La excepción que permite a la Patrulla Fronteriza de EE.UU. ingresar a propiedades sin orden judicial

En medio de las redadas migratorias actuales que se realizan en todo Estados Unidos, hay dudas del poder que tienen las agencias migratorias. Los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden ingresar a terrenos privados cercanos a la frontera, incluso sin una orden judicial, pero hay limitaciones importantes.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la normativa permite el acceso a terrenos privados dentro del límite de 40 kilómetros desde la frontera sin orden judicial.

Esta disposición facilita las labores de vigilancia y control migratorio en la zona. Sin embargo, en el caso de viviendas o edificaciones habitadas, los agentes requieren una orden judicial o el consentimiento expreso del residente. Aunque puedan ingresar a terrenos abiertos, no tienen permiso para realizar registros sin justificación legal ni dañar la propiedad privada.

El gobierno federal define una “distancia razonable” desde cualquier frontera externa del país como un área de 160 kilómetros. Dentro de esta franja, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tiene facultades ampliadas para realizar controles migratorios sin necesidad de una orden judicial en ciertos casos.

Esta zona cubre aproximadamente dos tercios de la población de Estados Unidos e incluye ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston. Además, estados enteros como Florida, Maine y Hawái están completamente dentro de esta franja, lo que implica que la totalidad de su población puede estar sujeta a inspecciones migratorias.

CBP utiliza distintos métodos de vigilancia y control dentro de la franja de 100 millas, incluyendo:

• Puestos de control en carreteras: la agencia establece puntos de inspección en rutas principales y secundarias donde detiene a conductores y pasajeros para interrogarlos sobre su estatus migratorio.
• Inspecciones en transporte público: los agentes pueden abordar autobuses y trenes para hacer preguntas a los pasajeros y solicitar documentos de identificación.
• Patrullajes móviles: CBP opera vehículos que recorren las carreteras dentro de esta área, realizando detenciones de automóviles cuando consideran que existe sospecha de una infracción migratoria o un delito federal.

A pesar de sus facultades ampliadas de la Patrulla Fronteriza, las personas dentro de esta zona mantienen sus derechos constitucionales.

La ACLU informa sobre los derechos que tienen las personas durante una interacción con la Patrulla Fronteriza:

• Si una persona es detenida o interrogada por agentes, puede solicitar los nombres y números de placa de los oficiales involucrados.
• En caso de detención o arresto, se tiene derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado. No es obligatorio proporcionar información sobre el lugar de nacimiento, estatus migratorio o tiempo de permanencia en el país.
• Es legal grabar en video las interacciones con la Patrulla Fronteriza en propiedad privada, en paradas de vehículos y en retenes. Sin embargo, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) prohíbe la grabación en propiedades gubernamentales dentro de los Puertos de Entrada.
• Presentar documentos falsos o declarar falsamente ser ciudadano estadounidense es un delito federal.
• Los agentes pueden abordar autobuses y trenes para interrogar a los pasajeros sobre su ciudadanía. Sin embargo, fuera de los Puertos de Entrada, no pueden registrar ni tocar el equipaje sin consentimiento o causa probable.
• Negarse a un registro no constituye una causa probable para que los agentes realicen una inspección forzada.
• Si un agente se acerca en la calle o en un lugar público fuera de la frontera, esta no está obligada a responder preguntas ni a presentar identificación. Se recomienda preguntar si es libre de irse. Si la respuesta es negativa, significa que está bajo arresto y tiene derecho a guardar silencio.