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Lijo, nominado. Sin credibilidad en la Justicia, se pierde el respeto a la ley
De prosperar la candidatura del cuestionado juez de Comodoro Py a la Corte Suprema, la imagen de la institución judicial podría sufrir un grave deterioro
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LA NACIONDiego Cabot
Hay un tema inevitable a la hora de abordar el camino que se ha iniciado para completar la vacante en la Corte Suprema y preparar la sucesión de Juan Carlos Maqueda, el juez que se jubilará el 29 de diciembre próximo. Ese asunto, que contamina toda conversación política, lleva a empantanarse en la sinuosa discusión del nombre propio. Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos del Gobierno, despertaron discusiones sobre las calidades y cualidades que reúnen para ser jueces del máximo tribunal.
Este debate es imprescindible, pero aún más necesario es entender qué impacto tendrá en la institución judicial, en la vida pública y en la administración de Justicia la entronización de un magistrado, Ariel Lijo, que aparece como el ícono máximo de la casta judicial. Las consecuencias de la desatinada nominación del Poder Ejecutivo podrían ser devastadoras para una Justicia que se retuerce en medio de un deterioro que lleva décadas.
La legitimidad de las autoridades es un factor clave en el cumplimiento de la ley”
Mucho se ha escrito sobre lo que genera la figura de Lijo. El hombre que representa lo más desprestigiado de la iconografía judicial va camino a convertirse en uno de los magistrados más importantes de la Argentina hasta 2044, al menos si el juez quiere aspirar a la jugosa jubilación con la que se termina la vida pública en la Corte Suprema.
Conviene mirar otros espacios del mundo del derecho para entender la gravedad de esta decisión del Gobierno. En el territorio de las ideas entre la psicología social y la Justicia ha desarrollado su trabajo Tom Tyler, profesor de Psicología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. El destacado académico norteamericano es un faro al que todos atienden cuando se trata de comprender algunos procesos de enunciados simples y profunda complejidad. En La obediencia del derecho, su obra más importante, responde ciertas preguntas esenciales como por qué las sociedades se someten o no a la ley y qué sucede con la legitimidad de los funcionarios que la deben hacer cumplir.
Antes de ingresar a su doctrina vale la pena una mirada a la sociedad argentina. Solo basta leer las crónicas diarias que se publican desde hace décadas para entender que el debate público se basa en la construcción, la discusión, el debate y la aprobación de nuevas normas. Una suerte de sedimentación de leyes y regulaciones de segundo grado componen un sistema jurídico que, bien podría decirse, establece una norma para cada conducta. A veces, incluso, más de una y hasta contradictorias entre sí.
La discusión de estos días pasa por nuevas leyes, salpimentadas con derogaciones por obsolescencia y reemplazos por flamantes iniciativas. Ahora bien, desde hace tiempo la Argentina se alejó del imprescindible debate sobre el cumplimiento de las leyes. Nadie se pregunta si después de las acaloradas discusiones en el Congreso, o si tras las cotidianas publicaciones en el Boletín Oficial, esas normas se cumplen. Se podría decir que existe un rechazo a discutir la eficacia de las leyes, y por extensión la aceptación que tienen en la sociedad.
Ejemplaridad se necesita
Tyler, que antes de enseñar en Yale fue profesor de la Universidad de Nueva York y de la de Berkeley, desarrolló su trabajo en un par de pilares, uno de los cuales es la llamada Teoría de la legitimidad. Según ella, el ciudadano tiende a obedecer a las autoridades y a seguir las reglas no solo por temor a las consecuencias, sino también porque percibe que las autoridades son legítimas y actúan de manera justa y adecuada.
¿Qué es lo que se premia con la nominación de Lijo a un sillón de la Corte?”
Cuando las personas creen que las autoridades son justas y legítimas, señala Tyler, están más dispuestas a cooperar y a observar las normas. En resumen, la legitimidad de las autoridades y del sistema legal es un factor crucial en la obediencia al derecho. Podrá preguntarse el lector, entonces, qué significa la postulación de Ariel Lijo a la luz de esta teoría.
“La nominación de Lijo derrumba uno de los pilares más importantes de la institucionalidad. En materia económica, el Gobierno parece estar dispuesto a desarmar muchos nichos de privilegios de lo que llama la casta; pero, en materia institucional, dar esta señal en la Justicia desnaturaliza la palabra y el rumbo. Mientras estamos tratando de mostrar una Argentina dispuesta a cambiar, consagramos como juez de la Corte al exponente más importante de la casta judicial”, dice María Eugenia Talerico, abogada especializada en temas de corrupción y lavado de dinero que fue número dos de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Guillermo Lipera, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, dice que son muy fuertes los cuestionamientos a la persona del juez. “No genera la confianza necesaria para juzgar –sostiene–. Cuando se juega un partido importante, en cualquier deporte, los equipos se ocupan de buscar y estudiar los antecedentes del árbitro que va impartir justicia. Es de vital importancia porque, si el juez no es creíble o tiene malos antecedentes, el partido está viciado. Esto sucede con Lijo en la Corte. No genera confianza”.
Por ese mismo camino se expresó la poderosa Cámara de Comercio de Argentina y Estados Unidos (AmCham). “La confianza en el sistema judicial es fundamental para construir una Argentina viable. Desde AmCham expresamos nuestra preocupación respecto al nombramiento de los nuevos integrantes de la Corte Suprema. Para avanzar en el desarrollo de nuestro país necesitamos un sistema judicial justo y equitativo; funcionarios íntegros y honestos y un compromiso con el cumplimiento imparcial de la ley y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos”. La organización empresarial IDEA apeló a palabras similares. También puso énfasis en la cuestión de género, ya que si finalmente se integra con los dos candidatos propuestos, la Corte no tendrá una mujer entre sus integrantes, al menos, hasta 2034.
La “teoría de la legitimidad” de Tyler se vio avalada por muchas de las reacciones que la candidatura del juez Lijo despertó en distintos ámbitos de la vida pública. No hay duda de que las personas están más inclinadas a cumplir con las reglas y aceptar la autoridad cuando perciben que quien manda o juzga tiene una alta moral como para ejercer el cargo y hacer cumplir la ley.
El axioma es fácil de entender: “El Estado de Derecho solo será posible si los ciudadanos se sienten obligados, no solo jurídicamente, a cumplir con las normas. Esta es y será la condición más importante para hablar de Estado de Derecho”, se lee en uno de los libros de Tyler.
García-Mansilla tiene otros antecedentes. Pero su candidatura aún es una abstracción”
Pero el académico agrega algo más, que resulta fundamental: “El cumplimiento por parte de los ciudadanos no es un acto de fe; si los ciudadanos respetan las normas es porque además de conocerlas y tener noción de la importancia de su cumplimiento, saben que tienen un origen democrático, que están orientadas a salvaguardar sus derechos y que no están diseñadas para el beneficio de las autoridades o los poderosos. El cumplimiento se basa en que los ciudadanos sepan que los funcionarios son los primeros en cumplirlas”.
Red de contactos
La pregunta que sigue es simple: ¿resulta Ariel Lijo un juez cuyo desempeño proyecta esa característica de que fue o será el primero en cumplir la ley y, de esa manera, tener fuerte autoridad para imponerla desde el vértice mismo de la pirámide judicial? Cada lector sacará sus conclusiones.
Por ahora, su camino a uno de los más importantes despachos del cuarto piso del Palacio de Justicia parece despejado. “Con Lijo siempre se pudo hablar”, resumió un encumbrado penalista acostumbrado a hacer valer más su firma al pie de un escrito que sus conocimientos de derecho. Esa es la característica con la que tejió sus extendidas y fuertes alianzas con la clase política.
Su hermano, Freddy Lijo, un operador judicial al que le encanta que lo llamen de esa forma para conseguir lucrativos trabajos de, precisamente, operador judicial, es conocido por la red de contactos que tiene en el fuero penal federal, donde tiene una enorme ascendencia Ariel. Esa manera de concebir el derecho, pero sobre todo la administración de Justicia, es la que ahora se consagra y se premia con la candidatura a un sillón en la Corte.
Pronto empezará el poroteo de votos y la negociación política que tanto aborrece el presidente Javier Milei. Tendrá que negociar con el kirchnerismo –si no lo hizo ya–, dueño de 33 votos en el Senado. Como dijo Joaquín Morales Solá, esas manos alzadas son necesarias, pero no suficientes. La necesidad de esa negociación para encontrar aliados no fue imposición de nadie. Fue el propio Milei, probablemente bajo el influjo del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, quien decidió el polémico nombre y con él, la necesidad de acordar con el kirchnerismo.
Esta vez, no habrá oposición a la doctrina o a al pensamiento de Lijo, como alguna vez sucedió con Eugenio Zaffaroni, un juez cuya nominación despertó críticas por su pensamiento garantista o abolicionista. Nada se conoce respecto de los postulados jurídicos, doctrinarios o académicos del candidato. Su trabajo en un juzgado criminal y correccional federal está más ligado a los hechos que al derecho. La pirámide judicial reserva la mirada de la norma, su aplicación y su encuadre a tribunales de alzada como las Cámaras de Apelaciones o el Tribunal de Casación. Claro que para ser juez de la Corte no es requisito haber hecho la carrera judicial.
No son pocos los que comentan por lo bajo que el conocimiento del derecho no es uno de los puntos fuertes de Lijo. Cintura política, resumen en Comodoro Py. La política procesada hace de la dilación al infinito de los juicios su mejor estrategia de defensa. “¡Bingo!”, grita la casta, cuando un artesano de los silencios y los tiempos procesales se aproxima a ser el referente del derecho penal en el máximo tribunal. Esas parecen ser las condiciones fundamentales que lo catapultaron a la magistratura mayor.
Si finalmente logra el acuerdo del Senado, el Presidente vivirá como un triunfo contra la casta política la consagración de la figura más iconográfica de la casta judicial. Toda una contradicción de parte del mandatario que repite estar dispuesto a los cambios y a la ruptura del orden establecido.
García-Mansilla, el segundo en cuestión, tiene otros antecedentes. Opuestos, casi. Pero el análisis de su postulación aún es una abstracción. La vacante hoy no existe y recién se producirá a fin de año. Claro que el Gobierno podría modificar el decreto y transcurrir el proceso de reemplazo antes de que suceda la jubilación y no después. Pero las voces que se levantaron respecto del cupo femenino dan argumentos a quienes creen que podría reemplazar ese candidato por una abogada. Bien podría darse que una eventual salida de García-Mansilla sea moneda de cambio con senadoras que ya hicieron saber su crítica por la falta de representación femenina, a las que a su vez se les pida acompañar la candidatura de Lijo.
Como se dijo, los nombres propios serán el eje del debate. Más allá de esto, las consecuencias de una mala decisión para el sistema judicial son mucho más profundas. Si no hay confianza en el juzgador, la obediencia a la ley se resiente. Exactamente lo contrario de lo que necesita la Argentina.
