¿Fin de la ciudadanía por nacimiento? Qué estados buscan proteger a los migrantes ante la embestida de Trump

El presidente Donald Trump inició su segundo mandato con una serie de órdenes ejecutivas que generaron controversia a nivel nacional e internacional. Entre estas medidas, destaca la firma de un decreto que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos. Esta acción provocó una respuesta inmediata por parte de varios estados y organizaciones defensoras de los derechos civiles.

La ciudadanía por nacimiento, establecida en la cláusula de ciudadanía de la 14ª Emnienda de la Constitución, garantiza que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana del país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

El decreto de Trump argumenta que los hijos de padres no ciudadanos o no residentes legales no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no deberían recibir la ciudadanía automática, destaca AP.

Esta reinterpretación afecta a niños nacidos de madres migrantes que se residen ilegalmente en el país y cuyos progenitores no son ciudadanos o residentes permanentes legales, así como a aquellos cuyas madres están en Estados Unidos con estatus legal temporal y sus padres tampoco cumplen con estos criterios. La orden prohíbe a las agencias federales reconocer la ciudadanía de estas personas y está programada para entrar en vigor el 19 de febrero de 2025.

La respuesta de los estados: 22 demandas legales

La primera demanda, presentada en Massachusetts por una coalición de 18 estados, entre los que figuran Nueva Jersey, Nueva York y California, argumenta que la orden ejecutiva de Trump vulnera los derechos constitucionales de miles de niños. También señala que esta medida “impondría costos indebidos” a las administraciones locales al comprometer la financiación federal destinada a los seguros médicos infantiles, cuenta BBC.

La querella sostiene que Trump está tratando de desmantelar un “principio constitucional bien establecido y de larga data”. En este sentido, alega: “El presidente no tiene autoridad para modificar o invalidar una enmienda constitucional o una ley debidamente promulgada. Tampoco cuenta con otra base legal para limitar quiénes reciben la ciudadanía estadounidense por nacimiento”, asegura Reuters.

A esta acción legal se han unido el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco. Por otro lado, un grupo formado por Arizona, Oregón, Illinois y Washington presentó una demanda separada en Seattle, enfocada en las implicaciones locales de la medida.

Además de las acciones legales de los estados, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han presentado demandas en tribunales federales. Estas organizaciones sostienen que despojar a los niños nacidos en Estados Unidos de la ciudadanía viola la Constitución y les niega la plena pertenencia a la sociedad estadounidense, analiza BBC.

Expertos legales anticipan que la orden ejecutiva enfrentará desafíos significativos en los tribunales, dado que la ciudadanía por nacimiento está profundamente arraigada en la historia y jurisprudencia de Estados Unidos. Modificar este derecho fundamental requeriría una enmienda constitucional, un proceso complejo que implica la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación por parte de tres cuartas partes de los estados, finaliza el medio.

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