El gobierno de Trump anuncia recompensas de hasta US$30.000 para personas que denuncien fraudes en EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) y la División Nacional de Ejecución contra el Fraude lanzaron el Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude con recompensas económicas. La iniciativa otorga sumas de entre 10.000 y 30.000 dólares por vía rápida a las personas que aporten datos sobre delitos en programas públicos.

• El nuevo plan del DOJ otorga pagos por vía rápida a los ciudadanos que brinden información fidedigna sobre esquemas ilícitos.
• Las recompensas oscilan entre US$10.000 y US$30.000 y benefician a quienes faciliten la presentación de cargos penales formales.

De acuerdo con el comunicado, a diferencia de los programas tradicionales de denunciantes que pagan tras la resolución final de un juicio o el decomiso de bienes, esta medida desembolsa los fondos en una etapa inicial del proceso judicial. Esta estructura busca otorgar certeza sobre el monto y el tiempo del cobro para incentivar los reportes inmediatos de la población.

El dinero por este concepto no impide a los participantes recibir recompensas mayores en fases posteriores del procedimiento legal. Si las alertas derivan en multas elevadas o en la confiscación de activos, los informantes conservan el derecho a solicitar pagos adicionales mediante el Programa Piloto de Recompensas para Denunciantes Corporativos.

El programa cubre infracciones a la sanidad pública federal y delitos relacionados en el sector de la atención médica. La iniciativa otorga prioridad a las alertas sobre fraudes en servicios de hospicio, atención médica domiciliaria, centros de cuidado diurno y servicios especiales.

Asimismo, el plan abarca engaños en beneficios y programas estatales que administran el Departamento de Agricultura, el Departamento del Trabajo y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El esquema incluye también dependencias oficiales como Vivienda y Desarrollo Urbano, Educación, Asuntos de Veteranos, el Departamento de Guerra y la Administración de Pequeñas Empresas.

Los ciudadanos pueden enviar sus alertas sobre irregularidades a través del sitio web oficialo. El DOJ resolverá la entrega de las sumas a su propia discreción tras la radicación formal de las acusaciones penales. Por su parte, el Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés) aportará US$25 millones para garantizar la ejecución efectiva del sistema.

El secretario de Justicia, Todd Blanche, destacó que la protección de la población ante los delitos económicos es una prioridad de la administración. El funcionario instó a los habitantes a sumarse a la iniciativa para llevar a los responsables ante los tribunales.

Por su parte, el fiscal general adjunto de la División Nacional de Ejecución contra el Fraude, Colin M. McDonald, definió la medida como una herramienta “innovadora”. El directivo firmó el 1° de octubre la Directiva 26-12 sobre aplicación corporativa en la lucha contra el fraude para diseñar políticas que incentiven a los informantes.

El proyecto apoya las tareas del Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude que la administración del presidente Donald Trump puso en marcha. La comisión funciona bajo la presidencia del vicepresidente J.D. Vance para erradicar el uso indebido de recursos públicos en todo el gobierno federal.

Esta división especializada del DOJ surgió el 7 de abril con un enfoque exclusivo en la investigación de delitos financieros. La repartición colabora con el Departamento de Agricultura y la Oficina del Inspector General en operativos nacionales de fiscalización.