El ICE busca aliados y abrió una campaña para aplicar acuerdos de colaboración con sheriffs locales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó una convocatoria pública para que las oficinas de los sheriffs y otras agencias policiales se sumen a los acuerdos de cooperación. La campaña busca ampliar la participación de las autoridades locales en las tareas de control migratorio.

• La iniciativa se apoya en el programa 287(g), establecido en 1996 mediante una modificación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (INA, por sus siglas en inglés).
• Este mecanismo habilita al ICE a delegar determinadas atribuciones migratorias en oficiales estatales y locales, siempre bajo supervisión federal y dentro de las funciones autorizadas para cada modalidad.

“Cuando su agencia se asocia con el ICE, usted mantiene a su comunidad más segura y obtiene recursos tales como: capacitación gratuita bajo 287(g) y acceso a recursos federales”, detalló la agencia en su campaña publicada en su cuenta de X.

El impulso a estos convenios también responde a la Orden Ejecutiva 14159, emitida en enero de 2025, que instruyó a la agencia federal a ampliar las autorizaciones hasta el máximo permitido por la legislación.

El ICE presenta la cooperación como una herramienta para la seguridad pública, aunque su implementación genera diferencias entre los gobiernos estatales y preocupación en sectores de la población.

El programa contempla tres modalidades de colaboración:

• Modelo de Control en Cárceles (JEM, por sus siglas en inglés): diseñado para identificar y procesar a extranjeros removibles, con cargos penales actuales o pendientes, que fueron arrestados por agencias del orden público estatales o locales.
• Modelo de Grupos de Trabajo (TFM, por sus siglas en inglés): habilita a determinados agentes a ejercer funciones migratorias limitadas durante patrullajes policiales habituales o en operativos coordinados con el ICE.
• Oficial de Servicios de Órdenes Judiciales (WSO, por sus siglas en inglés): autoriza a los oficiales participantes a ejecutar órdenes administrativas de arresto migratorio sobre personas que se encuentran bajo su custodia.

Para ingresar al programa, las agencias deben firmar un memorando de acuerdo con el ICE y designar a los funcionarios que recibirán la capacitación.

Los candidatos deben ser ciudadanos estadounidenses, superar una investigación de antecedentes y acreditar experiencia en la aplicación de las leyes dentro de su jurisdicción.

Sin embargo, la firma de un acuerdo no elimina las diferencias legales entre los estados. Mientras Florida y Georgia han impulsado medidas para fomentar u obligar a las agencias locales a buscar convenios, otros gobiernos establecieron límites a esa cooperación.

Maryland se encuentra entre los estados que tomaron medidas para limitar estos acuerdos. En febrero, el gobernador Wes Moore firmó una ley de emergencia que prohíbe a las fuerzas policiales locales mantener o suscribir convenios 287(g).

La decisión generó cuestionamientos entre funcionarios que consideran que la colaboración permite identificar a personas sujetas a procedimientos migratorios.

“Tenemos una legislatura que favorece a los delincuentes. Todo es a favor de los criminales”, dijo el sheriff del condado de Harford, Jeffrey Gahler. “Nosotros no hacemos el trabajo de ICE. Trabajamos con nuestros socios federales. No los reemplazamos”, explicó.

En Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger ordenó a las agencias estatales de seguridad pública cancelar sus contratos de cooperación con el ICE.

Sin embargo, una resolución judicial del 31 de agosto permitió mantener los 24 acuerdos locales existentes, aunque sostuvo las restricciones para que nuevas jurisdicciones ingresen al programa.

La campaña del ICE también reavivó el debate sobre las consecuencias de involucrar a la policía local en la aplicación de las leyes migratorias.

Residentes y organizaciones advierten sobre posibles detenciones por motivos migratorios y una pérdida de confianza en las fuerzas de seguridad.

“Puede dar miedo a la comunidad, las calles están vacías y sí está todo muy feo por acá”, relató una residente a Univision. “¿Qué tal si me paran a mí y me llaman? No está bueno eso”, agregó otro inmigrante.

Los críticos advierten que la posibilidad de que un control policial derive en una intervención migratoria puede desalentar a algunas personas a denunciar delitos, aportar información o solicitar asistencia a las autoridades. También cuestionan las garantías para proteger los derechos civiles durante los operativos.

“Hemos perdido la confianza completa en cómo maneja esta administración este tipo de acciones. Hemos visto violación de derechos civiles otra vez y otra vez y otra vez, no solamente en Virginia, en todo el país”, dijo Mónica Sarmiento, directora ejecutiva de la organización Vacir.

Con la convocatoria en marcha, el futuro de los acuerdos 287(g) seguirá sujeto a las decisiones de las autoridades policiales, las legislaturas estatales y los tribunales.