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El caso de un extranjero llevado a la Corte Suprema por un pedido de asilo que genera división en EE.UU.
El tribunal analizará si preparar comidas para una organización terrorista constituye apoyo material, luego de la división judicial en instancias anteriores
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LA NACION
El caso de Izuchukwu Ozurumba, un ciudadano de Nigeria que solicitó asilo en Estados Unidos, llegó a la Corte Suprema por su trabajo como cocinero para los líderes de una organización terrorista. El expediente genera debate por la polémica de si preparar alimentos para ese grupo constituye apoyo material a sus actividades delictivas o no, en un contexto de disputas judiciales por deportaciones.
Por qué la Corte Suprema revisará el pedido de asilo de Izuchukwu Ozurumba
- Según informó NBC News, el gobierno de Donald Trump pidió al máximo tribunal que revoque cualquier decisión favorable al nigeriano.
- Un tribunal de apelaciones concluyó que el trabajo del hombre no alcanzaba para impedirle solicitar protección por sus presuntos vínculos con los Unknown Gunmen, un grupo armado de su país natal.
El registro oficial de la Corte Suprema confirmó que los magistrados aceptaron revisar la petición el 13 de octubre. El expediente lleva el número 25-1343 y enfrenta al gobierno federal con Ozurumba.
El conflicto surge de una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que impide acceder al asilo a quienes proporcionan apoyo material a una organización terrorista.
La norma enumera ejemplos como armas, dinero, transporte y entrenamiento, pero no define expresamente qué representa el término.
División judicial por el migrante que cocinaba para un grupo terrorista y pidió asilo
El Tribunal Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito falló a favor del migrante el 2 de septiembre de 2025. Dos jueces consideraron que cocinar con alimentos provistos por los líderes del campamento no demostró una contribución sustancial a sus actividades terroristas.
Por eso, anularon la orden administrativa de expulsión y devolvieron el expediente para nuevas actuaciones.
De acuerdo con Associated Press, el Departamento de Justicia sostuvo ante la Corte Suprema que proporcionar comidas a integrantes de un grupo terrorista representa una ayuda comparable a suministrar combustible para sus vehículos.
La administración también alegó que la sentencia del Cuarto Circuito contradice decisiones de al menos otros tres circuitos judiciales.
La defensa cuestionó esa interpretación. Aimee Mayer-Salins, abogada del Amica Center for Immigrant Rights, advirtió en declaraciones a NBC News que el criterio gubernamental dificultaría la búsqueda de refugio de personas que escapan de la persecución.
A su entender, hasta las colaboraciones más insignificantes podrían convertirse en motivos de exclusión. Dentro del mismo tribunal de apelaciones hubo desacuerdo.
El juez Richardson votó en disidencia y consideró relevante la cantidad de alimentos preparados: calculó alrededor de 8000 comidas para los responsables del campamento.
Para el magistrado, alimentar a los líderes durante meses satisfizo una necesidad esencial de la organización, aunque la comida no se destinara a un ataque específico.
Los otros dos jueces, Wynn y Berner, rechazaron ese criterio. En el fallo del Cuarto Circuito, la mayoría describió a Ozurumba como un trabajador cautivo y señaló que sus tareas no contribuyeron a planificar ni ejecutar atentados.
El desacuerdo forma parte de la discusión sobre los pedidos de asilo ante la Corte Suprema.
Cómo llegó el migrante nigeriano a trabajar para los Unknown Gunmen
En 2022, Ozurumba buscaba empleo después de atravesar dificultades económicas en Nigeria. En su declaración judicial, afirmó que estaba “desesperado por un trabajo mejor”.
Un conocido le ofreció un puesto de cocinero sin precisar quién lo contrataría. El hombre llegó a un campamento rural con guardias armados y aceptó preparar tres comidas diarias para entre 15 y 17 dirigentes.
El testimonio recogido en la sentencia indica que descubrió después las actividades violentas del grupo. Los guardias controlaban las salidas y, cuando intentó dejar el puesto, sus responsables se lo impidieron.
Trabajó unos seis meses, incluidos tres sin recibir sueldo, hasta encontrar una oportunidad de fuga durante una salida para comprar provisiones.
El migrante denunció amenazas posteriores y varios episodios de intimidación. En Lagos, cuatro hombres lo golpearon con palos y cuchillos tras interceptarlo a la salida de una iglesia.
También afirmó que miembros del grupo fueron a buscarlo a viviendas donde se refugiaba y amenazaron con matarlo.
Qué pasó con su solicitud de asilo y su deportación de EE.UU.
El nigeriano viajó a Venezuela y luego cruzó la frontera sur estadounidense en julio de 2023. Se entregó a los agentes de la Patrulla Fronteriza y pidió protección frente al riesgo de regresar a Nigeria.
Un juez de inmigración rechazó la petición en marzo de 2024. La Junta de Apelaciones de Inmigración ratificó la decisión y sostuvo que el trabajo del solicitante encajaba en la prohibición de apoyo material.
Según la sentencia, las autoridades también desestimaron su reclamo de protección bajo la Convención contra la Tortura.
Las autoridades estadounidenses lo deportaron a Nigeria el 1° de abril de 2025, mientras su recurso seguía en trámite. Tras el fallo favorable de septiembre, sus abogados solicitaron que pudiera regresar a EE.UU.
El tribunal de apelaciones dejó esa cuestión en manos de las autoridades migratorias. NBC News indicó que la defensa no reveló dónde se encuentra el hombre por razones de seguridad.
La Corte Suprema escuchará los argumentos de las partes y prevé emitir su sentencia antes de que termine su período judicial, en junio.
Los jueces deberán resolver cómo interpretar el concepto de apoyo material en la legislación migratoria y si el criterio del Cuarto Circuito corresponde al caso de Ozurumba.
LA NACION
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