JB Pritzker, gobernador de Illinois, sobre la nueva regla de carga pública para la green card: “Está mal”

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, cuestionó la regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre inadmisibilidad por carga pública, que entró en vigor el 18 de septiembre y reemplazó el marco regulatorio de 2022. En una entrevista reciente, aseguró que el cambio “está mal” y advirtió sobre sus posibles impactos.

La normativa amplió la discreción de los oficiales al evaluar si una persona puede ser considerada inadmisible bajo este criterio. Esta semana, Illinois se sumó a una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia que presentó una demanda para impugnar la medida.

En una entrevista con Ilia Calderón para Univisión N+, el gobernador de Illinois se refirió a los posibles impactos de las nuevas directrices. “Este cambio de política por parte de la administración Trump, que entraría en vigor en unos días, permitiría un amplio margen para negar visas a personas, incluso para obligar a marcharse a quienes están aquí legalmente”, expresó.

Luego, profundizó sobre las consecuencias para las familias mixtas, compuestas por inmigrantes sin un estatus regular y personas que son ciudadanas estadounidenses. “Hay muchas circunstancias en las que hay un inmigrante en este país que tiene un hijo que es un ciudadano estadounidense, y la administración Trump podría simplemente echar a la familia”, explicó.

En esa línea, agregó: “¿Qué haces con tu niño que es ciudadano cuando echan a la familia? También sacarían de EE.UU. al niño ciudadano. Eso es lo que quieren hacer, y es una barbaridad".

La regla de carga pública no modifica la ciudadanía de los hijos nacidos en Estados Unidos ni establece su deportación. Pritzker planteó esa salida del país como una posible consecuencia para familias que decidieran permanecer juntas si uno de sus integrantes pierde la posibilidad de ingresar o ajustar su estatus. Para concluir, sostuvo que “no deberían haber cambiado las normas”, y añadió que la actualización “está mal”.

La base legal de la nueva normativa, establecida en la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), permite al gobierno considerar como inadmisible a una persona que “podría convertirse en una carga pública en algún momento”.

Para llegar a esta conclusión, el oficial del Uscis debe analizar el conjunto de las circunstancias y realizar una valoración orientada hacia el futuro. Entre los elementos obligatorios figuran:

• Edad: puede influir en la capacidad laboral o en la disponibilidad de recursos para la jubilación.
• Salud: se utilizará la información correspondiente a los exámenes médicos de inmigración.
• Situación familiar: la composición del hogar permitirá valorar las necesidades económicas de la familia.
• Activos y recursos financieros: los ingresos, propiedades, ahorros, inversiones y deudas servirán para establecer la situación financiera.
• Educación y habilidades: títulos académicos, certificaciones profesionales, licencias, capacitación laboral, cartas de recomendación y documentación sobre experiencia profesional pueden aportar información sobre la capacidad de incorporarse al mercado laboral.

La regla se aplica a las solicitudes de admisión presentadas desde el 18 de septiembre y a las de ajuste de estatus enviadas por correo o electrónicamente desde esa fecha.

A partir de ese momento, los oficiales pueden considerar, dentro del análisis total de las circunstancias, si el propio solicitante pidió, fue aprobado o certificado para recibir, o recibió beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, incluidos algunos que estaban excluidos bajo el marco de 2022.

Otro eje de la entrevista consistió en el impacto de las redadas de control migratorio llevadas a cabo en Chicago y otras partes de Illinois bajo la Operación Midway Blitz.

“Nuestras comunidades fueron realmente aterrorizadas. Desde mi perspectiva, tenemos mucho trabajo que hacer para volver atrás sobre lo que le hicieron a las personas, porque las redadas continúan, y las personas se sienten amenazadas”, manifestó.

Asimismo, Calderón consultó a Pritzker sobre el alcance de la cooperación policial con las agencias federales y cómo pueden defenderse los estados con políticas santuario frente a las acciones migratorias del gobierno de Trump.

“El gobierno federal está atacando comunidades alrededor de EE.UU., y los estados solo tienen un poder limitado para detenerlo debido a algo llamado la ‘Cláusula de supremacía’ en la Constitución de EE.UU, por eso no podemos interponernos en el camino del ICE, no podemos detenerlos legalmente”, indicó.

En ese sentido, reparó en que las autoridades estatales pueden “manifestarse y responder pacíficamente”, y luego completó: “Sabemos que proteger a nuestros inmigrantes es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer”.