El fin del TPS deja sin personal a los ancianatos de Nueva York: “No es fácil conseguir reemplazos”

La decisión del gobierno del presidente Donald Trump de ponerle fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) tuvo un fuerte impacto en el sector de cuidadores de personas mayores de Nueva York. Ante el despido de un grupo numeroso de trabajadores, quedaron puestos vacantes difíciles de cubrir debido a la alta especialización y la escasez de empleados de salud en EE.UU.

A finales de junio, la Corte Suprema ratificó la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para terminar la designación del TPS. Esto derivó en la finalización del estatus para los migrantes haitianos, con fecha de terminación para el 27 de julio pasado.

Tras la eliminación del beneficio, Nueva York comenzó a sentir el impacto con una crisis en el sector de salud luego de que los permisos de trabajo quedaran sin validez.

Un ejemplo es el del hogar de ancianos Cabrini en Westchester, que tuvo que despedir a siete empleados de tiempo completo (asistentes de enfermería) debido a que perdieron su elegibilidad tras el cambio de política migratoria. Estos cuidadores eran responsables de tareas esenciales como alimentar, bañar y asear a los residentes.

“No es fácil conseguir personal en este sector. Primero, porque normalmente no hay muchos candidatos que se postulen para trabajar en una residencia de ancianos”, declaró a Gothamist Simone Smith, jefa del departamento de recursos humanos de Cabrini.

Por su parte, Stephen Hanse, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Centros de Salud de Nueva York, advirtió que el estado atraviesa una crisis de personal.

“Nos cuesta mucho reclutar y retener a trabajadores de centros de cuidados. Por lo tanto, esta decisión podría reducir aún más el número de empleados que brindan atención directa a los residentes, y en particular a nuestros residentes más vulnerables”, explicó.

Karen Lipson, de LeadingAge NY, un grupo que representa a aproximadamente 400 proveedores de servicios para personas mayores, remarcó la dificultad para encontrar reemplazos para los empleos perdidos. “La mayoría de nuestros miembros tienen puestos vacantes, y esto no hará más que aumentar el número de puestos que tienen que cubrir”, sostuvo.

La fundación KFF, anteriormente conocida como Kaiser Family Foundation, indicó en un estudio publicado en julio que los inmigrantes representan el 30% del personal de atención directa del país. Esto incluye auxiliares de atención domiciliaria, cuidadores personales y asistentes de enfermería que trabajan en residencias de ancianos, centros de atención residencial y servicios de atención domiciliaria.

En Nueva York, el porcentaje es especialmente elevado: el 60% del personal de atención directa es inmigrante. A nivel nacional, el 6% de estos empleados es de origen haitiano.

Asimismo, más del 15% del personal de cuidado sanitario es beneficiario del TPS, según un informe publicado el año pasado en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense.

“Existe una preocupación real por esta decisión judicial y sus implicaciones en la prestación de atención en residencias de ancianos y centros de vida asistida en todo Nueva York”, apuntó Hanse al respecto.

Lipson advirtió que la eliminación del TPS perturbará las relaciones entre los cuidadores y los adultos mayores, quienes tienen necesidades particulares.

“Sobre todo para los adultos mayores que pueden estar sufriendo deterioro cognitivo, la familiaridad y la continuidad son fundamentales. Eso es irremplazable. Es decir, con el tiempo se puede, pero no es algo que se pueda reemplazar de inmediato”, remarcó.

El déficit de personal que enfrenta el sector del ancianato en el Estado Imperial surge de la decisión del Tribunal Supremo que abrió el camino para que el gobierno elimine el TPS para más de 300 mil haitianos en todo el país.

La administración Trump decidió poner fin a este programa para los inmigrantes haitianos bajo el argumento de que el sistema fue abusado y que las protecciones ya no son necesarias.

Simultáneamente, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) mantiene el máximo nivel de alerta para Haití, con la recomendación de evitar viajar al territorio debido a riesgos de delincuencia, secuestro, terrorismo, disturbios y atención médica limitada.

Ante la decisión de la Corte Suprema, el 27 de julio expiraron oficialmente las protecciones de acuerdo con los plazos establecidos, informa el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).