 934.50 define la vigilancia como la observación de personas con nitidez suficiente para conocer su identidad, hábitos, conducta, movimientos o paradero. También abarca la observación de una vivienda que permita identificar sus rasgos o saber si hay alguien adentro.

La infracción exige que se reúnan tres condiciones:

• El dron lleva un dispositivo capaz de registrar imágenes, incluidas cámaras térmicas o infrarrojas.
• Quien lo opera tiene la intención de vigilar a las personas o la propiedad.
• La persona grabada no dio su consentimiento por escrito.

La norma presume que hay expectativa razonable de privacidad cuando alguien no puede ser visto desde el suelo por una persona ubicada en un lugar donde tiene derecho a estar, aunque sea visible desde el aire. Un patio trasero rodeado por una cerca alta queda cubierto por esa presunción; un jardín delantero que se ve desde la acera, no.

Según el resumen oficial del Senado de Florida, la ley HB 1121 se aprobó por unanimidad en ambas cámaras: 37 votos a 0 en el Senado y 114 a 0 en la Cámara de Representantes. Las sanciones penales quedaron escalonadas:

• Vigilar de manera deliberada es un delito menor de primer grado, con hasta un año en la cárcel del condado y US$1000 de multa.

• Difundir intencionalmente las imágenes es un delito grave de tercer grado, con hasta cinco años de prisión y US$5000 de multa.

Esas penas no se aplican a agencias estatales, gobiernos locales ni policías que actúen dentro de sus funciones.

La vía civil se suma a la penal. El afectado puede demandar por daños compensatorios, pedir una orden judicial que frene la conducta y reclamar daños punitivos cuando corresponda. La parte que gane el juicio puede cobrar a la otra honorarios razonables de abogado, y un inquilino puede demandar por su cuenta, sin depender del dueño.

El proyecto tramitado en el Senado estatal incluía una cláusula que autorizaba a los residentes a usar fuerza razonable contra un dron que vigilara a menos de 500 pies sobre su propiedad. El análisis del personal legislativo advirtió que esa cifra chocaba con el límite de 400 pies fijado para drones pequeños por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). La cláusula no figura en el texto vigente.

En 2016, la FAA confirmó a Forbes que considera un delito federal derribar un dron, al tratarlo como una aeronave protegida por la ley contra el sabotaje aéreo, según recogió Popular Science. La ley estatal no contempla, por lo tanto, una autorización para neutralizar el aparato por cuenta propia.

La sección 934.50 volvió a modificarse en 2026. La ley 2026-177, vigente desde el 1° de julio, precisó que la policía puede obtener órdenes judiciales para revisar con drones zonas donde podrían hallarse pruebas de un delito, sin cambios en las reglas que rigen para los particulares.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.