Alerta migratoria en EE.UU.: el plan de Trump para revocar la ciudadanía a naturalizados y quiénes podrían perderla
La directiva busca anular el estatus a personas que cometieron delitos o que habrían obtenido la nacionalidad mediante fraude
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LA NACION
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) identificó a 384 personas nacidas en el extranjero cuya ciudadanía estadounidense podría ser revocada y puso en marcha una estrategia para avanzar con estos casos en tribunales federales. El organismo, bajo la administración de Donald Trump, busca acelerar los procesos de desnaturalización mediante el despliegue de abogados en oficinas regionales.
¿Qué comunicó el Departamento de Justicia sobre la desnaturalización?
Altos funcionarios del DOJ informaron a sus colegas sobre la iniciativa durante una reunión celebrada la semana previa al 23 de abril. En ese encuentro, indicaron que abogados especializados en litigios civiles de 39 oficinas regionales recibirían la tarea de presentar demandas de privación de la nacionalidad, explicó The New York Times.
Un funcionario con conocimiento del anuncio, que no estaba autorizado a hablar públicamente, dio cuenta de la comunicación interna al diario neoyorquino. A su vez, dos personas más confirmaron el plan de intensificar las desnaturalizaciones.
Durante esa misma reunión, Francey Hakes, directora de la Oficina Ejecutiva de Fiscales de Estados Unidos, describió a las 384 personas identificadas como “la primera oleada de casos” que el gobierno pretende impulsar.
A su vez, Hakes señaló que varias divisiones civiles de las fiscalías estadounidenses carecen de personal suficiente y enfrentan dificultades por una avalancha de demandas presentadas por migrantes que cuestionan la legalidad de sus detenciones. “Espero que estos casos no representen una carga adicional”, afirmó, y añadió que se trataba de una “medida de la Casa Blanca”. La portavoz de la presidencia, Abigail Jackson, respondió a The New York Times que “no es una iniciativa” del gobierno de Trump, sino que “es una ley federal”.
El 24 de abril, un portavoz del DOJ confirmó la información a NBC News y señaló que el organismo está “enfocado en erradicar a extranjeros criminales que hayan defraudado el proceso de naturalización”. En esa misma declaración, indicó que, bajo la administración de Trump y el liderazgo del fiscal general interino Todd Blanche, el Departamento impulsa “el mayor volumen de derivaciones de desnaturalización en la historia” y busca avanzar “a máxima velocidad” para que los casos sean procesados.
¿Quiénes podrían perder la ciudadanía estadounidense?
La legislación federal permite al gobierno solicitar a un tribunal la revocación de la ciudadanía si fue obtenida de manera fraudulenta. Esto incluye situaciones como matrimonios simulados u ocultamiento de información que habría hecho inelegible al solicitante.
También se puede desnaturalizar a una persona que haya cometido delitos, especialmente en casos que, según el DOJ, incluyen a individuos que:
- Representen un riesgo para la seguridad nacional.
- Hayan participado en crímenes de guerra o tortura.
- Estén vinculados a fraudes contra el Estado, como irregularidades en programas como Medicaid o Medicare.
En todos los casos, el gobierno debe presentar pruebas ante un juez federal mediante procedimientos civiles o penales, lo que hace que el proceso sea difícil y prolongado. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) señala que, en los casos de revocación civil de la naturalización, la carga de la prueba exige evidencia “clara, convincente e inequívoca”.
Los antecedentes de desnaturalización y los casos recientes
Entre 1990 y 2017, el gobierno presentó 305 casos de desnaturalización, con un promedio de 11 por año. Entre 2017 y finales de 2025, intentó retirar la ciudadanía a poco más de 120 personas naturalizadas, según Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia.
En los últimos meses, el gobierno presentó casos contra distintos perfiles de migrantes: un marino de Ghana juzgado por un delito sexual, un argentino acusado de haber obtenido la nacionalidad al afirmar falsamente ser cubano y un nigeriano condenado por dirigir una trama de fraude fiscal.
Frost afirmó que la medida envía el mensaje de que los ciudadanos naturalizados “no tienen los mismos derechos ni la misma estabilidad que los ciudadanos” nacidos en el país norteamericano. También sostuvo que el gobierno utilizó este poder en el pasado para perseguir a personas que considera oponentes políticos.
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