Un tribunal de apelaciones federal de EE.UU. vuelve a autorizar expulsiones de migrantes a terceros países
Un tribunal de apelaciones federal volvió a autorizar el lunes, hasta nueva orden, la política del gobierno de Donald Trump de expulsar a inmigrantes en...
Un tribunal de apelaciones federal volvió a autorizar el lunes, hasta nueva orden, la política del gobierno de Donald Trump de expulsar a inmigrantes en situación irregular a terceros países.
En una breve resolución, el tribunal de apelaciones suspende la decisión emitida el 25 de febrero por un juez federal de Boston, Brian Murphy.
El tribunal de apelaciones se pronuncia con carácter provisional y precisa que dictaminará sobre el fondo una vez que haya examinado los argumentos escritos de ambas partes y fijado una fecha de audiencia en las próximas semanas.
Lo que está en juego es determinar si "El gobierno puede, sin previo aviso, expulsar a una persona al país equivocado, o a un país donde probablemente será perseguida o torturada", había explicado el juez Murphy en su decisión inicial.
Este magistrado ya había bloqueado provisionalmente en marzo de 2025 la expulsión de extranjeros de origen asiático a Libia.
También había suspendido en abril la expulsión de otros extranjeros a Sudán del Sur, ya que a su juicio las personas objeto de una expulsión a un país distinto del suyo debían ser informadas de ello y disponer posteriormente de un plazo significativo para presentar un recurso sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
El juez Murphy concluyó luego que las nuevas directrices dictadas en marzo de 2025 por el Departamento de Seguridad Interior en materia de expulsiones a terceros países eran "ilegales".
El presidente Donald Trump ha situado la lucha contra la inmigración clandestina como una prioridad absoluta, evocando una "invasión" de Estados Unidos por "criminales provenientes del extranjero".
Pero su programa de expulsiones masivas ha sido frenado o contrarrestado por múltiples decisiones judiciales, incluso de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, bajo la premisa de que las personas afectadas deben poder hacer valer sus derechos.
