¿Qué tan costoso podría ser demostrar la ciudadanía estadounidense como requisito para votar?

Donald Trump firmó el 25 de marzo una orden ejecutiva que modifica el sistema electoral de Estados Unidos. Entre los cambios establecidos se encuentra la obligatoriedad de presentar documentación oficial que acredite la ciudadanía estadounidense para registrarse y participar en elecciones federales, algo que podría representar un costo elevado para los futuros votantes.

De acuerdo con el documento emitido por la Casa Blanca, la Comisión de Asistencia Electoral deberá exigir comprobantes de ciudadanía en sus formularios de inscripción. La medida busca reforzar la seguridad electoral y prevenir la participación de personas no autorizadas en los procesos democráticos.

Para verificar la elegibilidad de los votantes, las agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la Administración del Seguro Social y el Departamento de Estado, compartirán información con los estados. Además, el Fiscal General coordinará con los fiscales estatales para procesar delitos relacionados con el voto de personas no ciudadanas.

El requisito de prueba documental incluye pasaportes, identificaciones militares, Real ID u otros documentos emitidos por el gobierno que confirmen la ciudadanía. No obstante, expertos en derechos electorales advierten que muchas personas no cuentan con este tipo de identificación, lo que podría limitar su capacidad para ejercer el derecho al voto.

Ron Hayduk, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de San Francisco, señaló que los costos elevados, los tiempos de espera y la logística de trámites pueden representar barreras significativas para los ciudadanos. "Impactaría a millones de personas y alteraría radicalmente el registro de votantes”, dijo en una entrevista con The Washington Post.

Según datos del Departamento de Estado, aproximadamente la mitad de la población estadounidense posee un pasaporte vigente. Obtener este documento implica una tarifa de US$160 por solicitud, con un costo adicional de US$60 si se requiere un servicio acelerado.

Para quienes no viajan al extranjero con frecuencia, la adquisición de un pasaporte no suele ser una prioridad. Greta Bedekovics, directora asociada de política democrática en el Centro para el Progreso Americano, afirmó en una entrevista con The Washington Post que el nuevo requisito podría afectar a quienes no pueden costear este documento o no tienen interés en tramitarlo.

La profesional advirtió que la medida podría interpretarse como una barrera económica similar a un “impuesto electoral”, lo que podría generar impugnaciones legales bajo la Ley de Derechos Electorales de 1965. "La orden ejecutiva básicamente dice que si no eres una persona que viaja internacionalmente o puede permitirse viajar internacionalmente, podrías estar bloqueado en las urnas”, agregó.

Además del costo financiero, la obtención de documentos de identidad puede implicar dificultades logísticas. Ceridwen Cherry, directora legal del grupo de defensa VoteRiders, le explicó al medio estadounidense que los centros de trámites para la emisión de pasaportes y otras identificaciones operan dentro de horarios laborales convencionales, lo que dificulta el acceso para muchas personas. Además, estos pueden estar ubicados a largas distancias de las residencias de los solicitantes, lo que supone un obstáculo adicional para quienes dependen del transporte público o tienen horarios laborales inflexibles.

Según Cherry, los tiempos de espera para la emisión de un pasaporte pueden extenderse por semanas o incluso meses, lo que podría generar problemas con los plazos de inscripción electoral. La posibilidad de que los ciudadanos enfrenten retrasos burocráticos impactaría en su participación en las elecciones.

Aunque el voto de personas no ciudadanas está prohibido por la legislación actual, la nueva orden refuerza el control sobre el proceso electoral. El mandatario justificó la medida al afirmar que garantizará elecciones “libres y justas” y proporcionará confianza a los votantes sobre la legitimidad de los comicios.

El análisis de los especialistas indicó que el acceso a documentación oficial varía según la situación económica, la edad y la región geográfica de los ciudadanos. Las comunidades de bajos ingresos, los adultos mayores y quienes viven en zonas rurales podrían ser los más afectados por la nueva regulación.