Senadores debaten sobre despliegues de la Guardia Nacional; líderes militares son interrogados
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LA NACION
WASHINGTON (AP) — Miembros del Congreso se enfrentaron el jueves por el uso de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump en ciudades de Estados Unidos. Por un lado, los republicanos afirman que la medida era necesaria para combatir la anarquía, mientras que los demócratas la calificaron como un abuso extraordinario del poder militar en violación a los derechos de cada estado.
Altos oficiales militares fueron cuestionados sobre los despliegues por primera vez durante una audiencia ante la Comisión de Servicios Armados del Senado. Fueron presionados por los demócratas sobre la legalidad del despliegue, el cual se realizó en algunos lugares pese a las objeciones de alcaldes y gobernadores, mientras que los aliados republicanos de Trump defendieron firmemente la medida.
Fue el nivel más alto de escrutinio fuera de un tribunal sobre el uso de la Guardia Nacional por parte de Trump en ciudades del país desde que se inició con los despliegues. El día anterior, el mandatario sufrió un nuevo revés legal en sus esfuerzos por enviar tropas para brindar apoyo a las fuerzas del orden federales, proteger instalaciones federales y combatir el crimen.
“En los últimos años, el crimen violento, los disturbios, el tráfico de drogas y la actividad de pandillas atroces ha ido en aumento constante”, señaló el senador Roger Wicker, presidente de la comisión. Los despliegues, dijo, “no sólo son apropiados, sino esenciales”.
Los demócratas argumentaron que son ilegales y van en contra de las prohibiciones históricas sobre el uso de fuerza militar en territorio estadounidense.
La senadora demócrata Tammy Duckworth había presionado para que se llevara a cabo la audiencia, diciendo que los despliegues en territorio nacional por lo general se llevan a cabo en respuesta a grandes inundaciones y tornados, no para asistir a agentes de inmigración que detienen a personas en agresivas redadas.
“Trump está obligando a nuestros hombres y mujeres de las fuerzas armadas a tomar una decisión horrible: mantener su lealtad a la Constitución y proteger a los manifestantes pacíficos, o ejecutar las cuestionables órdenes del presidente”, declaró Duckworth, veterana de combate que sirvió en la Guardia Nacional de Illinois.
Durante el interrogatorio, los mandos militares destacaron las funciones que han llevado a cabo las unidades de la Guardia Nacional. Dijeron que las tropas están entrenadas en vigilancia comunitaria y tienen prohibido el uso de la fuerza a menos que sea en defensa propia.
Desde el inicio de los despliegues, sólo un civil —en California— ha sido detenido por personal de la Guardia Nacional, según el general de la Fuerza Aérea Gregory M. Guillot, comandante de las tropas estadounidenses en América del Norte. Añadió que las tropas están entrenadas para desescalar interacciones tensas con la población, pero no reciben ningún entrenamiento específico sobre episodios de salud mental.
“Pueden ser entrenados muy rápidamente para llevar a cabo cualquier misión que les asignemos”, destacó Guillot.
En uno de los intercambios, la senadora demócrata Mazie Hirono señaló cómo el exsecretario de Defensa Mark Esper alegó que Trump consultó sobre la posibilidad de abrir fuego contra los manifestantes durante las protestas relacionadas con la muerte de George Floyd. Preguntó si una orden presidencial para abrir fuego contra los manifestantes sería legal.
Charles L. Young III, abogado general adjunto del Departamento de Defensa, dijo que no estaba al tanto de los comentarios previos de Trump y que “en ese sentido, las órdenes dependerían de las circunstancias”.
“Tenemos un presidente que no cree que el estado de derecho se aplique a él”, respondió Hirono.
Los republicanos subrayaron que Trump estaba en su derecho —y deber— de desplegar tropas.
El senador republicano Tim Sheehy, exoficial de la fuerza especial SEAL de la Marina, argumentó durante la audiencia que los crímenes transnacionales representan riesgo suficiente para la seguridad nacional como para justificar una acción militar, incluso en territorio estadounidense.
Sheehy afirmó que hay potencias extranjeras que están “atacando activamente a este país, utilizando la inmigración ilegal, utilizando el crimen transnacional, utilizando las drogas para hacerlo”.
Los senadores también ofrecieron sus condolencias después de que dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desplegados en Washington fueron baleados a sólo unas cuadras de la Casa Blanca en lo que la alcaldesa de la ciudad describió como un ataque dirigido. La especialista Sarah Beckstrom murió un día después del tiroteo del 26 de noviembre, y su funeral tuvo lugar el martes. El sargento Andrew Wolfe se encuentra hospitalizado en Washington.
Un juez federal en California dictaminó el miércoles que el gobierno federal debe frenar el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de las tropas al estado.
El juez Charles Breyer concedió la orden judicial preliminar que solicitaron las autoridades de California, pero también suspendió la decisión hasta el lunes. La Casa Blanca anunció que planea apelar.
Trump convocó en junio a más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California sin la aprobación del gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom, para avanzar con su agenda de combate a la inmigración.
La medida representó la primera vez en varias décadas que se activó a la Guardia Nacional de un estado sin la solicitud de su gobernador y marcó una escalada significativa en los esfuerzos del gobierno para implementar su política de deportaciones a gran escala. Las tropas fueron estacionadas fuera de un centro de detención federal en el centro de Los Ángeles que fue epicentro de protestas, y posteriormente fueron enviadas a las calles para proteger a los agentes de inmigración mientras realizaban arrestos.
Trump también había anunciado despliegues de miembros de la Guardia Nacional a Illinois, Oregon, Luisiana y Tennessee. Otros jueces han bloqueado o limitado el despliegue de tropas en Portland, Oregon, y Chicago, mientras que los miembros de la Guardia aún no han sido enviados a Nueva Orleans.
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El periodista de Associated Press Konstantin Toropin contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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