Golpe de Pam Bondi a Kathy Hochul: la demanda por bloquear una de las tácticas más recientes del ICE en Nueva York
El Departamento de Justicia de EE.UU. hizo una presentación en donde apuntó contra una ley y dos órdenes ejecutivas del Estado Imperia; sostiene que beneficia a indocumentados
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LA NACION
La fiscal general Pamela Bondi presentó una demanda federal contra la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por una ley estatal que, según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), entorpeció deliberadamente los operativos de detención de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La iniciativa legal cuestiona una norma clave y se inscribe en una ofensiva más amplia contra las denominadas “ciudades santuario”.
El núcleo de la disputa entre Bondi y Hochul: la “Protect Our Courts Act”
La legislación impugnada, conocida como “Protect Our Courts Act” (POCA), fue sancionada por el estado de Nueva York en 2020 y tiene como objetivo evitar que los inmigrantes indocumentados sean arrestados por autoridades federales mientras asisten a audiencias judiciales, o durante su trayecto hacia o desde los tribunales.
Según la denuncia presentada el jueves 12 de junio de 2025 por el DOJ, esta ley —junto a dos órdenes ejecutivas emitidas por la administración de Nueva York— representa una interferencia directa con la capacidad federal para hacer cumplir las leyes migratorias.
La fiscal general Pam Bondi sostuvo que “las políticas de santuario son la raíz del caos que se ha visto en California, y Nueva York está siguiendo el mismo camino al impedir que se detenga a inmigrantes ilegales que representan una amenaza para la seguridad pública”.
El gobierno federal argumentó que la POCA no solo protege a las personas acusadas de estar en el país norteamericano de manera irregular, sino que también ampara a cualquier familiar o conviviente de un testigo o parte involucrada en un proceso judicial. Esta definición, según la demanda, es deliberadamente amplia y deja a los agentes del ICE expuestos a sanciones penales y civiles si realizan arrestos sin cumplir con los criterios estatales, aunque tengan respaldo federal.
Las normas de Nueva York bajo la lupa, según el DOJ
Además de la POCA, la demanda federal apuntó contra otras dos disposiciones del Ejecutivo neoyorquino:
- Orden Ejecutiva 170.1: extendió las limitaciones de la POCA a todas las “instalaciones estatales”, es decir, cualquier edificio bajo administración del estado. Impuso que los agentes federales de inmigración solo pueden realizar arrestos civiles en estos espacios si cuentan con una orden judicial o si el procedimiento está vinculado con una causa específica en esa instalación.
- Orden Ejecutiva 170: establecida en 2017, esta orden prohíbe a los empleados públicos del estado compartir información con autoridades federales de inmigración, excepto cuando una ley lo exija expresamente.
Estas tres regulaciones, combinadas, crearon un entorno donde las agencias federales, según el DOJ, “no pueden operar con normalidad” y enfrentan dificultades para llevar adelante su labor.
La base constitucional del reclamo
El Departamento de Justicia basó su presentación en la Cláusula de Supremacía, estipulada en el artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que las leyes federales prevalecen sobre las leyes estatales. Desde esta perspectiva, se plantearon tres fundamentos principales:
- Obstaculización del cumplimiento federal: las disposiciones de Nueva York interferirían con los objetivos legislativos del Congreso, al dificultar la ejecución de detenciones autorizadas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
- Regulación inconstitucional del gobierno federal: según la doctrina de inmunidad intergubernamental, los estados no pueden imponer condiciones al funcionamiento de las agencias federales. Nueva York, sin embargo, dictaría los lugares y las condiciones bajo las cuales el ICE puede operar.
- Discriminación contra el gobierno federal: las normas impugnadas apuntarían exclusivamente a las autoridades migratorias federales, a quienes se les prohíbe el acceso a datos que sí podrían estar disponibles para otras agencias, lo que representaría un trato desigual.
El DOJ remarcó que “la expulsión de inmigrantes irregulares es una competencia exclusivamente federal”, al citar incluso declaraciones anteriores del propio estado de Nueva York que reconocían ese principio. Además, subrayaron que la colaboración entre gobiernos estatales y federales es un pilar fundamental del sistema de inmigración en Estados Unidos.
El contexto nacional y los pedidos del gobierno federal
La ofensiva legal forma parte de una estrategia más amplia del Departamento de Justicia para revertir políticas de “ciudades santuario”. En mayo de este año, la administración federal ya había demandado a varios municipios de Nueva Jersey por razones similares. La querella actual lleva la firma del recién confirmado asistente del fiscal general, Brett Shumate.
Entre las medidas solicitadas al tribunal, el gobierno de Estados Unidos pidió que se declare ilegal e inaplicable la POCA y las órdenes ejecutivas 170 y 170.1, y que se emita una orden judicial permanente que impida su ejecución. También solicitó el reembolso de los costos legales asociados al proceso.
Según el comunicado oficial del DOJ publicado el 12 de junio de 2025, el objetivo de esta demanda es proteger la seguridad pública y restablecer el equilibrio legal entre los gobiernos estatal y federal. En palabras de la fiscal general Bondi: “Nos negamos a aceptar este flagrante desprecio por el estado de derecho en cualquier rincón de Estados Unidos”.
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