Nueva ley migratoria impone tres límites a policías y cárceles para colaborar con el ICE en Maryland

La entrada en vigor de la Ley de Confianza Comunitaria de Maryland modificó las condiciones bajo las cuales las fuerzas de seguridad y los centros penitenciarios estatales y locales pueden colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Su objetivo es establecer una separación entre las agencias en relación con la aplicación de las normas migratorias.

La ley, correspondiente al Proyecto del Senado SB 791, fue aprobada por la Asamblea General después de más de una década de iniciativas impulsadas por organizaciones y activistas. Al ser catalogada como una norma de emergencia, entró en vigor de manera inmediata sin requerir la firma directa del gobernador Wes Moore.

Aunque en el pasado se cancelaron los acuerdos del programa 287(g), la mayor parte de la cooperación entre la policía local y el ICE se realizaba de manera informal, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Sus promotores argumentaron que era necesario trazar una línea clara entre el sistema de justicia penal estatal y la aplicación civil de las leyes federales de migración.

Es por eso que la ley fija tres restricciones centrales:

• Se impide que policías y empleados penitenciarios consulten o investiguen durante sus tareas habituales la ciudadanía, el lugar de nacimiento o la situación migratoria de una persona, salvo cuando esa información resulte necesaria para procedimientos de registro o investigaciones criminales.
• Las autoridades locales no pueden prolongar una detención debido únicamente a una posible infracción migratoria civil o a una solicitud de retención formulada por el ICE. Para hacerlo, la petición debe estar respaldada por una orden judicial válida.
• Los agentes y trabajadores de cárceles no pueden avisar voluntariamente al ICE que una persona permanece bajo custodia ni entregarla físicamente a las autoridades migratorias si no existe una orden judicial o mandato válido.

La normativa también contempla excepciones. Algunas disposiciones relacionadas con la notificación y transferencia no se aplican a determinados “covered convicted individuals”, categoría que incluye a personas condenadas por ciertos delitos graves, delitos que requieren registro como ofensores sexuales o aquellos que implicaron una pena de prisión estatal.

La aplicación de la ley generó una disputa judicial. El 9 de julio, el sheriff del condado de Harford, Jeffrey Gahler, y otros 16 alguaciles presentaron una demanda federal contra la legislación. Los demandantes sostuvieron que las nuevas reglas reducen las herramientas disponibles para las autoridades locales y pueden afectar la coordinación con las agencias federales.

“No quiero tener que abrir la puerta de la cárcel y decir: ‘Bienvenidos de nuevo al condado de Harford. Vayan a victimizarse. Creemos más víctimas’”, dijo Gahler en una entrevista con Fox News. “Eso es una locura”, señaló.

El sheriff planteó que una cárcel podría verse obligada a liberar a una persona que el ICE considera una amenaza, cuando no exista una orden judicial que permita mantenerla detenida para su posterior transferencia. Los alguaciles también cuestionaron el impacto de la norma sobre los acuerdos de cooperación como el programa federal 287(g).

Los demandantes sostuvieron además que las restricciones pueden dificultar el intercambio de información entre organismos locales y federales. Según su presentación judicial retomada por Fox News, la eliminación de determinados mecanismos de cooperación genera obstáculos para coordinar la custodia y transferencia de personas entre distintas autoridades.

“Tenemos una legislatura que favorece a los delincuentes. Todo es a favor de los criminales”, dijo Gahler. “Nosotros no hacemos el trabajo de ICE. Trabajamos con nuestros socios federales. No los reemplazamos”, explicó.

Gahler utilizó como ejemplos los asesinatos de Rachel Morin, ocurrido en 2023 en Bel Air, y Kayla Hamilton, en Aberdeen, en 2022. En ambos casos, personas inmigrantes de El Salvador fueron condenadas por los crímenes.

El sheriff sostuvo que estos hechos muestran las consecuencias que, según su posición, puede tener una reducción de la cooperación entre autoridades. “A aquellos que están del lado de la cuestión que apoya la inmigración ilegal criminal, que votaron por esta tontería de terminar con nuestros acuerdos y crear la Ley de Confianza Comunitaria, no les importa”, dijo a Fox News.

Desde el gobierno estatal, la administración del gobernador Wes Moore afirmó que Maryland no será un lugar de protección para personas que cometan delitos y sostuvo que la legislación busca preservar derechos constitucionales y la dignidad de las personas mientras mantiene la responsabilidad penal por delitos violentos.

“Siempre colaboraremos con la administración federal para que nuestras comunidades sean más seguras, pero que agentes del ICE, sin capacitación, sin cualificación y sin rendir cuentas, arresten a niños de cinco años y separen a madres de sus familias no contribuye a la seguridad de nadie”, dijo Rhyan Lake, estratega sénior de comunicaciones de Moore, en un comunicado a Fox News.