Así pueden afectar a Illinois los decretos ejecutivos de Trump sobre inmigración y deportación masiva

Las nuevas medidas migratorias anunciadas por el presidente Donald Trump implementan deportaciones masivas, lo que pondrá en riesgo la economía y la vida cotidiana de diversas localidades en Illinois. Con más de 1,8 millones de inmigrantes que constituyen el 15% de la población estatal, las órdenes ejecutivas cambian la situación de las familias.

Esta promesa de intensificar las deportaciones genera no solo temor entre la comunidad migrante, sino también una enorme preocupación en sectores económicos que dependen de esta mano de obra.

Illinois cuenta con una de las comunidades migrantes más importantes de Estados Unidos. De acuerdo con datos del Censo, el 15% de los residentes del estado nació en el extranjero, lo que equivale a aproximadamente 1,88 millones de personas. De este grupo, un 25% no tiene autorización legal para residir en ese país, lo que los convierte en el principal objetivo de las nuevas medidas migratorias.

Chicago, en particular, concentra un 17,7% de población nacida fuera del país, consolidándose como una de las áreas metropolitanas más diversas de la región. Sin embargo, también es una de las principales zonas bajo la lupa de las autoridades migratorias.

La posible deportación masiva de inmigrantes podría tener un efecto devastador en la economía del estado. Actualmente, los inmigrantes indocumentados representan el 40% de la mano de obra en sectores como la agricultura, construcción y servicios. Una reducción drástica de esta fuerza laboral podría traducirse en pérdidas estimadas en más de 315 millones de dólares anuales, según un análisis del Consejo Americano de Inmigración.

“Si estas personas son deportadas, las consecuencias no serán solo económicas, sino profundamente sociales. La separación de familias, el cierre de negocios y una drástica reducción en el consumo local serán inevitables”, alertó este fin de semana Delia Ramírez, representante del Comité de Seguridad Nacional, durante una conferencia de prensa.

Ramírez, hija de migrantes guatemaltecos, destacó que el miedo se utiliza como una herramienta de intimidación en este contexto. Su postura adquiere un tinte personal: su esposo es beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el programa implementado en 2012 por la administración de Barack Obama, que protegió, hasta ahora, a medio millón de jóvenes de la deportación.

“Lo que la retórica anti inmigrante y la gente de todo este país quieren hacer en este momento es dividirnos, y todos nosotros, en Chicago, elijamos el amor en lugar del odio. Elijamos la unidad en lugar de la división”, destacó Ramírez.

El gobernador JB Pritzker manifestó que su oposición a las medidas federales, al destacar que Illinois se mantendrá como un estado santuario. “Lo que está haciendo esta administración es inconstitucional. Defenderemos los derechos de quienes contribuyen activamente a nuestras comunidades”, declaró en NBC.

Por su parte, organizaciones como la Coalición de Illinois pro Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés) trabajan intensamente para proteger a los migrantes. Talleres como “Conozca sus derechos” instruyen a las personas sobre cómo actuar en caso de una redada, mientras equipos de vigilancia comunitaria documentan incidentes en tiempo real.

Luis, un inmigrante indocumentado que vive en Illinois hace más de 15 años, expresó su preocupación. “Tengo miedo de ser separado de mis hijos. Esta incertidumbre nos está afectando a todos. Tratamos de vivir tranquilos, pero es difícil”, confesó a First Alert4.

El abogado experto en migraciones, Ezequiel Hernández, aclaró en Univision que el proceso de deportación, con las nuevas órdenes, es rápido y prácticamente irreversible: “Tras una detención en la calle, el caso pasa a la oficina de ICE, y la exclusión del país ocurre en poco tiempo”.

El especialista indicó que las personas afectadas deben esperar al menos cinco años fuera de Estados Unidos para ser elegibles para beneficios migratorios: “Aunque la ley permite presentar pruebas de más de dos años de residencia, la evidencia puede incluir desde recibos de inscripción en clubes hasta registros escolares de los hijos, lo que puede ser complicado para quienes llegaron recientemente”, concluyó.