Redadas en Massachusetts: la medida que tomaron las escuelas para proteger a los migrantes de la deportación

Luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) eliminara las restricciones que desde 2011 protegían espacios como escuelas, iglesias y hospitales de las operaciones migratorias, las instituciones educativas públicas de Worcester, en Massachusetts, anunciaron medidas específicas para evitar cualquier tipo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El objetivo de los establecimientos educativos es claro: proteger a los estudiantes y sus familias de cualquier intervención que pueda interrumpir su educación o generar temor en las comunidades inmigrantes. Las nuevas medidas e información sobre el estatus migratorio de esta comunidad fueron anunciadas por las Escuelas Públicas de Worcester (WPS, por sus siglas en inglés) por medio de un comunicado.

El 21 de enero, el DHS emitió nuevas directrices que permiten a los agentes del ICE realizar arrestos en lugares previamente considerados sensibles, sin necesidad de una aprobación especial.

Según Benjamine Huffman, secretario interino, estas medidas tienen como objetivo dar mayor libertad a las autoridades migratorias para “hacer cumplir la ley y capturar a delincuentes extranjeros”.

Sin embargo, organizaciones civiles, padres de familia y líderes educativos criticaron la decisión y argumentaron que estas medidas podrían generar temor y desconfianza en las comunidades vulnerables.

En respuesta a estas directrices, las Escuelas Públicas de Worcester enviaron una carta a las familias en la cual se detallan las políticas que implementarán para proteger a los estudiantes. Estas medidas incluyen:

• No compartir información con el ICE: los registros de estudiantes no serán entregados a las autoridades migratorias, excepto si se presenta una orden judicial firmada por un juez federal o si los padres otorgan su consentimiento.
• Acceso restringido: agentes del ICE no podrán ingresar a las instalaciones escolares a menos que presenten una orden judicial penal. Órdenes administrativas o relacionadas con la aplicación de leyes migratorias civiles no serán consideradas válidas.
• Protección en paradas de autobús: los conductores de autobuses escolares han recibido instrucciones de no permitir que los estudiantes bajen si se detecta la presencia de agentes del ICE en las paradas.
• Actualización de datos familiares: se ha pedido a los padres mantener actualizada la información de contacto y autorización para que los estudiantes puedan ser retirados de las escuelas solo por sus tutores legales.
• Capacitación al personal: directores, maestros y otro personal escolar han recibido formación específica sobre cómo manejar posibles interacciones con agentes migratorios y apoyar a los estudiantes afectados.

Rachel Monarrez, superintendente de las WPS, destacó que estas medidas buscan garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a un ambiente seguro y libre de intimidación.

“Los directores y el personal escolar han recibido orientación detallada sobre cómo proteger los derechos del alumnado, responder a las interacciones con ICE y apoyar a los estudiantes cuyos padres o tutores puedan ser detenidos durante el día escolar. Nos comprometemos a brindar un entorno seguro y de apoyo donde todos los niños puedan tener éxito”, afirmó en el comunicado.

La maestra Solimar López, en entrevista con WBZ-TV, perteneciente a la cadena CBS News, expresó su preocupación por el impacto emocional que estas políticas podrían tener en el alumnado: “Es triste, decepcionante y aterrador para los estudiantes. Estamos aquí para mantener seguros a nuestros niños y el hecho de poder controlarlo es algo que está fuera de nuestro alcance”.

En Massachusetts, las autoridades locales no están obligadas a colaborar con el ICE en detenciones migratorias basadas únicamente en órdenes civiles. Esto se debe a un precedente legal establecido en 2017 por el caso Lunn v. Commonwealth, donde la Corte Suprema de Justicia del estado determinó que:

• Órdenes de detención civil del ICE. No otorgan autoridad a las fuerzas del orden locales para realizar arrestos o retenciones más allá del tiempo permitido por la ley estatal.
• Cambios en estas políticas. Siempre deben ser implementados por la Legislatura estatal y no por los tribunales.

Las escuelas públicas de Massachusetts mostraron su compromiso con la protección de los derechos de los estudiantes al implementar medidas claras frente a las nuevas políticas migratorias.

Mientras continúan los debates sobre el alcance de las acciones del ICE, estas instituciones se posicionan, según sus palabras, como un espacio seguro para los niños y sus familias.