Llegaron a EE.UU. como refugiados, pero el Uscis canceló su estatus e inició la deportación y ahora demandan al DHS

Un reciente fallo de una corte de apelaciones reabrió una vía judicial para una mujer y su hijo que ingresaron a Estados Unidos como refugiados en 2005 antes de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) cancelara su estatus e iniciara su proceso de expulsión. Los demandantes buscan que los jueces revisen la decisión para impugnar la revocación de su estatus original.

Agnes Mukantagara llegó a territorio estadounidense en 2005 acompañada por su hijo menor de edad, Ebenezer Shyaka, bajo el programa de protección a refugiados. Sin embargo, dos años después, el Uscis congeló su estatus e inició una investigación que concluyó en 2016 con la revocación de su estatus de refugiada bajo la cláusula legal conocida como la “barra de perseguidores”, según consta en la demanda Mukantagara v. Mullin.

Para revocar su estatus, las autoridades federales alegaron una presunta participación de Mukantagara en el genocidio ruandés de 1994. La mujer negó las acusaciones en su contra y sostuvo que las declaraciones se basaron en testimonios falsos impulsados por motivaciones políticas vinculadas al partido gobernante de Ruanda.

La cancelación del estatus desencadenó procedimientos de remoción contra ambos. En los tribunales de inmigración, un juez halló creíble el testimonio de Mukantagara y le otorgó el asilo.

Pese a este giro positivo, la corte denegó la protección a su hijo Shyaka debido a que había superado el límite de edad (21 años) durante los más de 10 años que duró la investigación gubernamental. Si bien el juez le negó la protección migratoria, Shyaka presentó una petición de revisión ante el Décimo Circuito, pero su recurso fue suspendido hasta que se resuelva la demanda principal.

Ante la pérdida de su protección inicial y la orden de remoción en curso, la madre y el hijo demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Uscis en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Utah. La medida se ampara en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) para impugnar la revocación de su estatus original.

Inicialmente, el tribunal de distrito desestimó el caso al considerar que la legislación federal prohibía la revisión judicial de decisiones discrecionales de la agencia migratoria.

No obstante, el 5 de octubre, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito revirtió la desestimación en su decisión sobre el caso Mukantagara v. Mullin. El juez de circuito Gregory A. Phillips, en representación de la mayoría, estableció que el proceso para revocar el estatus de refugiado consta de dos pasos diferenciados:

• Un análisis obligatorio y no discrecional: determinar si la persona realmente no cumplía con la definición legal de “refugiado” al momento de su ingreso al país.
• Una decisión discrecional: decidir si, luego de un fallo en el criterio anterior, la agencia opta por retirar el estatus o mantenerlo.

Dado que Mukantagara y Shyaka cuestionaron únicamente el primer paso de carácter no discrecional al sostener que la conclusión sobre el genocidio fue errónea y que sí eran refugiados legítimos al ingresar, el Décimo Circuito concluyó que la ley no prohíbe la revisión de los jueces. Con esta resolución, la demanda regresa al tribunal de distrito para ser analizada en cuanto al fondo del asunto.

En este proceso judicial, Mukantagara y su hijo solicitan que la justicia federal anule la decisión del Uscis que le revocó su estatus de refugiada. Ahora que la corte de apelaciones determinó que los tribunales sí tienen competencia jurídica para evaluar la decisión del Uscis, el juez de distrito de Utah deberá examinar el fondo del asunto para determinar si las pruebas demostraban legalmente que Mukantagara no era una refugiada legítima cuando entró a EE.UU. en 2005.