Ley de inmigración de Florida: una corte federal bloquea una sección clave de la norma promovida por Ron DeSantis

Un tribunal federal de Florida bloqueó la sección 10 de la ley antiinmigración SB-1718. En específico, ese artículo de dicha normativa imponía sanciones severas a todos aquellos que ayuden a trasladar a uno o más migrantes de forma ilegal a través de la frontera. Además, establecía la detención de la persona hasta que una corte dictamine su libertad.

El fallo judicial del 22 de mayo de 2024 establece que el demandado (el estado de Florida) no debe tomar medidas para hacer cumplir la normativa hasta que se ordene lo contrario. De esta manera, y hasta que un tribunal superior resuelva el conflicto entre las partes, la sección 10 no se encuentra vigente.

El abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Spencer Amdur, dijo que “el tribunal hizo bien en bloquear esta ley insensible y evidentemente inconstitucional, que amenazaba a los floridanos con penas de cárcel por hacer las cosas más comunes, como ir a trabajar, visitar a la familia y llevar a los niños a los partidos de fútbol”. Además, consideró al fallo como una “victoria importante para las comunidades de Florida”, determinó.

“Durante demasiado tiempo, nuestro estado impuso una avalancha de leyes y políticas antiinmigración que perjudican tanto a ciudadanos como a no ciudadanos”, sostuvo Amien Kacou, abogado de la ACLU de Florida. Asimismo, detalló: “Esta orden reconoce el daño irreparable que la SB-1718 está causando a los inmigrantes, las familias y sus comunidades al usurpar inconstitucionalmente los poderes del gobierno federal para someterlos a castigos penales crueles sin previo aviso justo”.

Evelyn Wiese, representante legal de la organización Americans for Immigrant Justice, subrayó que, “por ahora, esta ley injusta e ilegal no puede usarse para criminalizar a la comunidad en general”. Por su parte, Emma Winger, subdirectora jurídica del Consejo Estadounidense de Inmigración, indicó que “es fundamental que los tribunales establezcan un precedente para proteger a estas familias en riesgo”.

Anne Janet Hernandez, abogada supervisora principal del Southern Poverty Law Center, aseguró estar satisfecha con la decisión del tribunal hasta que se resuelva la demanda y recordó: “Esta ley es inconstitucional y pone a nuestros demandantes, a los miembros del FWAF y a la comunidad inmigrante en riesgo de arresto, procesamiento, detención obligatoria y separación familiar”.

El 10 de mayo de 2024, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley SB-1718. Meses antes, una serie de organizaciones habían presentado un recurso para frenar la ejecución de la normativa. Entre ellas se encontraban, la ACLU, Americans for Immigrant Justice, American Immigration Council y el Southern Poverty Law Center. Todas ellas actuaron en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF, por sus siglas en inglés).

Desde ACLU consideraron que la Sección 10 puso a miles de floridanos en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave, “incluso para actos simples como llevar a un miembro de la familia a una cita con el médico o a unas vacaciones familiares”, especificaron en un comunicado de prensa.

Por su parte, los miembros de la FWAF consideraron a la normativa como “uno de los proyectos de ley de inmigración más crueles jamás aprobados en el estado de Florida”, según señalaron en una comunicación. La regla considera un delito grave, con una pena máxima de prisión de 15 años, transportar a personas sin un estatus migratorio regulado. “Esto incluye a las personas que lo acompañan, como amigos, compañeros de trabajo o familiares, incluso si es residente permanente”, explicaron.