Las reglas son claras: el Congreso puede investigar al ICE para intentar frenar las redadas contra inmigrantes

Los demócratas ganaron la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones del 3 de noviembre y, desde enero, podrán investigar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con poder de citación. Esa facultad permite exigir documentos y testimonios, pero no suspende las redadas por sí sola. La agencia federal tiene fondos aprobados con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2029, y recortarlos exigiría una ley que el presidente podría vetar.

• De acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), ambas cámaras tienen facultades para supervisar al Poder Ejecutivo y delegan atribuciones investigativas en sus comisiones.
• Estas pueden celebrar audiencias, solicitar documentos y emitir citaciones obligatorias, siempre que actúen dentro de su competencia y con una finalidad legislativa válida.

Ese poder permite examinar cómo se ejecutan las leyes migratorias, qué recursos se utilizan y si existen irregularidades. También puede aportar información para modificar normas o condiciones de financiamiento, según explica el CRS sobre los objetivos de la fiscalización parlamentaria.

La composición de las comisiones importa: los legisladores individuales y los miembros de mayor rango de la minoría carecen, por sí solos, de autoridad para iniciar investigaciones oficiales de una comisión o emitir citaciones. Pueden solicitar cooperación voluntaria y desarrollar tareas propias de supervisión, con herramientas más limitadas.

El presupuesto constituye otra vía de intervención. Según el manual de supervisión del CRS, la facultad constitucional de autorizar gastos permite al Congreso revisar el financiamiento de las agencias y vincularlo con sus responsabilidades de control. Analistas identifican esta opción como una herramienta para intentar restringir los operativos migratorios.

Sin embargo, existe un límite: parte del financiamiento ya aprobado tiene alcance plurianual. Un informe del CRS sobre la ley de reconciliación de 2025 señala que la mayor parte de esos recursos para Seguridad Nacional permanece disponible hasta el año fiscal 2029 y que el ICE recibió autorización presupuestaria para comenzar a comprometer casi todos los fondos que le correspondían.

Ese antecedente obliga a distinguir entre condicionar futuras partidas y modificar recursos previamente autorizados. Además, los cambios legislativos deben atravesar ambas cámaras y presentarse al presidente para su firma o veto, conforme explica el CRS.

Una investigación produce documentos, audiencias y testimonios, pero no puede ordenar el fin de un operativo. Cambiar las reglas por ley exige votos: el partido necesitaría 60 en el Senado para controlar por completo el Capitolio, según MS NOW, y el presidente conserva el veto.

• El dinero ya está asignado. La ley fiscal de 2025 (One Big Beautiful Bill Act) otorgó unos 75.000 millones de dólares al ICE, con 45.000 millones para detención, disponibles hasta el 30 de septiembre de 2029, según el National Immigration Forum.
• Una segunda ley, la Ley Pública 119-98 (Secure America Act), firmada el 10 de junio de 2026, asignó otros 31.075 millones de dólares para personal, traslados y deportaciones, y para acuerdos 287(g) de coordinación con autoridades locales, según la Oficina de Publicaciones del Gobierno.
• Esos fondos también rigen hasta 2029 y el texto no exige una nueva aprobación del Congreso. Sumadas, ambas leyes dan al ICE unos 106.000 millones de dólares.

En ese sentido, la Casa Blanca puede demorar investigaciones, desafiar citaciones o invocar privilegio ejecutivo. El Departamento de Seguridad Nacional acusó a los demócratas de privilegiar maniobras políticas, y su asesor jurídico, James Percival, dijo que la agencia está preparada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.