El DOJ demanda a seis mexicanos naturalizados para quitarles la ciudadanía de EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos presentó demandas para quitarles la ciudadanía a 10 personas naturalizadas, entre ellas seis nacidas en México. El Departamento de Justicia sostiene que obtuvieron ese estatus de manera ilegal o mediante el ocultamiento de información y declaraciones falsas, aunque las acusaciones todavía deben ser resueltas por los tribunales.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado el pasado lunes 20 de julio en el que reveló que presentó demandas de revocación en varios tribunales de distrito contra 10 personas acusadas de delitos graves.

Las demandas contra las personas, de entre 44 y 65 años, fueron presentadas durante los últimos 30 días. Según el gobierno, los acusados no cumplían con las condiciones legales para naturalizarse o habrían ocultado conductas e información que podían impedirles obtener la ciudadanía.

“Cada uno de estos individuos carecía de la buena conducta moral exigida por la ley y consiguió la ciudadanía mediante declaraciones falsas deliberadas y ocultando sus delitos”, indicó el fiscal general interino Todd Blanche.

Luego, remarcó que la administración Trump intensificará la labor para detectar casos en los que se pueda revocar el estatus. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, este DOJ seguirá impulsando enérgicamente la revocación de la ciudadanía para restaurar la integridad del proceso de naturalización en Estados Unidos”, sostuvo.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, afirmó que las personas demandadas abusaron del sistema migratorio y sostuvo que su agencia buscará impulsar tanto la desnaturalización como su eventual expulsión del país.

“Estos extranjeros delincuentes, entre los que se incluyen narcotraficantes, pedófilos y estafadores, perdieron el derecho a la ciudadanía y abusaron de nuestro sistema de inmigración, perjudicando a ciudadanos estadounidenses legítimos. El DHS está comprometido a garantizar la revocación y la expulsión de estos estafadores con todos los recursos a nuestro alcance”, afirmó.

En el documento, el DOJ compartió la identidad y los antecedentes de los seis mexicanos que pronto podrían ser desnaturalizados:

• Ceflo Luviano-Mojica (60 años): en 1998, se declaró culpable y fue condenado en el Distrito Norte de Georgia por, entre otros delitos, proporcionar información falsa en una solicitud de naturalización.
• Urbano Vázquez Ortega (53 años): condenado por abusar sexualmente de menores.
• Antonio Alcantara-Ruiz (53 años): antes del proceso de naturalización, adquirió documentos de identidad de otro ciudadano mexicano y los utilizó para obtener una green card de reemplazo que contenía su fotografía y huella dactilar.
• Omar Cantú-Montalvo (44 años): al solicitar la naturalización en julio de 2005, declaró que nunca había cometido un delito por el que no hubiera sido arrestado. Reiteró esta afirmación durante su entrevista posterior. En 2016, se declaró culpable ante un tribunal federal de distrito de poseer con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, conspiración a la que se unió en abril de 2005, pocos meses antes de solicitar la naturalización.
• Francisco Montano (59 años): “Condenado en un tribunal estatal de Texas por dos cargos de agresión sexual agravada y cuatro cargos de actos indecentes con un menor”, según informó Univision.
• Martin Garcia Cardiel (60 años): en 2022, un jurado en Utah lo declaró culpable de 19 cargos de abuso sexual agravado de menores, por actos cometidos en 2007.

La legislación estadounidense permite al gobierno solicitar ante un tribunal federal la revocación de una naturalización cuando sostiene que fue obtenida ilegalmente, mediante el ocultamiento de un hecho relevante o a través de declaraciones falsas deliberadas.

Entre los supuestos posibles se encuentran los matrimonios simulados y la omisión de información que habría impedido aprobar la solicitud.

La comisión de un delito no provoca automáticamente la pérdida de la ciudadanía. Para obtener la desnaturalización, el gobierno debe demostrar, entre otros posibles fundamentos, que la conducta impedía legalmente la naturalización o que fue ocultada durante el procedimiento.

El Departamento de Justicia estableció como prioridades casos relacionados con:

• Riesgos para la seguridad nacional.
• Crímenes de guerra, tortura o violaciones de derechos humanos.
• Fraudes contra organismos o programas gubernamentales.

Si un tribunal ordena la revocación, la pérdida de la ciudadanía tiene efecto desde la fecha original de la naturalización. La situación migratoria posterior dependerá de los antecedentes de cada caso.