La ONU sanciona a cuatro personas por la guerra en Sudán, incluidos tres colombianos
El Consejo de Seguridad de la ONU sumó a cuatro personas a su lista de sancionados por la guerra en Sudán, acusándolas de suministrar armas y mercenarios colombianos a las Fuerzas...
El Consejo de Seguridad de la ONU sumó a cuatro personas a su lista de sancionados por la guerra en Sudán, acusándolas de suministrar armas y mercenarios colombianos a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar.
Las sanciones incluyen un embargo de armas, prohibiciones de viaje y congelación de activos.
Las RSF, dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, llevan tres años combatiendo contra el general Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto de Sudán desde el golpe de Estado de 2021.
Uno de sus hermanos, Al-Goney Hamdan Dagalo, "ha prolongado esta guerra al dirigir los esfuerzos de las RSF para adquirir armas y material militar", señaló el comité de sanciones del Consejo de Seguridad.
Agregó que Al-Goney había "contribuido directamente" al asedio de 18 meses de la ciudad de El Fasher, en el norte de Darfur, donde viven "casi dos millones de civiles vulnerables". Un comité de investigación de la ONU afirmó que la violencia en El Fasher presenta "indicios de genocidio".
También fueron sancionados esta semana tres colombianos acusados de reclutar y apoyar a veteranos de ese país para combatir junto a las RSF en todo Sudán.
Álvaro Quijano, un coronel retirado, desempeña un "papel crucial" en el reclutamiento de personas que proporcionan "conocimientos tácticos y técnicos" a las RSF y que sirven como "infantes y artilleros, pilotos de drones, conductores de vehículos e instructores, y algunos incluso entrenan a niños para combatir", según el comité de sanciones.
Quijano cofundó, según informes, la agencia de empleo International Services Agency (A4SI), que ayudó a suministrar "entre 350 y 380 combatientes colombianos, en su mayoría soldados retirados", a las RSF, indicó el comité.
La directora y propietaria de A4SI, Claudia Viviana Oliveros Forero, también fue incluida en la lista de sancionados.
Mateo Andrés Duque Botero, en tanto, está acusado de financiar el despliegue de exmilitares colombianos en Sudán a través de una empresa que dirige, Maine Global Corp., "con el apoyo de empresas radicadas en Estados Unidos".
Su labor incluye "procesar los pagos de nómina de los combatientes colombianos y actuar como intermediario de cambio de divisas" y, en ese marco, ha enviado "numerosas transferencias bancarias por un total de millones de dólares", según el comité de sanciones.
