Trump intenta desmantelar Departamento de Educación; esto es lo que hace
LA NACION
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha manifestado que quiere que su nueva jefa de educación, Linda McMahon, “se ponga en una situación de desempleo”.
Desde que Trump asumió el cargo, el personal del Departamento de Educación se ha reducido a la mitad, y el mandatario ha estado considerando una orden ejecutiva para cerrar la agencia.
Eliminar el Departamento por completo será una tarea complicada, que probablemente requerirá medidas del Congreso.
De antemano, el gobierno de Trump ha comenzado a reformar gran parte del trabajo del departamento. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por el asesor de Trump, Elon Musk, ha recortado docenas de contratos que desestimó como “woke” y derrochadores. Ha desmantelado el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el progreso académico de la nación.
El papel principal de la agencia es financiero. Anualmente, distribuye miles de millones en dinero federal a universidades y escuelas y gestiona la cartera de préstamos estudiantiles federales. Cerrar el departamento significará redistribuir cada una de esas funciones a otra agencia. El Departamento de Educación también desempeña un papel regulador importante en los servicios para estudiantes, que van desde aquellos con discapacidades hasta niños de bajos ingresos y sin hogar.
De hecho, el dinero federal para educación es central en los planes de Trump para universidades y escuelas. Trump ha prometido frenar el dinero federal para escuelas y universidades que promuevan “teoría crítica de la raza, locura transgénero y otro contenido racial, sexual o político inapropiado” y recompensar a los estados y escuelas que terminen con la permanencia de los docentes y apoyen programas de elección escolar universal.
La financiación federal representa una porción relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas — aproximadamente el 14%. Las universidades son más dependientes de ella, a través de subvenciones de investigación junto con ayuda financiera federal que ayuda a los estudiantes a pagar su matrícula.
A continuación, se presenta un vistazo a algunas de las funciones clave del departamento y cómo Trump ha dicho que podría abordarlas.
El Departamento de Educación gestiona aproximadamente 1,5 billones de dólares en deuda de préstamos estudiantiles para más de 40 millones de prestatarios. También supervisa la Beca Pell, que proporciona ayuda a estudiantes por debajo de un cierto umbral de ingresos, y administra la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), que las universidades utilizan para asignar ayuda financiera.
El gobierno del presidente Joe Biden hizo de la cancelación de préstamos estudiantiles un esfuerzo emblemático del trabajo del departamento. A pesar de que el intento inicial de Biden de cancelar préstamos estudiantiles fue anulado por la Corte Suprema, el gobierno perdonó más de 175.000 millones de dólares para más de 4,8 millones de prestatarios a través de una serie de cambios en los programas que administra, como la Condona de Préstamos por Servicio Público.
Los esfuerzos de condonación de préstamos han enfrentado resistencia por parte de los republicanos, incluyendo litigios de varios estados liderados por el Partido Republicano.
Trump ha criticado las medidas de Biden para cancelar deudas como ilegales e injustas, calificándolas de “catástrofe total” que “engañaron a los jóvenes”. El plan de Trump para la deuda estudiantil es incierto: no ha presentado planes detallados.
A través de su Oficina de Derechos Civiles, el Departamento de Educación lleva a cabo investigaciones y emite orientaciones sobre cómo deben aplicarse las leyes de derechos civiles, como para estudiantes LGBTQ+ y estudiantes de color. La oficina también supervisa un gran proyecto de recopilación de datos que rastrea las disparidades en recursos, acceso a cursos y disciplina para estudiantes de diferentes grupos raciales y socioeconómicos.
Trump ha sugerido una interpretación diferente del papel de derechos civiles de la oficina. Bajo su gobierno, el departamento ha instruido a la oficina para que priorice las quejas de antisemitismo por encima de todo lo demás y ha abierto investigaciones en universidades y ligas deportivas escolares por permitir que atletas transgénero compitan en equipos femeninos.
En su plataforma de campaña, Trump dijo que perseguirá casos de derechos civiles para “detener la discriminación en las escuelas por motivos de raza”. Ha descrito las políticas de diversidad y equidad en la educación como “discriminación ilegal explícita” y ha afirmado que las universidades que las utilicen pagarán multas y tendrán sus dotaciones gravadas.
Trump también se ha comprometido a excluir a los estudiantes transgénero de las protecciones del Título IX, que afectan las políticas escolares sobre el uso de pronombres, baños y vestuarios por parte de los estudiantes. Aprobado originalmente en 1972, el Título IX se utilizó por primera vez como una ley de derechos de las mujeres. El año pasado, el gobierno de Biden indicó que la ley prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual, pero un juez federal anuló esas protecciones.
Aunque el Departamento de Educación no acredita directamente a universidades y colegios, supervisa el sistema revisando todas las agencias de acreditación reconocidas federalmente. Las instituciones de educación superior deben estar acreditadas para acceder al dinero federal para ayuda financiera estudiantil.
La acreditación fue objeto de escrutinio por parte de los conservadores en 2022, cuando la Asociación del Sur de Colegios y Escuelas cuestionó la interferencia política en las universidades y colegios públicos de Florida. Trump ha dicho que despedirá a “acreditadores radicales de izquierda” y aceptará solicitudes para nuevos acreditadores que mantendrán estándares que incluyan “defender la tradición americana” y eliminar a los administradores de diversidad “marxistas”.
Aunque el secretario de educación tiene la autoridad para terminar su relación con agencias de acreditación individuales, es un proceso arduo que rara vez se ha llevado a cabo. Durante el gobierno del presidente Barack Obama, el departamento tomó medidas para cancelar acreditadores de una cadena de colegios con fines de lucro que ahora está en quiebra, pero el primer gobierno de Trump bloqueó la medida. El grupo, el Consejo de Acreditación de Colegios y Escuelas Independientes, fue eliminado por el gobierno de de Biden en 2022.
Gran parte del dinero del Departamento de Educación para escuelas K-12 pasa a través de grandes programas federales, como el Título I para escuelas de bajos ingresos y la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. Esos programas apoyan servicios para estudiantes con discapacidades, reducen el tamaño de las clases con posiciones adicionales de enseñanza y financian trabajadores sociales y otros roles no docentes en las escuelas.
Durante su campaña, Trump pidió trasladar esas funciones a los estados. No ha ofrecido detalles sobre cómo se manejarán las funciones centrales de la agencia de enviar dinero federal a distritos y escuelas locales.
El Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, una propuesta amplia que esboza una visión de ultraderecha para el país, ofreció un plan. Sugería enviar la supervisión de programas para niños con discapacidades y niños de bajos ingresos primero al Departamento de Salud y Servicios Humanos, antes de eventualmente eliminar la financiación y convertirla en subvenciones sin condiciones para los estados.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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