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Así afecta a Texas la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía de votantes
El anuncio presidencial reabrió viejas disputas institucionales y dejó a varios estados en guardia; mientras algunos pelean en tribunales, otros ya mueven fichas para redefinir las reglas del juego
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LA NACION
Una nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump reactivó el debate sobre el derecho al voto en Estados Unidos. Esta normativa establece la exigencia de pruebas de ciudadanía para registrarse como votante y restricciones al conteo de boletas enviadas por correo. Aunque Texas no se sumó a los estados que demandaron la medida, el impacto en esa jurisdicción podría ser considerable, dado el tamaño de su población inmigrante y su historial en materia electoral.
La orden ejecutiva que firmó Trump y que impactará en Texas: prueba de ciudadanía para votar
El 25 de marzo pasado, Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Preservar y Proteger la Integridad de las Elecciones Estadounidenses”, que introduce cambios relevantes en los procedimientos electorales. Uno de los puntos centrales es que los ciudadanos deben presentar prueba documental de su ciudadanía al registrarse para votar en elecciones federales.
La orden también instruye a la Comisión de Asistencia Electoral a modificar el formulario federal de registro para incorporar este nuevo requisito. Texas, que cuenta con casi 18 millones de votantes registrados, podría enfrentar barreras logísticas y legales si decide implementar estas modificaciones de inmediato.
Exigencia de prueba de ciudadanía en el registro electoral: cómo afecta a los inmigrantes de Texas
La medida obliga a quienes quieran registrarse como votantes a presentar documentos como pasaportes estadounidenses, identificaciones oficiales o tarjetas militares. Sin embargo, según un análisis del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, por sus siglas en inglés) 146 millones de ciudadanos de EE.UU. no tienen pasaporte.
En estados como Texas, la proporción es aún mayor. Sin ir más lejos, en la jurisdicción de Greg Abbot hay aproximadamente 12,4 millones de ciudadanos que carecen de este documento.
Más allá de su estatus migratorio, esto representa una porción significativa de personas que podría ver obstaculizado su derecho al voto, especialmente en zonas rurales y de bajos recursos, donde el acceso a documentación oficial es más limitado.
Restricciones al voto por correo en Texas
La orden también busca impedir que se cuenten las boletas por correo que, aunque tengan sello del día de la elección, lleguen posteriormente. De acuerdo a la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), Texas es uno de los 18 estados que actualmente permite esta práctica, pero solo si la boleta se recibe antes de las 17 horas del día siguiente.
Esta modificación podría excluir boletas emitidas válidamente por ciudadanos que enfrentan demoras postales. La medida afectaría principalmente a adultos mayores, personas con discapacidades o ciudadanos que viven lejos de los centros de votación.
Por otro lado, según USA Facts, Texas alberga alrededor de 5,46 millones de inmigrantes, lo que representa el 17,9% de su población. La exigencia de pruebas de identidad podría afectar de manera directa a comunidades que tienen mayores barreras de acceso a documentos oficiales.
La postura del gobierno y legisladores de Texas ante las pruebas de ciudadanía para votar
A diferencia de 19 estados que demandaron la orden por considerarla inconstitucional, Texas no participó en la acción judicial. De acuerdo a Fox 4, el gobernador Greg Abbott aseguró que desde 2021 eliminaron a más de 6500 posibles no ciudadanos de los padrones, incluidas 1930 personas con historial de voto.
Al mismo tiempo, el Senado de Texas impulsa un proyecto de ley con apoyo unánime del Partido Republicano que coincide con los lineamientos de la orden firmada por Trump. La propuesta exige prueba de ciudadanía tanto para nuevos votantes como para quienes ya estén registrados, pero que no hayan presentado documentos al momento de inscribirse.
Advertencias sobre las consecuencias nacionales de la orden ejecutiva de Trump
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, consideró que la orden ejecutiva de Trump representa “una apropiación autoritaria del poder”. “Somos una democracia, no una monarquía”, declaró según NPR. También afirmó que el presidente “prioriza su ambición de poder por sobre la voluntad del pueblo”.
Aunque Texas no se sumó a las demandas, la aplicación de la orden podría intensificar tensiones federales. Los resultados judiciales de estos conflictos definirán el futuro inmediato del sistema electoral estadounidense, especialmente en estados con alto número de votantes potencialmente afectados.
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